El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes al mediodía, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, que el Gobierno nacional aplicará sanciones a los trabajadores portuarios que mantienen el lock-out en el servicio de practicaje. «No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir», sostuvo el funcionario ante la prensa, sin precisar el tipo ni el alcance de las medidas punitivas previstas. La declaración se produjo mientras los puertos de todo el país siguen paralizados por cuarto día consecutivo, en rechazo al Decreto 690/2026 que desreguló el reglamento del practicaje vigente desde 1991.

Qué es el practicaje y por qué es clave para el comercio exterior

El practicaje es el servicio prestado por profesionales especializados, conocidos como prácticos, baqueanos y pilotos fluviales, que asisten a los barcos de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos. Su función es indispensable en ríos con condiciones hidrológicas variables, canales de acceso estrechos y fondos cambiantes como los del Río de la Plata y el Paraná. La formación de estos profesionales requiere años de experiencia acumulada en cada zona específica; no es reemplazable por tecnología ni por el criterio general de un capitán que no conozca el tramo particular de navegación.

El Decreto 690/2026, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó a eliminar la obligatoriedad de contratar prácticos matriculados, habilitando a capitanes con experiencia a navegar sin ese respaldo y abriendo el mercado a nuevos prestadores con precios más bajos. El resultado inmediato fue un lock-out que dejó sin movimiento a las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde transita cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

«Bajar el costo argentino»: la justificación oficial que choca con la realidad del paro

Ravier explicó en la conferencia que el conflicto se originó porque «el Gobierno está tratando de bajar el costo argentino» y que eso «se resuelve con competencia», buscando «permitir que puedan entrar nuevos jugadores al sector portuario con precios más competitivos». También aclaró que la desregulación «es parte de un proyecto que se debe enviar al Congreso» pero que se aplicó mediante decreto «para adelantar los tiempos». La admisión es reveladora: el Ejecutivo reconoció que la norma debería haber pasado por el Poder Legislativo, pero optó por imponerla de manera unilateral. Esa decisión es, precisamente, el centro del agravio que motivó la protesta. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la reforma de «abusiva e inconstitucional» y anunció una Acción de Amparo y una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, por considerar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos argentinos.

Servicio esencial y amenaza de sanciones: la respuesta de la fuerza pública

El propio Ravier reconoció que el practicaje es «un servicio esencial» y que «estas personas tienen la obligación de mantenerlo», lo que constituye la base legal sobre la cual el Gobierno prevé aplicar sanciones. Ya en los primeros días del conflicto, la Prefectura Naval Argentina había enviado cédulas de intimación perentoria a los profesionales para que retomaran las tareas bajo apercibimiento de ley, sin resultado. Ahora el vocero presidencial endureció el tono y anticipó consecuencias formales, aunque sin detallar si se trataría de multas, suspensiones de matrículas u otras medidas administrativas. Los prácticos, por su parte, ratificaron la medida de fuerza pero mantienen una excepción estratégica: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.

La contradicción del decreto: daño comercial en nombre de la eficiencia

La paradoja del conflicto es difícil de ignorar. Un decreto presentado como herramienta para reducir costos logísticos y dinamizar el comercio exterior produjo, en sus primeras horas de vigencia, la parálisis de los principales puertos del país. Cada día de paro implica demoras contractuales, costos financieros para exportadores e importadores y riesgos de incumplimiento frente a compradores externos, en un momento en que el propio gobierno de Milei necesita divisas para cumplir las metas de reservas pactadas con el FMI. Lejos de resolver el problema generado, la amenaza de sanciones profundiza la confrontación con un sector que reclama, ante todo, que una reforma de esta envergadura sea debatida en el Congreso y no impuesta por decreto de urgencia.

Puntos clave

• El vocero Adrián Ravier confirmó sanciones contra los huelguistas pero no precisó su naturaleza ni alcance.
• El Decreto 690/2026, que desreguló el practicaje vigente desde 1991, fue reconocido por el propio Gobierno como una norma que debería pasar por el Congreso.
• La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos anunció una Acción de Amparo y una denuncia penal contra los firmantes del decreto.
• Los prácticos mantienen el paro pero preservan guardias para buques de energía a fin de evitar riesgos ambientales y de abastecimiento.
• El conflicto paraliza terminales por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, en contradicción con el objetivo oficial de bajar costos logísticos.