El Gobierno que había impulsado derogar la Ley de Tierras Rurales llegó a Diputados con la intención de restituirla. Esa es la paradoja central de una megasesión que el oficialismo armó con temario propio, después de conseguir quórum junto a aliados y dialoguistas.

A las 12.25, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, verificó la presencia de 131 legisladores, cuando el quórum exigía 129, y habilitó el tratamiento del orden del día. La sesión especial fue solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni y otros legisladores, según la convocatoria de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara, y se prevé que termine a altas horas de la madrugada del jueves.

Además de La Libertad Avanza, dieron quórum el PRO, la UCR y buena parte de los legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. En cambio, los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un puñado de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y algunos monobloques opositores esperaron a que la sesión comenzara antes de sentarse.

Un arranque áspero y mociones rechazadas

Antes de entrar en los proyectos, la kirchnerista Vanesa Siley pidió un apartamiento de reglamento para incluir en el temario la eliminación del Fondo de Asistencia Laboral. Hubo un intercambio con Menem sobre la interpretación del reglamento y la diputada, enojada, le soltó: “Sos burro Martín”.

Tampoco prosperó la moción de Pablo Juliano (Provincias Unidas) para tratar un proyecto que declare la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ni la de Pablo Yedlin (Unión por la Patria) para incorporar la restitución del Programa Remediar. Ninguna de las dos reunió el número necesario.

Una sesión pensada para ordenar la agenda oficial

El escenario contrasta con el del 9 de septiembre, cuando fue la oposición la que reunió 135 diputados y logró emplazar a las comisiones para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento familiar. Ahora el oficialismo llega con dictámenes propios sobre los mismos temas.

Según publicó la prensa local, la convocatoria buscó además avanzar con iniciativas del Gobierno y dificultar el intento opositor de reunir los votos para rechazar el DNU 70/23.

Propiedad Privada: la Ley de Tierras vuelve a escena

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega con media sanción tras las modificaciones que le aplicó la oposición peronista en el Senado, que le quitó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego y también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales. Ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en Diputados, con lo cual el texto deberá regresar al Senado si la Cámara baja lo aprueba con cambios.

De esa forma se reafirmarían los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

Lo que quedó en pie son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, con restricciones a la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública de inmuebles, y una reforma de la ley de Desalojos para acortar los tiempos judiciales de restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares. El dictamen de mayoría fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado; el proyecto original no establecía ningún porcentaje. Para los opositores, atar el bien común al cálculo del éxito comercial de una empresa privada desvirtúa la “función social de la propiedad”.

En los desalojos por usurpación, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble e intimar su devolución dentro de las 72 horas si lo pide el propietario, que deberá acreditar con prueba documental que es el dueño. En los desalojos por mora, los inquilinos tendrán al menos 10 días desde la notificación para regularizar deudas antes de que se inicie la acción. Un protocolo de vulnerabilidad prevé, con intervención del Ministerio Público Tutelar, una alternativa habitacional transitoria en un máximo de 10 días cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados.

El texto también modifica la ley Pierri de regularización dominial, para que accedan a la escritura de su vivienda única las familias con posesión pacífica demostrable durante los 10 años anteriores, y reconoce la “ocupación temporánea anormal”, por 90 días prorrogables por única vez ante emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.

Discapacidad: se mantiene el esquema, pero sin emergencia

El oficialismo tiene cerrado el dictamen de la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, tras concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID. El proyecto toma casi todo el esquema de la ley 27.793 pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, y la convierte en una norma de orden público con efectos permanentes.

Se mantiene la compatibilidad entre la pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) y un empleo formal o monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. También se conserva el nomenclador único, se ratifica la indexación automática de los aranceles por el índice de movilidad jubilatoria y se garantiza la cobertura de Incluir Salud para quienes tengan la pensión. La asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales a la del año anterior, y se crea un sistema de auditorías con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. A pedido de los aliados se incorporó una cláusula que exige un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca buscan, en cambio, prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Sostienen que esa figura genera mayor exigibilidad para que los jueces resuelvan las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones impagas a los prestadores. Advierten además que el proyecto oficialista endurece los requisitos, delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión, permite suspender pensiones por simple cruce de datos y no garantiza el financiamiento ni el pago de la deuda con prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.

Endeudamiento familiar: información al usuario, sin tope de tasas

El dictamen de mayoría, del oficialismo con el PRO y la UCR, se denomina “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”. Pone el acento en la información detallada sobre los créditos, pero no interviene con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos. Prevé transparencia en los créditos de corto plazo, que suelen tener las tasas más altas, precancelación de deudas, trazabilidad de las obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo en bancos y plataformas.

El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, la “ley de regularización y alivio financiero”, declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos). La cuota máxima no podría superar el 30% de los ingresos, se condonaría el 100% de los intereses punitorios y se limitaría la tasa mediante el Costo Financiero Total, con una ganancia moderada para los acreedores sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR). Si el acreedor no admite la gestión, interviene el Banco Central. La iniciativa suma capítulos de portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.

Medicamentos de alto riesgo y la herida del fentanilo

Se tratará un dictamen único, firmado por unanimidad, para crear el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), con foco en medicamentos de alto riesgo. La autora principal es Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y la iniciativa responde a la tragedia sanitaria que comenzó en abril de 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas. La Cámara creó entonces por unanimidad una Comisión Especial Investigadora, cuyo informe final recomendó la trazabilidad de medicamentos críticos.

El proyecto establece la trazabilidad obligatoria y en tiempo real de los inyectables parenterales y sus materias primas, con registro digital desde la importación hasta la administración al paciente. Crea un Protocolo de Eventos Críticos de Salud que obliga a notificar en simultáneo a Nación, provincias y ANMAT dentro de las 24 horas, y permite el bloqueo preventivo de lotes sospechosos en un máximo de 6 horas. Prevé multas elevadas, suspensiones, clausuras definitivas y decomiso para faltas graves, como la falsedad u omisión de datos de trazabilidad, con aplicación federal articulada por el Consejo Federal de Salud (COFESA).

Vandalismo rural: hasta ocho años de cárcel

El proyecto del diputado Martín Ardohain (PRO), avalado por La Libertad Avanza, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales, incorpora la figura del vandalismo rural al Código Penal. Establece prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien pueda excluirlo, y de dos a ocho años, con multas de hasta 12 veces el valor del daño, para quien destruya o dañe el ciclo productivo, el stock o la infraestructura del establecimiento agropecuario, o cereales y oleaginosas no cosechadas o almacenadas.

Lo que tenés que saber:

• Menem verificó 131 diputados a las 12.25, con un quórum de 129, y la sesión podría terminar en la madrugada del jueves.
• El oficialismo busca restituir la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada, con topes del 30% de extranjerización y de 1000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera.
• El proyecto oficialista de discapacidad le quita el carácter de emergencia al régimen vigente, mientras la oposición propone prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2027.
• El dictamen de mayoría sobre deudas familiares no fija tasas máximas ni refinanciación; el de la oposición propone emergencia por 180 días.
• El dictamen unánime de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo responde a la crisis del fentanilo contaminado, con al menos 90 muertes.