Buenos Aires
Detuvieron por abuso sexual a un funcionario de Conte Grand
Un funcionario a cargo del área que recibe denuncias por violencia de género y abuso en Ensenada fue nombrado por el procurador designado durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Lo que tenés que saber
- Un juez de La Plata ordenó la detención de un abogado de la Procuración General bonaerense por abuso sexual a una menor.
- Jorge Eduardo Garzón enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.
- La denuncia fue presentada en 2018 y los abusos habrían ocurrido entre 2007 y 2018.
- También se detuvo a la madre de la víctima por “encubrimiento agravado”.
Detención de un abogado de la Procuración
Un juez de Garantías de La Plata dispuso la detención de Jorge Eduardo Garzón, abogado y funcionario de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Julio Conte Grand. Garzón está acusado de abuso sexual a una menor, con hechos que se habrían producido en Ensenada. La pena máxima que podría enfrentar asciende a 20 años de cárcel.
La medida judicial se tomó tras un largo proceso penal que comenzó hace seis años, cuando se presentó la denuncia en 2018. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y del Juzgado de Garantías N° 4, cuyo titular, Juan Pablo Masi, decidió ordenar la detención.
Un contexto de abuso prolongado
La investigación concluyó que Garzón abusó sexualmente de la hija de su pareja desde 2007, cuando la niña contaba con apenas cuatro años. Esta situación se extendió hasta 2018, cuando la joven, ya de 15 años, reveló lo sucedido a su tío biológico, quien luego llevó el caso ante la Justicia.
El juez consideró que “la prueba colectada permite concluir que existen motivos suficientes para sospechar que Jorge Eduardo Garzón resultaría autor penalmente responsable”. Además, el magistrado también ordenó la detención de la madre de la víctima, acusándola de “encubrimiento agravado”. Su identidad se mantendrá en reserva para proteger la intimidad de la víctima.
Funciones y responsabilidades del acusado
Garzón ocupaba un cargo en el Área de Procesos Urgentes dentro de la Defensoría General de Ensenada, donde su labor incluía la asistencia a víctimas de violencia de género y la elaboración de informes sobre delitos relacionados. Fue nombrado en 2016, mediante una resolución firmada por el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand. En su momento, la Procuración General destacó su compromiso con la detección y erradicación de la violencia familiar y de género.
La defensa y el proceso judicial
A lo largo de la investigación, se llevaron a cabo peritajes psicológicos y psiquiátricos que corroboraron la veracidad de los testimonios de la víctima, a la que calificaron como sincera y congruente. En contraste, Garzón ha negado las acusaciones, argumentando que la menor sufre problemas psiquiátricos y sugiriendo que las denuncias son el resultado de manipulaciones en su contra. Actualmente, enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada”.
Buenos Aires
“No tienen para comer”: dramática situación en Tres Arroyos por salarios impagos
Trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos en Coronel Brandsen denunciaron que cobran sus salarios en cuotas y con demoras. La situación genera un fuerte deterioro económico en los hogares y reclamos por falta de representación gremial.
Lo que tenés que saber
- Empleados de la planta de Brandsen cobran sus salarios en varias cuotas.
- Denuncian incumplimientos en los pagos acordados por la empresa.
- Trabajadores aseguran que atraviesan una situación económica crítica en sus hogares.
- Se registran reclamos por falta de representación sindical efectiva en el conflicto.
- La empresa atraviesa un escenario de reducción de actividad en varias plantas del país.
Dramática situación laboral en la planta de Granja Tres Arroyos en Brandsen
La planta de Granja Tres Arroyos ubicada en Coronel Brandsen atraviesa una situación crítica luego de que trabajadores denunciaran el pago fraccionado de sus salarios en hasta seis cuotas, con incumplimientos reiterados en el cronograma establecido por la empresa.
Según testimonios de empleados y referentes gremiales, los depósitos no se realizan de manera regular, lo que genera incertidumbre constante sobre el cobro de haberes.
Denuncian atrasos salariales y pagos incompletos
De acuerdo con los trabajadores, incluso las cuotas comprometidas no siempre se cumplen en su totalidad, lo que agrava el escenario económico en los hogares.
“Los compañeros cobran el sueldo en seis cuotas. Anoche tenían que pagar la tercera y pagaron la mitad de una. La gente está desesperada”, expresó Esteban Vallejos, ex representante gremial de la UATRE en la localidad.
Los empleados aseguran que la falta de previsibilidad salarial impacta directamente en el pago de alquileres, alimentos y gastos básicos.
Reclamos por falta de representación sindical
En medio del conflicto, trabajadores señalaron también la ausencia de representación gremial efectiva en la planta.
“Estamos a la deriva. Si hacés algo terminás afuera. Los trabajadores no tienen ni para comprar comida para sus hijos”, afirmó Vallejos.
El ex dirigente sostuvo además que muchos empleados debieron abandonar sus viviendas y regresar a hogares familiares por la imposibilidad de sostener el alquiler.
Caída de la producción y tensión en el sector avícola
La situación de la planta de Brandsen se da en un contexto más amplio de retracción productiva dentro del Grupo Granja Tres Arroyos, que opera múltiples establecimientos en el país.
Según los testimonios, la faena y la producción se redujeron de manera significativa en los últimos meses, con menor ingreso de insumos y menor capacidad operativa.
Este escenario profundiza la incertidumbre laboral en distintas regiones donde la empresa tiene presencia.
Un conflicto que se extiende en varias plantas
El Grupo Granja Tres Arroyos cuenta con establecimientos en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Uruguay, lo que amplifica el impacto del conflicto en la cadena productiva.
En este contexto, los trabajadores advierten que la situación de Brandsen podría replicarse en otras plantas si no se regularizan los pagos y la actividad.
Desde el inicio del gobierno de Milei cerraron 24.437 empresas
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