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Desregulación

El Gobierno amenaza con sanciones a los prácticos por paralizar el 80% del comercio exterior

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes que el Gobierno aplicará sanciones a los trabajadores que sostienen el paro en el servicio de practicaje, en vigor desde el sábado 1° de agosto. La medida de fuerza, en rechazo al Decreto 690/2026 que desreguló la actividad, mantiene paralizadas las terminales fluviales de todo el país y afecta cerca del 80% del comercio exterior argentino.

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Ravier confirmó sanciones para los prácticos en huelga: "No sé cuáles, pero van a ocurrir".

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes al mediodía, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, que el Gobierno nacional aplicará sanciones a los trabajadores portuarios que mantienen el lock-out en el servicio de practicaje. «No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir», sostuvo el funcionario ante la prensa, sin precisar el tipo ni el alcance de las medidas punitivas previstas. La declaración se produjo mientras los puertos de todo el país siguen paralizados por cuarto día consecutivo, en rechazo al Decreto 690/2026 que desreguló el reglamento del practicaje vigente desde 1991.

Qué es el practicaje y por qué es clave para el comercio exterior

El practicaje es el servicio prestado por profesionales especializados, conocidos como prácticos, baqueanos y pilotos fluviales, que asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos. Su función es indispensable en ríos con condiciones hidrológicas variables, canales de acceso estrechos y fondos cambiantes como los del Río de la Plata y el Paraná. La formación de estos profesionales requiere años de experiencia acumulada en cada zona específica; no es reemplazable por tecnología ni por el criterio general de un capitán que no conozca el tramo particular de navegación.

El Decreto 690/2026, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó a eliminar la obligatoriedad de contratar prácticos matriculados, habilitando a capitanes con experiencia a navegar sin ese respaldo y abriendo el mercado a nuevos prestadores con precios más bajos. El resultado inmediato fue un lock-out que dejó sin movimiento a las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde transita cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

«Bajar el costo argentino»: la justificación oficial que choca con la realidad del paro

Ravier explicó en la conferencia que el conflicto se originó porque «el Gobierno está tratando de bajar el costo argentino» y que eso «se resuelve con competencia», buscando «permitir que puedan entrar nuevos jugadores al sector portuario con precios más competitivos». También aclaró que la desregulación «es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso» pero que se aplicó mediante decreto «para adelantar los tiempos». La admisión es reveladora: el Ejecutivo reconoció que la norma debería haber pasado por el Poder Legislativo, pero optó por imponerla de manera unilateral. Esa decisión es, precisamente, el centro del agravio que motivó la protesta. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma de «abusiva e inconstitucional» y anunció una Acción de Amparo y una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, por considerar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos argentinos.

Servicio esencial y amenaza de sanciones: la respuesta de la fuerza pública

El propio Ravier reconoció que el practicaje es «un servicio esencial» y que «estas personas tienen la obligación de mantenerlo», lo que constituye la base legal sobre la cual el Gobierno prevé aplicar sanciones. Ya en los primeros días del conflicto, la Prefectura Naval Argentina había enviado cédulas de intimación perentoria a los profesionales para que retomaran las tareas bajo apercibimiento de ley, sin resultado. Ahora el vocero presidencial endureció el tono y anticipó consecuencias formales, aunque sin detallar si se trataría de multas, suspensiones de matrículas u otras medidas administrativas. Los prácticos, por su parte, ratificaron la medida de fuerza pero mantienen una excepción estratégica: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.

La contradicción del decreto: daño comercial en nombre de la eficiencia

La paradoja del conflicto es difícil de ignorar. Un decreto presentado como herramienta para reducir costos logísticos y dinamizar el comercio exterior produjo, en sus primeras horas de vigencia, la parálisis de los principales puertos del país. Cada día de paro implica demoras contractuales, costos financieros para exportadores e importadores y riesgos de incumplimiento frente a compradores externos, en un momento en que el propio gobierno de Milei necesita divisas para cumplir las metas de reservas pactadas con el FMI. Lejos de resolver el problema generado, la amenaza de sanciones profundiza la confrontación con un sector que reclama, ante todo, que una reforma de esta envergadura sea debatida en el Congreso y no impuesta por decreto de urgencia.

Puntos clave

  • El vocero Adrián Ravier confirmó sanciones contra los huelguistas pero no precisó su naturaleza ni alcance.
  • El Decreto 690/2026, que desreguló el practicaje vigente desde 1991, fue reconocido por el propio Gobierno como una norma que debería pasar por el Congreso.
  • La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos anunció una Acción de Amparo y una denuncia penal contra los firmantes del decreto.
  • Los prácticos mantienen el paro pero preservan guardias para buques de energía a fin de evitar riesgos ambientales y de abastecimiento.
  • El conflicto paraliza terminales por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, en contradicción con el objetivo oficial de bajar costos logísticos.

Desregulación

Aportaron $40 millones a LLA y se quedaron con AySA y la Hidrovía: así funciona el modelo de negocios libertario

Walter Román lideró el consorcio que el 8 de octubre presentó la mejor oferta para quedarse con el 90% de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento más grande del país. Su pariente Leonardo, mientras tanto, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a la belga Jan de Nul. Una misma familia. Dos de las privatizaciones más estratégicas del ciclo Milei. Y $40 millones de aportes a la campaña de La Libertad Avanza que explican, al menos en parte, el acceso privilegiado al círculo del poder.

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El Argentino Diario-AySA.
Primero la Hidrovía, ahora el agua: los Román, la familia que se quedó con la infraestructura estratégica de Argentina.

Más de 11 millones de personas en el AMBA beben agua potabilizada por AySA. El 90% de las acciones de esa empresa acaba de tener la mejor oferta de compra por parte de un consorcio encabezado por Rowing S.A., la firma de Walter Román, quien, según consta en el registro público de aportantes privados de la Cámara Nacional Electoral, destinó 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos de sus empresas, Direct Group y Lógico. La apertura de sobres se realizó el 8 de octubre y la propuesta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ascendió a US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la empresa, superando en un 19% la oferta del Grupo Roggio, su único competidor.

Cuatro meses antes, en junio de 2026, otro miembro del clan familiar ya había protagonizado uno de los negocios más grandes de la era libertaria: Servimagnus, firma liderada por Leonardo Román, sobrino de Walter, se convirtió en el socio local de la empresa belga Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía Paraná-Paraguay, una infraestructura estratégica por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas y que concentra cerca de 60 terminales portuarias. Dos hermanos, dos privatizaciones, una familia.

El consorcio que se quedó con el agua

El consorcio que ganó la licitación de AySA está integrado por cuatro firmas. Rowing S.A., de Walter Román, tendrá el 20% de la participación accionaria; Transclor, de Mauricio Filiberti, apodado «El Rey del Cloro» por ser uno de los proveedores históricos de insumos para la potabilización de AySA; PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión constituido en Londres en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de sobres; y Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav de Brasil, que aportará el expertise técnico en operación de redes de agua y cloacas. PHX Aqua concentrará el 55% del paquete accionario dentro del grupo. La composición del consorcio generó cuestionamientos inmediatos desde la oposición, dado que uno de sus futuros accionistas es, hasta hoy, proveedor activo de la empresa que se dispone a adquirir.

La adjudicación fue habilitada por la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, en el marco de la Ley Bases (27742), que incluyó a AySA en la lista de empresas públicas sujetas a privatización. El proceso arrancó formalmente con los decretos 493 y 494 de julio de 2025, que establecieron el nuevo marco regulatorio y autorizaron la venta del 90% estatal. Se trata de la mayor privatización de infraestructura impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Las resistencias judiciales que el Gobierno ignoró

La licitación avanzó pese a múltiples obstáculos judiciales. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar, promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que prohíbe al Gobierno modificar, reducir o alterar las obligaciones esenciales vinculadas a la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la región metropolitana. La resolución alertó sobre un «riesgo inminente» de deterioro sanitario si la reestructuración corporativa desmantela los controles de calidad o valida el abandono de las más de 260 obras de infraestructura que el Ejecutivo mantiene paralizadas. La Cámara también ordenó girar la causa al fuero federal para que se resuelva si la privatización es legal o inconstitucional.

En paralelo, los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, exigiendo que el Gobierno revele la tasación oficial de AySA y solicitaron que se frene la adjudicación. La pregunta que el Gobierno no quiso responder es cuánto vale realmente la empresa que acaba de vender.

La Hidrovía, el primer gran negocio de los Román

Servimagnus, la empresa con la que Leonardo Román se convirtió en el socio local de Jan de Nul en la concesión de la Hidrovía, se dedica al salvamento y desguace de buques, remoción de estructuras portuarias, izado de carga de proyecto, montaje de equipamiento portuario, balizamiento, dragado y obras hidráulicas. En septiembre de 2026, la nueva concesionaria Vía Navegable Argentina (VNA) inició operaciones con una baja del 13,5% en la tarifa de peaje, presentada por el consorcio como una señal de mejora logística. El negocio, sin embargo, es de una magnitud difícil de exagerar: la Hidrovía moviliza el 80% de las exportaciones argentinas y articula cerca de 60 terminales portuarias.

Los Román, en el entramado familiar, son herederos del patriarca Alfredo Simón Román, fundador de la empresa de transporte y logística que lo convirtió en «El zar de las grúas». Sus cuatro hijos, Alfredo, Ricardo, Oscar y Walter, separaron sus negocios en 1996. Desde entonces expandieron sus áreas de influencia hacia la infraestructura portuaria, la construcción, la logística y los servicios. En el ciclo de privatizaciones del Gobierno de Milei, dos ramas de esa misma familia se convirtieron en los grandes beneficiarios de la transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Karina Román y el círculo rojo

La tercera cara visible del clan es Karina Román, hija de Alfredo y, por tanto, prima de Leonardo. Su nombre no figura en ninguna licitación millonaria, pero su presencia en el establishment local creció con fuerza en los últimos años. Karina es la figura central en la conducción de las inversiones del holding a través de Puerto Asís Investments, el vehículo que controla la participación del grupo en Exolgan, con negocios en puerto, agro, energía e inmuebles. Su perfil se consolidó en ámbitos como el Foro Llao Llao, la Universidad Di Tella y Endeavor, los tres espacios de construcción de consenso del empresariado argentino.

En el entorno de los Román insisten en que cada uno lleva adelante sus empresas de manera independiente y que no existen vínculos comerciales entre ellos. Lo que sí existe, y es de acceso público, es la relación entre Walter Román y La Libertad Avanza: 40 millones de pesos aportados a la campaña electoral, un dato que permite contextualizar el vínculo entre el empresario y el partido de gobierno que habilitó las dos privatizaciones más estratégicas de las que su familia resultó beneficiaria.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio encabezado por Rowing S.A., de Walter Román, presentó la oferta más alta por AySA: US$340,2 millones por el 90% de las acciones, con un compromiso de inversión de US$15.040 millones en 30 años.
  • Leonardo Román, pariente de Walter, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a Jan de Nul a través de Servimagnus, concesión ganada en junio de 2026.
  • Walter Román aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos empresas, según el registro público de la Cámara Nacional Electoral.
  • La privatización de AySA avanzó pese a una medida cautelar de la Justicia bonaerense y una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentada por legisladores de la oposición.
  • La Ley Bases (27742) habilitó la venta del 90% de AySA; la adjudicación se formalizó mediante la Resolución 1722/2026 firmada por el ministro Luis Caputo.
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