Géneros 🟣
El exintendente de Morón se equivocó al cuestionar las políticas de diversidad del Municipio
El ex marido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, realizó una “denuncia” por una encuesta de la Dirección de Políticas de Diversidad del distrito sobre la comunidad LGBTI+. Pero como buen macrista ortodoxo, tras haber dejado al Municipio en la quiebra, con más de $1.200 millones de deuda, que ni el bloque de concejales de Juntos por el Cambio local puede justificar, y sin nada coherente para decir, en busca de polémica, se metió en un terreno para él desconocido.
El ex marido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, realizó una “especie de denuncia” a raíz de una encuesta que realizó la Dirección de Políticas de Diversidad del Municipio sobre la comunidad LGBTI+.
El ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, como buen macrista ortodoxo, tras haber dejado al Municipio en la quiebra, con más de 1.200 millones de pesos de deuda, que ni el bloque de Juntos por el Cambio en el Honorable Concejo Deliberante local puede justificar, y sin mucho para decir contra la gestión del actual intendente, Lucas Ghi, le busca el pelo al huevo para poder ser un opositor digno, aunque se metió en un terreno para él desconocido y sumó el repudio de la comunidad LGBTI+.
El Municipio, a través de su Dirección de Políticas de Diversidad, a cargo de Ivana Gutiérrez, y de la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos, que encabeza Cinthia Frías, realizó una encuesta orientada a la comunidad del distrito, principalmente a la LGTBI+, para “ayudar a conocer la situación del colectivo y construir un Morón más igualitario”.
En ese contexto, la encuesta contenía una serie de opciones para marcar según la identidad de género, a partir de la autodeterminación y autopercepción de los y las encuestades, entre las que se podía leer como opciones a tildar “marica» o “torta”, palabras que al parecer enfurecieron a Tagliaferro.
La encuesta completa contenía las opciones: «Varón, Mujer, Varón Trans, Mujer Trans, Travesti, Marica, Torta, No binarie y Prefiero no responder». Lista supervisada por la misma secretaria Cinthia Frías, de larga experiencia en el área, ya que se desempeñó en la Dirección de Acción Social del Municipio de Morón, fue concejala y directora de Políticas de Género. También fue asesora de Mónica Macha en el Senado bonaerense y la Cámara de Diputados de la Nación, lo que engrosa su amplia trayectoria y un rol protagónico en el desarrollo e implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Algo que Tagliaferro parece desconocer
Más allá de las imprecisiones de la «denuncia» del exintendente, la realidad es que las políticas de diversidad y género nunca fueron prioridad durante su administración, más bien todo lo contrario. De hecho, apenas inició su gestión, entre diciembre de 2015 y enero de 2016, el mismo Tagliaferro se encargó de vaciar las Direcciones de Políticas de Diversidad y de Políticas de Género.
Mientras tanto, la directora de Políticas de Diversidad, Ivana Gutiérrez, era perseguida por el macrismo vernáculo por su condición trans. Algo que continuó hasta que se vio obligada a renunciar por la constante violencia institucional. En la actualidad ella es, justamente, la funcionaria que de manera directa llevó adelante la encuesta que ruboriza a Tagliaferro.
La sobrada experiencia, tanto de Gutiérrez como de Frías, es algo que Tagliaferro pasó por alto. A esto se le suma la mirada de doble moral a la que están acostumbrados los dirigentes del macrismo, razón por la cual el ex intendente se sintió con la suficiente “autoridad” para salir con los botines de punta, claro que de manera totalmente desafortunada, ya que en realidad lo que más le molesta es la visibilización que se hace desde el Estado municipal de este sector invisibilizado históricamente, como bien plantea un informe de la TV Pública que se puede ver a continuación.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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