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Política 📢

Massa también denunciará a los que amenazaron de muerte a Cristina

El violento grupo fue señalado por El Argentino Diario en las inmediaciones del Instituto Patria. Envalentonados por la inacción, agredieron al superministro y a periodistas.

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El-Argentino-Detuvieron al imputado por amenazar de muerte a Cristina frente al Instituto Patria

El superministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Sergio Massa, demandará a los violentos que lo agredieron el miércoles cuando ingresaba a Casa Rosada para jurar en su nuevo cargo. El Argentino Diario detectó que e trataba el mismo grupo que amenazó de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Gregorio Dalbon lo confirmó a través de su cuenta de Twitter: «Seremos abogados del ministro de Economía Sergio Massa en causa penal por las agresiones que recibió cuando ingresaba a la Casa Rosada«.

«Sergio me instruyó a denunciar el hecho con el fin de cesar la violencia política. Podemos pensar distinto pero no permitir la violencia«, añadió.

El miércoles por la tarde dos personas, fueron demoradas por la Policía de la Ciudad. Agredieron e impidieron realizar su trabajo a los cronistas que se encontraban en la explanada de la Casa Rosada. Uno de los agredidos fue el cronista de C5N, Lautaro Maislin.

Las amenazas a Cristina Kirchner fueron denunciadas el 21 de julio por El Argentino Diario. Uno de los que con un megáfono pedía ejecutar a la Vicepresidenta lo hizo ante la mirada y los óidos de un agente de la Policía de la Ciudad que hasta lo saludó.

La Fiscalía Nacional 32 ya inició las actuaciones, pero la instancia federal, para la que fue designado el cuestionado fiscal Carlos Stornelli, todavía no comenzó a hacer su tarea.

«El ministro tomó la decisión de terminar con la violencia política«, explicó hoy Dalbón en declaraciones a Télam Radio, donde confió que el titular de la cartera se comunicó con su estudio jurídico: «Habló personalmente conmigo y tomamos la decisión de tratar de evitar que esto siga sucediendo«.

«Podemos pensar distinto, podemos tener visiones distintas del país políticamente, podemos discutir, pero de ninguna manera la agresión«, afirmó el letrado tras considerar que la judicialización del tema es la «única manera» de frenar estas acciones.

Judiciales ⚖️

Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.

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Fachada del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro

Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.

La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.

Quiénes recurrieron

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

Los pedidos de reparación integral

En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El voto de Petrone

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
  • La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
  • El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
  • Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
  • Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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