Política 📢
Alberto expresó su apoyo al Proyecto de Hábitat Popular presentado por Macha
En su intervención, el presidente ratificó: «Mónica tu ley cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional».
El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana en el CCK la apertura del Encuentro Internacional por la Vivienda, el Ambiente y el Hábitat Popular, en el que organizaciones territoriales de Latinoamérica, y la diputada nacional Mónica Macha, presentaron el Proyecto de Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular.





“A la Argentina no le basta con crecer, le hace falta desarrollarse, y lo mismo le ocurre a América Latina. Y para que nos desarrollemos, el crecimiento tiene que llegar a todos, al último hombre y a la última mujer, porque si no ese crecimiento solo genera desigualdad”, afirmó el mandatario, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Señaló que “uno de los elementos centrales para que el desarrollo humano sea posible es poder tener un techo que cubra a nuestras familias”, y advirtió: “El mercado construye cuando hay negocios, pero la construcción de viviendas es una necesidad, y si alguien necesita un techo, tiene derecho a tenerlo”.
Participaron de la actividad la coordinadora del programa Cultura Sostenible y Buen Vivir, Ana Carolina Pont; el titular de la Federación, Tierra, Vivienda y Hábitat, Luis D’Elia; la diputada nacional Mónica Macha y el diputado nacional Leandro Santoro, entre otros funcionarios, especialistas internacionales y representantes de organizaciones autogestionarias del colectivo de hábitat popular de América Latina.
El objetivo de la jornada es intercambiar experiencias a través de diversos talleres temáticos sobre políticas públicas habitacionales y de urbanización que se desarrollan en Latinoamérica, así como sobre la apropiación de herramientas legales y técnicas que plantean el derecho de habitar el planeta con propuestas sustentables.
Durante su exposición, el Jefe de Estado indicó que “en estos 40 años de democracia se gestaron políticas neoliberales que lo único que hacen siempre es postergar a millones para que unos pocos se queden las ganancias”.
“Todos nosotros vimos la cara más pueril de la injusticia cuando la pandemia llegó, cuando el 10% de los países centrales se quedaron con el 90% de las vacunas”, graficó Fernández.
“Después de tanta injusticia, y como sobrevivientes de la pandemia que somos, tenemos el deber ético y moral de cambiar esta sociedad para hacer una sociedad más justa en Argentina, en América Latina y en todo el mundo”, concluyó.
En tanto, el ministro de Obras Públicas expresó el “apoyo y respaldo” del Gobierno nacional al proyecto de Ley “para que sea un logro del campo nacional y popular”.
Y reconoció asimismo “la pelea y la lucha por el hábitat y el techo digno de todos los militantes y los compañeros que han trabajado sin bajar nunca los brazos, y que nos han enseñado cómo se pelea contra los intereses corporativos del poder y cómo se organiza y se hace la construcción popular en el territorio”.
En su intervención, el presidente ratificó: «Mónica tu ley cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional», en referencia a la diputada nacional Mónica Macha del FdT que presentó el Proyecto.
También asistieron representantes de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos que integran la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular; de la Unión Nacional de Movimientos de Moradía, de Brasil; de la Red de Hábitat Popular, de Chile; del Movimiento Comunal Nacional de Panamá; del Movimiento Comunal Nacional, de Panamá; del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela; de Alba Movimientos; del Movimiento Territorial de Liberación; de la Federación Todos Juntos y del Frente de Organizaciones en Lucha, entre otros referentes del movimiento campesino, de trabajadores por la tierra, de comunidades de pueblos originarios y de espacios ambientalistas, además de legisladores de Brasil y Venezuela.
DDHH
Astiz, Acosta y Von Wernich: la Corte abre la puerta para que los últimos represores salgan de la cárcel
Mediante la Acordada 21/2026, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense elaborar un protocolo para evaluar si los detenidos por delitos de lesa humanidad pueden recibir tratamiento médico en la cárcel. La medida abre una puerta para ampliar las prisiones domiciliarias, en un universo donde ya hay 440 represores fuera de las rejas sobre un total de 519 imputados.
La Corte Suprema de Justicia dio un paso que encendió las alarmas en el campo de los derechos humanos. A través de la Acordada 21/2026, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti encomendaron al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo médico destinado a sistematizar los criterios de evaluación de la salud de los detenidos en establecimientos penitenciarios.
El objetivo declarado es brindar a los magistrados «mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud». Aunque la medida no se circunscribe formalmente a los casos de lesa humanidad, su impacto más inmediato recaerá sobre ese universo de imputados.
Qué establece el protocolo
Según la resolución, el protocolo deberá incluir un examen médico general de cada persona detenida y una verificación de las «condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento». La Corte fundamentó su decisión en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que «las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas». La herramienta jurídica es, en apariencia, garantista.
Sin embargo, su aplicación práctica en el contexto de las causas de crímenes contra la humanidad genera un interrogante político y ético de primer orden: ¿quiénes serán los principales beneficiarios de un mecanismo diseñado para facilitar las domiciliarias?
El mapa de la impunidad: 440 sobre 519
Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad iluminan el contexto con una precisión que no admite ambigüedades. De las 519 personas detenidas en causas por delitos de lesa humanidad, 440 ya cuentan con arresto domiciliario. Solo 18 permanecen en el sistema penitenciario federal y 61 en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo. En términos porcentuales, casi el 85% de los imputados por crímenes de la dictadura cumplen su detención fuera de la cárcel.
El nuevo protocolo de la Corte apunta precisamente al universo que permanece detenido en prisión. Entre los nombres más conocidos que aún se encuentran en establecimientos penitenciarios figuran Alfredo Astiz, el ex agente de la Armada apodado «Ángel de la Muerte», responsable de infiltrar y entregar a las Madres de Plaza de Mayo; Jorge Eduardo «El Tigre» Acosta, ex jefe de inteligencia de la ESMA y figura central del exterminio durante la última dictadura; y Christian Federico von Wernich, ex capellán policial condenado por homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas en la provincia de Buenos Aires.
Una decisión en un clima político que no es neutro
La acordada se conoce en un contexto político cargado. El actual gobierno de Javier Milei ha mostrado gestos reiterados de acercamiento simbólico con sectores que reivindican o relativizan el terrorismo de Estado, incluyendo la imagen pública de legisladores de La Libertad Avanza en encuentros con represores condenados. En ese marco, la iniciativa de la Corte de sistematizar criterios médicos para la prisión domiciliaria no puede leerse en abstracto.
Organismos de derechos humanos y sectores de la abogacía vinculados a las causas de lesa humanidad advierten que la medida, aunque formalmente enmarcada en garantías constitucionales, puede convertirse en un instrumento para acelerar la salida del sistema carcelario de los pocos represores que aún permanecen en prisión. La brecha entre el enunciado garantista y sus efectos concretos sobre condenados por crímenes contra la humanidad es el nudo político central del debate que viene.
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