El Gobierno boliviano desmintió hoy que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, esté incomunicada, y que además se estableció una guardia médica permanente para supervisar su estado por la huelga de hambre que está realizando, por lo que niega que se estén vulnerando su derecho a la salud.

«Desde el pasado viernes, hay de cuatro a seis médicos en el recinto penitenciario vigilando de modo permanente la salud de la señora Áñez y también tenemos dispuesta la unidad de emergencia», señaló el jefe del equipo médico que supervisa la atención de la ex gobernante, informó la agencia boliviana de noticias ABI.

Áñez se declaró en ayuno voluntario el miércoles 9 en la cárcel donde está en detención preventiva desde marzo del año pasado, en espera de juicio ordinario por el golpe de Estado con el expresidente Evo Morales, que la llevó al poder.

El director del Hospital de Clínicas de La Paz, Johnny Ayllón, dijo que la salud de Áñez es estable, según constataron médicos que la atendieron pese a su negativa.

«La paciente está estable, aunque se la atiende incluso contra su voluntad como ordenó el juez, y los servicios médicos han establecido que su estado no reúne características para ser internada», dijo.

También lamentó que la exmandataria de facto haya rechazado la atención en por lo menos dos oportunidades, «aunque luego ha accedido», señaló.

Advirtió que por la huelga de hambre «en algún momento va a tener una descompensación y en ese momento vamos a tener que intervenir así sea en contra de su voluntad, internarla y darle las garantías para que pueda salir adelante».

Una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dijo el fin de semana, tras visitar a Áñez en la cárcel, que había constatado que sus derechos eran respetados, al contrario de lo que denunciaba insistentemente la hija de la expresidenta, Carolina Ribera.

La OACNUDH «constató que hasta el momento se ha respetado su decisión (de Áñez) como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación/tratamiento forzados», dijo el organismo en un comunicado vía Twitter.

El Ministerio de Gobierno y la Dirección de Régimen Penitenciario reportaron en términos parecidos la situación de Áñez y revelaron que habían prohibido el ingreso de Ribera a la cárcel debido a su «mal comportamiento», incluidas agresiones a guardias del local.

Áñez será juzgada por su proclamación irregular como titular del Senado y posteriormente como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia en 2019.

La ex mandataria de facto está con prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021, y desde su ingreso al penal de Miraflores ella misma y su familia denunciaron maltratos, desatención a su salud y hasta un intento de suicidio.

En octubre de 2021, la defensa de Áñez sufrió un revés cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares porque consideró que el Estado boliviano velaban por la salud de la detenida.