DDHH
Desclasificado: «Transición problemática» informaba la CIA en el post Malvinas
Los informes fueron difundidos este viernes por las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), a través del «Proyecto Desclasificados», una colección temática de documentos elaborados por distintas agencias estadounidenses sobre el conflicto.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) produjo un informe poco después de la guerra de Malvinas en el que analizaba la situación política de la Junta Militar bajo el título «Argentina: una transición problemática», según surge de documentos desclasificados que se conocieron este viernes, a horas de cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico.
«Políticamente exhaustas y desacreditadas, las Fuerzas Armadas argentinas han prometido la restauración de un régimen civil«, abre el reporte de la CIA (por sus siglas en inglés) dirigido al Departamento de Estado norteamericano.
Los informes fueron difundidos este viernes por las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), a través del Proyecto Desclasificados, una colección temática de documentos desclasificados que fueron elaborados por distintas agencias de Estados Unidos sobre el conflicto bélico en las islas.
El documento de 26 páginas asigna el «ímpetu por las elecciones» a la derrota en Malvinas que «selló el destino del gobierno militar», aunque reconoce en el análisis que la base del fracaso de la junta tiene que ver con la «mala gestión económica».
En una serie de cuadros que recorren la evolución de la macroeconomía argentina en el período 76-82, el informe de inteligencia firmado por la CIA pero confeccionado por casi toda la comunidad de inteligencia estadounidense en mayo de 1983, fundamenta la idea de un impresionante fracaso en las políticas económicas de la dictadura.
En 1982, la inflación fue de alrededor del 200 por ciento y la tendencia se aceleraba; el desempleo oscilaba entre el 10 y el 12 por ciento y la deuda externa bordeaba los 40.000 millones de dólares, según señalaban los analistas tomando datos públicos y descartaban que el problema económico se impondría a cualquier otro que que debiera enfrentar el gobierno que sucediera a los militares.
«A medida que se acerca la fecha de las elecciones –mencionaba la CIA-, es probable que los responsables de la política económica se vuelvan cada vez más susceptibles a las presiones de políticas expansivas en lugar de las de austeridad».

El documento reseñaba también la compleja relación con el Fondo Monetario Internacional, en un párrafo de notable actualidad pese a haberse escrito hace casi 40 años por agentes de inteligencia de un país dominante: «Es probable que el gobierno no alcance los objetivos del FMI a finales de este año, pero es poco probable que el FMI corte la ayuda, prefiriendo trabajar en los términos revisados con un gobierno recién elegido», señalaba.
El documento está alojado en el reservorio desclasificados.org.ar, elaborado por Abuelas y el Cels en 2020 para hacer accesibles los archivos desclasificados de Estados Unidos, a través de una plataforma que admite búsquedas y filtros.
Dentro de este archivo, y con motivo de los 40 años de la guerra de Malvinas, Abuelas y el Cels iniciaron este viernes una serie temática con 133 documentos que refieren al período o están vinculados a episodios en el conflicto del Atlántico Sur.
En cuanto a sus propios intereses, los estadounidenses expresaron en el documento preocupación porque, desde 1980, se había «fortalecido considerablemente» la relación con la Unión Soviética y eso aumentaba «los riesgos de contaminación».
Esos vínculos preocupantes con los países socialistas, decían los espías, harán que las relaciones argentino-soviéticas «seguirá siendo esencialmente la misma bajo un gobierno civil de cualquiera de las partes (peronistas o radicales)».

Sobre el final del informe, la CIA enlistaba los dirigentes del momento que, a su criterio, tendrían mayor protagonismo en la transición a la democracia.
En primer lugar aparecía Antonio Cafiero, bajo la caracterización de «peronista verticalista»; seguido de Raúl Matera, «peronista moderado», e Ítalo Lúder, cerrando la lista de influyentes de la política con los radicales Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín.
Según precisó Abuelas en un comunicado, los documentos difundidos «aportan al análisis y comprensión de la época, las relaciones bilaterales, la venta de armas, el rol que el gobierno de Estados Unidos ha desempeñado durante la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur y las tensiones y disputas entre diferentes facciones de las fuerzas armadas, entre otras dimensiones».
Se trata de documentos producidos entre 1976 y 1985 por diferentes agencias de la administración de EEUU como el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, el National Archives y el Departamento de Defensa.
El proyecto fue llevado adelante por estudiantes provenientes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el traductorado de Inglés del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, entre otros.
«Se trata de un trabajo colaborativo para reconstruir y comprender el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio que implementó el terrorismo de Estado con las agencias de inteligencia norteamericanas y nacionales a su servicio», destacaron desde los organismos de derechos humanos.
Y concluyeron: «Conocer cómo funcionaron las estructuras de inteligencia constituye un nodo clave de la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia; así como también de la vida política actual y de nuestra democracia».
Córdoba
El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.
Una condena perpetua ignoró el contexto
En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.
Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.
El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.
Perspectiva de género y estándares internacionales
Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.
Más de diez organizaciones impulsaron la revisión
La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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