Corrientes
El blindaje mediático del macrismo de Corrientes esconde una causa por reventa de vacunas
El oficialismo correntino, aliado a la UCR y al macrismo nucleado en Juntos por el Cambio, a inicios del mes de mayo de este año se vio salpicado por un hecho bochornoso y un atentado contra la salud pública relacionado al robo y reventa de vacunas contra el coronavirus.
El oficialismo correntino, aliado a la UCR y al macrismo nucleado en Juntos por el Cambio, a inicios del mes de mayo de este año se vio salpicado por un atentado contra la salud pública a causa de un caso de robo y reventa de vacunas contra el coronavirus.
El Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó el 10 de mayo que fueron detenidos el enfermero Guillermo Barrios y la jefa de vacunación del Hospital San Roque de la localidad de Esquina, Sara Gutiérrez, por una denuncia seguida de un escándalo por robo de vacunas contra el Covid-19.
En relación al caso también se pudo conocer que el fiscal que actúa en la causa, Javier Mosqueda, solicitó 15 días de prisión preventiva para los involucrados en este atentado contra la salud pública en el marco de una pandemia, según informó oportunamente Corrientes Hoy.
El mismo medio también había señalado que por la causa hubo un tercer detenido, un ex concejal del partido Liberal de Esquina, Marcelo Mayora. Se trata de un político local fuertemente vinculado al oficialismo correntino encabezado por la alianza UCR-PRO.
Claro que la imputación de Mayora no era el único nexo político en el siniestro, ya que Sara Gutiérrez, jefa de vacunación del mencionado hospital y partícipe de este aberrante delito federal es «hija de un histórico puntero radical de la zona», señaló otro medio local. Al respecto, el diario correntino El Libertador, afirmó que las vacunas en cuestión «habrían sido vendidas por sumas que oscilarían entre los 8.000 y 10.000 pesos”.

Según consignó el mismo diario, existe un dato clave vinculado el tercer detenido por el escándalo, el ex concejal Marcelo Mayora, ya que es dueño de una importante carnicería en el barrio Centenario donde tuvo lugar un allanamiento, y es que horas antes de la pesquisa en ese local comercial se había concretado una reunión entre dirigentes de la alianza de gobierno.
Tras conocerse quienes eran los detenidos y la relevancia del caso para la salud pública nacional, el Ministerio Público de Corrientes emitió un comunicado en el que se detallaba cuáles eran los próximos pasos de la investigación e indicaba que se había formalizado «la acusación contra tres personas que habrían formado parte de la maniobra de cohecho para acceder a vacunas anticovid».
«El fiscal subrogante, doctor Javier Mosquera, solicitó al Juez de Garantías 15 días de prisión para todos ellos, mientras se sustancia la investigación», añadía la misiva oficial, que fue emitida ante el posible aluvión de medios frente a dos temas clave: el robo y reventa de vacunas, y la participación de personas vinculadas al gobierno provincial.
Efectivamente, el tema irrumpió con fuerza en los medios y Mayora quedó detenido en la comisaría Segunda, junto al chofer de la ambulancia, Guillermo Barrios, quien también es cuñado de un alto funcionario provincial del área contable. Mientras que la enfermera Sara Gutiérrez, la otra involucrada, quedó alojada en la Comisaría de la Mujer.

A raíz del hecho, la plana Mayor de la UCR esquínense se encontró en la capital provincial y luego se reunió con el gobernador correntino, Gustavo Valdés. El objetivo de esa cumbre era evitar que el escándalo trascendiera a nivel nacional.
Y así fue, el escándalo pasó desapercibido a nivel nacional porque la agenda de los grandes medios se ocupaban de difundir los ataques y operaciones de Patricia Bullrich contra el gobierno de Alberto Fernández, mientras Corrientes pasaba «la guadaña» dónde hacía falta y preparaba un blindaje mediático para no quedar en el ojo del huracán. Algo que en alguna medida les funcionó, porque los medios locales sospechosamente dejaron de seguir el tema, que debería haber sido de gran magnitud para la opinión pública provincial y nacional.
En ese contexto, además, cabe recordar que existió otro episodio que tampoco trascendió y que nunca quedó del todo claro, ya que las autoridades correntinas no pudieron explicar de manera fehaciente porqué el Ministro de Salud de Corrientes tenía en su vehículo varias cajas de vacunas Sputnik V, que se descubrieron gracias un choque automovilístico protagonizado por el funcionario. La excusa fue que las transportaba para su «aplicación» y ahí quedó todo, ni la Justicia ni los medios, extrañamente, se ocuparon de seguir el tema.

Cabe destacar que Encuentro por Corrientes (ECo) es la coalición política más grande de la historia de la provincia Corrientes, que gobierna desde 2009. Fue formada aquel año por Ricardo Colombi y actualmente es liderada por el gobernador Gustavo Valdés. Está integrada por 32 partidos y, desde 2015, integra Juntos por el Cambio.
Corrientes
Caso Loan: un ex comisario pidió declarar y rompería el pacto de silencio
Walter Maciel, uno de los siete imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, prestará testimonio el jueves 10 de septiembre. Será el primero de los acusados en comparecer en el debate oral y público.
El ex comisario Walter Maciel, uno de los siete imputados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, pidió declarar en el juicio que se realiza en la ciudad de Corrientes. Su abogado, Richard Vallejos, anticipó a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte que su cliente prestará testimonio el jueves 10 de septiembre.
El primero en romper el silencio
Maciel será el primero de los acusados por la desaparición del menor en comparecer en el debate oral y público, que se lleva a cabo en el Escuadrón N.º 48 de Gendarmería Nacional. La decisión del ex comisario de sentarse a declarar abre una grieta en el pacto de silencio que rodea al caso y que la Justicia intenta quebrar desde el inicio de la investigación.
El tribunal, bajo la lupa
Por su parte, Ceroleni, presidente del Tribunal Federal de Corrientes, se expresó tras el rechazo al pedido de recusación formulado por el defensor oficial Enzo Di Tella, representante legal de Antonio Berardino Benítez, que lo acusó de haber actuado con parcialidad. «El Tribunal está para juzgar, no para caerle bien a nadie», manifestó el magistrado, quien sostuvo que su rol siempre estuvo ajustado al Código Procesal y al reglamento.
Testimonios que apuntan a la custodia
José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño, efectivos de la Prefectura Naval Argentina, brindaron detalles sobre distintas circunstancias ocurridas dentro del hotel y también se refirieron a la custodia de la casa de Camila, que se extendió durante diez meses. Uno de ellos señaló que Nicolás «El Americano» Soria, sindicado por el supuesto entorpecimiento de la investigación, visitó la vivienda de la prima de Loan en diversas ocasiones.
En tanto, el jueves 3 de septiembre será el turno de Vanina Soledad Escobar y María Isabel González, y de otros dos prefectos: Matías Agustín Fernández y Belén Nazarena Goya, perteneciente a la Prefectura de Goya.
Puntos clave
Walter Maciel, uno de los siete imputados, pidió declarar y prestará testimonio el jueves 10 de septiembre.
Será el primero de los acusados en comparecer en el debate oral y público.
El tribunal rechazó la recusación contra el juez Ceroleni, quien sostuvo que su rol se ajustó al Código Procesal.
Prefectos declararon sobre la custodia de la casa de Camila, que se extendió durante diez meses.
El jueves 3 de septiembre declararán Escobar, González y dos prefectos de Goya.
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