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Denuncia

Comedores y política: Grabois desafió a Jorge Macri a probar sus acusaciones en la Justicia

El dirigente social y diputado nacional endureció sus críticas contra el jefe de Gobierno porteño y lo intimó a presentar formalmente una denuncia judicial por presuntas irregularidades en comedores. Aseguró que no existe ninguna causa iniciada y acusó al Ejecutivo porteño de mentir con fines políticos.

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★ El diputado nacional Juan Grabois profundizó este martes su enfrentamiento público con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, al intimarlo judicialmente a exhibir la denuncia que, según el mandatario porteño, habría presentado por supuestas irregularidades vinculadas a comedores comunitarios.

La respuesta de Grabois se produjo luego de que Macri afirmara públicamente que el Gobierno porteño detectó 40 comedores “fantasma” y cuestionara el rol de las organizaciones sociales, al que definió como un esquema de “intermediación” y “manipulación”.

La intimación y el eje judicial del conflicto

Desde su cuenta oficial en la red social X, Grabois afirmó que ya inició una intimación formal y reclamó que el jefe de Gobierno haga pública la denuncia que dice haber impulsado. “Acá está nuestra intimación, ahora que muestre él la denuncia que hizo contra mí porque no figura en ningún juzgado que yo esté denunciado por el GCBA por comedores fantasma ni listados de muertos”, escribió el legislador.

En el mismo mensaje, puso en duda la existencia de esa presentación judicial y sostuvo que la acusación podría haber sido realizada únicamente “para la tribuna”, sin respaldo en los tribunales. Hasta el momento, no se informó oficialmente la existencia de una causa judicial en la que Grabois figure como imputado por estos hechos.

Acusaciones políticas y lenguaje confrontativo

El diputado nacional elevó el tono del cruce con declaraciones de extrema dureza contra Jorge Macri, a quien calificó con expresiones insultantes y aseguró que lo enfrentará en sede judicial. “Lo vamos a hacer papilla en tribunales”, afirmó, siempre en referencia al jefe de Gobierno porteño.

Además, vinculó las acusaciones del Ejecutivo porteño con una estrategia política más amplia y mencionó a otros funcionarios nacionales, a quienes acusó de coordinar una “infamia” que, según su versión, “se les va a caer rapidito”.

El trasfondo social del debate

En sus declaraciones, Grabois sostuvo que la polémica por los comedores busca desviar la atención de la situación social en la Ciudad y en el país. Según expresó, el foco debería estar puesto en el crecimiento de personas en situación de calle y en el aumento del hambre, y no en denuncias que, de acuerdo a su postura, carecen de sustento judicial.

Estas afirmaciones forman parte de la posición política del diputado, quien atribuyó las acusaciones a una maniobra para encubrir políticas públicas que cuestiona abiertamente. Estas interpretaciones no cuentan, por el momento, con confirmación oficial ni judicial.

La postura del Gobierno porteño

Jorge Macri había declarado previamente que la intermediación de organizaciones sociales en la asistencia alimentaria constituye una forma de “manipulación” y aseguró que el Gobierno de la Ciudad denunció la existencia de comedores inexistentes, algunos de ellos presuntamente vinculados a espacios referenciados en Grabois.

Hasta ahora, el Ejecutivo porteño no difundió públicamente el expediente judicial ni precisó el juzgado interviniente, y tampoco respondió de manera directa a la intimación mencionada por el diputado nacional.

Puntos clave

  • Juan Grabois intimó judicialmente a Jorge Macri a exhibir una denuncia en su contra.
  • El diputado afirmó que no existe ninguna causa judicial iniciada por el GCBA.
  • El cruce se originó tras declaraciones de Macri sobre comedores “fantasma”.
  • Grabois atribuyó las acusaciones a una maniobra política sin respaldo judicial.
  • No hay confirmación oficial sobre la existencia de una denuncia presentada. ★

Denuncia

Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.

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El Argentino Diario-Luis Caputo-Santiago Bausili.
Las operaciones con derivados de oro del BCRA dejaron más de mil millones de dólares en rojo: Dalbón pide la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.

El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las figuras penales y el rol de Caputo

En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».

El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.

El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura

Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.

Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.

El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría

Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.

Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.

Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable

La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».

La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».

La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.

Lo que tenés que saber:

  • El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
  • La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
  • Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
  • La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
  • La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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