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Buenos Aires

Detuvieron por abuso sexual a un funcionario de Conte Grand

Un funcionario a cargo del área que recibe denuncias por violencia de género y abuso en Ensenada fue nombrado por el procurador designado durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

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Lo que tenés que saber

  • Un juez de La Plata ordenó la detención de un abogado de la Procuración General bonaerense por abuso sexual a una menor.
  • Jorge Eduardo Garzón enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.
  • La denuncia fue presentada en 2018 y los abusos habrían ocurrido entre 2007 y 2018.
  • También se detuvo a la madre de la víctima por “encubrimiento agravado”.

Detención de un abogado de la Procuración

Un juez de Garantías de La Plata dispuso la detención de Jorge Eduardo Garzón, abogado y funcionario de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Julio Conte Grand. Garzón está acusado de abuso sexual a una menor, con hechos que se habrían producido en Ensenada. La pena máxima que podría enfrentar asciende a 20 años de cárcel.

La medida judicial se tomó tras un largo proceso penal que comenzó hace seis años, cuando se presentó la denuncia en 2018. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y del Juzgado de Garantías N° 4, cuyo titular, Juan Pablo Masi, decidió ordenar la detención.

Un contexto de abuso prolongado

La investigación concluyó que Garzón abusó sexualmente de la hija de su pareja desde 2007, cuando la niña contaba con apenas cuatro años. Esta situación se extendió hasta 2018, cuando la joven, ya de 15 años, reveló lo sucedido a su tío biológico, quien luego llevó el caso ante la Justicia.

El juez consideró que “la prueba colectada permite concluir que existen motivos suficientes para sospechar que Jorge Eduardo Garzón resultaría autor penalmente responsable”. Además, el magistrado también ordenó la detención de la madre de la víctima, acusándola de “encubrimiento agravado”. Su identidad se mantendrá en reserva para proteger la intimidad de la víctima.

Funciones y responsabilidades del acusado

Garzón ocupaba un cargo en el Área de Procesos Urgentes dentro de la Defensoría General de Ensenada, donde su labor incluía la asistencia a víctimas de violencia de género y la elaboración de informes sobre delitos relacionados. Fue nombrado en 2016, mediante una resolución firmada por el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand. En su momento, la Procuración General destacó su compromiso con la detección y erradicación de la violencia familiar y de género.

La defensa y el proceso judicial

A lo largo de la investigación, se llevaron a cabo peritajes psicológicos y psiquiátricos que corroboraron la veracidad de los testimonios de la víctima, a la que calificaron como sincera y congruente. En contraste, Garzón ha negado las acusaciones, argumentando que la menor sufre problemas psiquiátricos y sugiriendo que las denuncias son el resultado de manipulaciones en su contra. Actualmente, enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada”.

Avellaneda

Tensión en el Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimieron el corte con gas pimienta e hidrantes

Organizaciones sociales que reclaman la continuidad del programa Volver al Trabajo intentaron cortar el acceso al puente que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal y la Prefectura respondieron con gas pimienta y camiones hidrantes en el marco del protocolo antipiquetes del Gobierno nacional.

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Una extensa movilización de organizaciones sociales y políticas protagonizó una jornada de tensión en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en repudio a la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar el programa Volver al Trabajo, sucesor del histórico Potenciar Trabajo. La protesta, que comenzó pasadas las 10 de la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, reunió a miles de manifestantes de diversas organizaciones y fue respondida con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad federales que impidió el corte total del viaducto.

El programa que el Gobierno quiso liquidar

El eje del conflicto es la decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo y por el cual casi 950.000 beneficiarios percibían una asignación mensual de $78.000 a cambio de realizar tareas comunitarias en municipios y cooperativas: trabajo en comedores y merenderos, limpieza de calles y plazas, producción textil, reciclado y agricultura familiar. La medida no pudo concretarse de manera inmediata porque un fallo judicial la frenó temporalmente, obligando al Ejecutivo a garantizar el pago del mes correspondiente. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad del programa en los meses siguientes fue el detonante de la convocatoria.

La movilización fue convocada por el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, entre otras organizaciones. La protesta tuvo alcance metropolitano: además de Avellaneda, se registraron cortes en el Puente Saavedra (Vicente López), el Puente La Noria (Lomas de Zamora), la intersección de Ruta 3 y General Paz (La Matanza) y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Gas pimienta e hidrantes: la respuesta del Estado

En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal y la Prefectura Naval formaron un cordón y aplicaron el protocolo antipiquetes con rigor. Cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la avenida Mitre, los efectivos respondieron con gas pimienta y empujaron a la columna para impedir que la protesta llegara al ingreso de la Ciudad de Buenos Aires. También se desplegó un camión hidrante. En paralelo, bomberos apagaron neumáticos que los manifestantes habían encendido sobre la calzada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes en territorio bonaerense. «Sin reglas claras no hay orden», escribió en su cuenta de X, y agregó: «Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio. La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno.» El comunicado ministerial finalizó con una ratificación del uso del protocolo en jurisdicción federal: «Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA.»

La voz de la base: hambre y ajuste

Entre la tensión y el gas pimienta, la voz de quienes integran la base social de la movilización fue contundente. Natalia, una de las manifestantes identificada como integrante de un comedor en Avellaneda, explicó que utilizaba el plan para pagar impuestos y que sin esa asistencia sus ingresos no alcanzaban para llegar a fin de mes. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó «como si ingresar a la Capital fuera un delito» y alertó sobre el impacto concreto del recorte: «Cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre.»

Belliboni también destacó que la continuidad del programa quedó momentáneamente asegurada por una resolución judicial y recordó las palabras del magistrado: «Un juez de San Martín dijo que es una barbaridad que se sacara este programa de trabajo que perciben personas que trabajan en todo el país en comedores y asistencia social en los barrios más castigados.»

Una protesta federal, un plan de lucha progresivo

La jornada no se circunscribió al área metropolitana. Se confirmaron cortes y movilizaciones en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino, entre otras ciudades. Los manifestantes advirtieron que el plan de lucha es de carácter progresivo y que no se detendrá hasta que el Estado garantice la continuidad de la asistencia. El reclamo central no es solo la restitución del programa: las organizaciones denuncian que el pago de $78.000 se encuentra congelado desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada en ese período licuó por completo su poder de compra, dejando a cientos de miles de familias sin la única fuente de ingreso garantizado.

  • El Gobierno nacional eliminó el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi 950.000 personas con una asignación mensual de $78.000 por tareas comunitarias.
  • Un fallo judicial frenó la baja del programa y obligó al Ejecutivo a garantizar el pago, pero la incertidumbre sobre los meses siguientes desencadenó la movilización.
  • Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gas pimienta y camión hidrante en el Puente Pueyrredón para impedir el corte total del acceso.
  • La protesta tuvo alcance federal con cortes confirmados en al menos cinco ciudades del interior del país.
  • Los beneficiarios denuncian que la asignación de $78.000 está congelada desde diciembre de 2023, sin actualizaciones frente a la inflación acumulada.

Informativo: Fuerzas federales usaron gas pimienta e hidrantes para frenar el corte del Puente Pueyrredón.

Analítico: El ajuste que no se negocia: por qué miles de trabajadores comunitarios volvieron al Puente Pueyrredón.

De Impacto: Gas pimienta contra el hambre: la respuesta del Gobierno a quienes reclaman por los planes sociales.

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