Karina Milei y las coimas en ANDIS: Lijo puso a Gendarmería a rastrear la autenticidad de los audios

★ La causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene un nuevo impulso judicial. El juez federal Ariel Lijo, que cubre en forma temporaria el juzgado vacante que supo liderar Sebastián Casanello, ordenó este lunes que la Gendarmería Nacional realice un estudio informático y acústico sobre las grabaciones de audio donde se escucha al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, mencionar el cobro de sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como supuesta beneficiaria de esos fondos.

La decisión de Lijo no es un detalle menor: Casanello había mantenido en suspenso el análisis de esos audios, incluso ante los reiterados reclamos de la Cámara Federal. El cambio de magistrado destrabó una medida que la instrucción anterior había bloqueado durante meses, lo que renueva las preguntas sobre los alcances de la investigación y su eventual extensión hacia los funcionarios de más alto rango mencionados en las grabaciones.

Spagnuolo: la estrategia de impugnar la prueba

Los audios se conocieron en agosto de 2025, cuando fueron difundidos a través del canal de streaming Carnaval, supuestamente vinculado al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. En las grabaciones, Spagnuolo describe un esquema de sobornos en las licitaciones de medicamentos que, según la hipótesis fiscal, generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, de los cuales el 3% correspondería a Karina Milei y una porción adicional a su estrecho colaborador, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem.

El exdirector de la ANDIS, designado por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 96/2023, afirma que las grabaciones son falsas y que fueron montadas con herramientas de inteligencia artificial. Su defensa está encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, quien busca impugnar la validez legal del material y solicitar la nulidad de las actuaciones. Para sustentarlo, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok, quien presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y detectar posibles ediciones digitales.

D’Alessandro también aportó un informe previo realizado en España que, según sus abogados, atribuye un 65% de probabilidades de manipulación de las grabaciones mediante inteligencia artificial. La hipótesis de la defensa sostiene que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en espacios públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas.

Frente a este cuadro, el juez Lijo dispuso que la Gendarmería Nacional realice el estudio oficial, para lo que solicitó a Spagnuolo que aporte una muestra indubitable de su voz. El fiscal Franco Picardi designó, por su parte, a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para controlar la medida. Las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos periciales.

La causa no depende solo de los audios

Las autoridades judiciales subrayaron que la investigación no descansa de forma exclusiva en las grabaciones, sino que cuenta con un conjunto de pruebas documentales e informáticas de carácter autónomo. Spagnuolo fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, con un embargo de 202.000 millones de pesos. Junto a él, el entonces juez Casanello procesó a otras 18 personas, entre exfuncionarios mileístas y operadores privados, en una resolución que describió a la ANDIS como un «centro de operaciones» de un esquema delictivo que funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada en la que exfuncionarios del organismo direccionaban licitaciones públicas y aplicaban sobreprecios millonarios, no solo en medicamentos de alto costo, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores destinados a personas con discapacidad.

El escándalo no se circunscribe a las paredes de la ANDIS. Tal como documentó este medio en su informe especial sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, existen sospechas judiciales de que el entorno más inmediato del funcionario, incluyendo a su esposa Bettina Angeletti, intervino mediante contratos de consultoría vinculados al organismo, sumando otra arista al mapa de irregularidades que envuelve a la cúpula del Gobierno nacional.

Pocoví, lavado de dinero y los Menem

La investigación avanza esta semana hacia uno de los eslabones clave de la supuesta red de lavado de activos. El empresario Alan Pocoví fue citado a declarar en indagatoria este miércoles, por sospechas de haber movilizado importantes sumas de divisas y canalizado fondos desviados de la ANDIS hacia la compra de criptomonedas. Pocoví es medio hermano del hijo de Zulemita Menem y aparece mencionado como supuesto integrante de las operaciones que, según la fiscalía, coordinó Miguel Calvete para el desvío de fondos del organismo. Su nombre surge de los chats de los teléfonos que la Justicia analiza, donde aparecería recibiendo dinero en divisas.

Sin embargo, hasta la fecha la acción penal no avanzó sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo mencionados en las grabaciones. Ni Karina Milei ni Eduardo «Lule» Menem enfrentan cargos formales en esta causa. En agosto de 2025, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a defender al primo y a la funcionaria y calificó el episodio de «monumental operación» destinada a perjudicar al Gobierno en plena campaña electoral bonaerense. Por su parte, la Justicia Federal llegó a prohibir en septiembre de 2025 la difusión de los audios, luego de que el propio Gobierno presentara una denuncia por supuesta «operación de inteligencia ilegal» y solicitara medidas cautelares para frenar las filtraciones, a través del entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

La trama que no cierra

La causa ANDIS es uno de los varios frentes judiciales que acorralan al Gobierno de Javier Milei con acusaciones de corrupción sistemática. La paradoja es mayúscula: una gestión que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción de «la casta» enfrenta hoy investigaciones penales por asociación ilícita, fraude y lavado de dinero en uno de los organismos más sensibles del Estado, el que debe garantizar derechos y medicamentos a las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

La decisión del juez Lijo de peritar los audios marca un punto de inflexión procesal. Si el peritaje confirma su autenticidad, la investigación tendrá bases para escalar hacia los funcionarios del Poder Ejecutivo mencionados. Si los invalida, la defensa de Spagnuolo habrá ganado una batalla de importancia. En cualquier caso, las 18 personas ya procesadas, el embargo de 202.000 millones de pesos y los sobreprecios documentados en medicamentos y andadores para personas con discapacidad no dependen del resultado de ese peritaje: están acreditados con independencia de las grabaciones.

Puntos clave:

• El juez Ariel Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional peritar los audios donde Spagnuolo menciona a Karina Milei en una red de sobornos del 3% en compras de medicamentos de la ANDIS.
• Diego Spagnuolo está procesado junto a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, con un embargo de 202.000 millones de pesos.
• La defensa de Spagnuolo, encabezada por Mauricio D’Alessandro, alega manipulación mediante inteligencia artificial y presentó un informe español que adjudica un 65% de probabilidades de falsificación.
• El empresario Alan Pocoví, vinculado a los Menem, fue citado a indagatoria para este miércoles por sospechas de lavado de activos a través de criptomonedas.
• La causa investiga sobreprecios en medicamentos de alto costo e insumos básicos para personas con discapacidad, operados entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.