Por Ariadna Dacil Lanza

La decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de revocar una normativa dictada por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro que ponía trabas al acceso al aborto, incluso en los casos amparados por la ley, y de disponer la salida de un pacto internacional «antiaborto», fue bien recibida por el feminismo y a la vez recibió críticas de los sectores religiosos, que lo acusan de no respetar promesas electorales.

La ministra de Salud de Brasil, Nísia Trindade Lima, fue la firmante de la decisión administrativa publicada el lunes en el Boletín Oficial que dispone la derogación de una regulación vigente desde 2020 que obligaba a los médicos e instituciones de salud a notificar a la Policía cada vez que iban a realizar un aborto por violación.

La abogada brasileña Sandra Bazzo Barwinski explicó a Télam que la importancia de esta derogación radica en que Brasil se coloca «de conformidad con los principios constitucionales y convencionales de derechos humanos, porque es un derecho de la mujer decidir si interrumpe o no un embarazo y es el deber del Estado que ella pueda acceder a ese derecho de forma digna».

«El Código Penal pune el aborto. Es un delito, pero está permitido en dos casos; cuando fuera la única forma de salvar la vida de la gestante y cuando el embarazo es producto de un crimen contra la dignidad sexual. A partir de una decisión de la Corte Suprema, también se permite en casos de inviabilidad de la vida extrauterina», indicó la letrada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Pese a ser legal en estos tres casos, el texto de la gestión de Bolsonaro buscaba complejizar el acceso a la práctica y establecía como paso previo a la realización de un aborto, dentro de las causales previstas en la regulación brasileña, el requisito de «informar del hecho a la autoridad policial responsable».

A su vez, demandaba a los médicos e instituciones de salud «preservar posibles evidencias materiales del delito de violación para su inmediata entrega a la autoridad policial o a peritos oficiales».

Aquella medida de Bolsonaro, que no tenía fuerza de ley, agregaba requisitos no previstos en el código penal que incrementaban los pasos burocráticos para acceder al aborto legal.

Fue, a su vez, una de las primeras medidas del tercer ministro de Salud de Bolsonaro, el general del Ejército Eduardo Pazuello, y data del 23 de septiembre de 2020, una semana después de su asunción.

En un principio disponía que, previo al aborto, los médicos debían ofrecerle a la persona gestante la posibilidad de ver al embrión o feto a través de una ecografía. Sin embargo, este punto fue eliminado luego de la intermediación de la Corte Suprema de Brasil.

El acceso efectivo a la práctica del aborto ya es dificultosa, según Bazzo Barwinski, porque hay escasez de «servicios especializados» para cumplir la norma, principalmente para los casos de violación.

También apuntó contra otras prácticas como el registro de abortos, que, sin embargo, no es un elemento probatorio, pero que terminan instalando temor entre el personal de salud, por eso estimó que la derogación de Lula permite calmar «el pánico que se creó».

La enfermera y partera Paula Viana, que lucha por el aborto legal desde hace 40 años en Brasil, dijo a Télam que la revocación es importante porque la norma anterior «desorganizó todo e hizo que los gestores de los servicios de salud tuvieran cada vez más miedo de atender, dificultando y poniendo más barreras a las existentes para el aborto».

Según la profesional, que integra la ONG feminista Grupo Curumim, Bolsonaro avanzó en «capilaridad» de los ámbitos de influencia dentro del Estado y fuera de él con una visión conservadora y de ultraderecha.

En la vereda opuesta ubicó a las recientes medidas, que «marcan una posición de un Gobierno que pretende instituir políticas públicas afines a los grandes compromisos que el país firmó desde la década del 90 con el ciclo de conferencias de la ONU».

En paralelo, la derogación dispuesta el lunes provocó las críticas de parte de sectores conservadores.

La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil publicó el 18 de enero un comunicado en el que expuso su disconformidad con toda iniciativa que tendiente a flexibilizar el acceso al aborto.

Las últimas medidas «deben ser aclaradas por el Gobierno Federal, considerando que la defensa del no nacido se asumió como compromiso en campaña», indicaron los obispos en el comunicado.

Por el lado evangélico, el pastor bolsonarista y exasesor presidencial Silas Malafaia arremetió contra Lula, a quien llamó «cínico y manipulador» por no respetar promesas de campaña, después de que enviara una carta a electores de este credo en la que se definió como alguien contrario al aborto.

A la vez, Lula también había dicho que la regulación sobre ese tema era competencia del Congreso.

La crítica de Malafaia se centró en otra de las decisiones referente a los derechos de las mujeres y la salud reproductiva que tomó el Gobierno esta semana, después de que la Cancillería, junto a los Ministerios de Salud, de la Mujer y el de Derechos Humanos y Ciudadanía retiraran al país de la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.

La actual gestión entiende que éste conllevaba «una comprensión limitante de los derechos sexuales y reproductivos y del concepto de familia», según publicó el martes la Cancillería en su sitio web.

Aquel acuerdo, impulsado por EE.UU. en 2020, durante la presidencia de Donald Trump, y firmado por 34 naciones, era entendido como una declaración contra el aborto.

Como contrapartida, la cartera diplomática anunció la adhesión de Brasil a dos acuerdos sobre las mujeres: el Compromiso de Santiago, firmado en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2021, y la Declaración de Panamá, impulsada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2022.

Uno de los hijos del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, también se sumó a las críticas y dijo en Twitter que Lula sacó al país de la alianza que era una «línea de defensa provida».

Desde antes de asumir, en 2018, Bolsonaro se caracterizó por un discurso conservador y «a favor de la vida desde la concepción» con críticas a lo que llamaba «ideología de género».

Bazzo Barwinski dijo que confía en la fuerza del movimiento feminista para avanzar en la legalización del aborto más allá de las tres causales y aspira a que el nuevo Gobierno proponga una norma que sea «conforme con la normativa internacional de derechos humanos».

Por su parte, Viana dijo que hay que convivir con ciertas «diferencias» al interior del nuevo Gobierno, el cual trae una impronta de diálogo.

Si bien estima que puede ser difícil que en el corto plazo se amplíen los causales para garantizar el aborto, tiene esperanzas de que se «retiren las barreras de acceso a las existentes».