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Bolivia: Evo Morales quedó fuera de la carrera presidencial entre denuncias de persecución política

El ex mandatario indígena fracasó en su intento de inscribirse como candidato mientras permanece refugiado en el Chapare, enfrentando bloqueos institucionales y acusaciones judiciales que sus seguidores consideran motivadas políticamente.

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El Argentino Diario-Evo Morales-Luis Arce.

Tribunal Electoral cierra el paso a la candidatura de Morales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó este martes que el expresidente Evo Morales no podrá participar en las elecciones presidenciales previstas para agosto próximo, tras el fracaso de su intento de inscripción por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-bol), agrupación que carece de personería jurídica vigente.

«Pan-bol tiene su personalidad jurídica cancelada, por lo tanto, no pueden hacer registro de candidatos», explicó el secretario de Cámara del TSE, Luis Fernando Arteaga, en declaraciones a la prensa que profundizan la crisis política que atraviesa el país andino.

La imposibilidad de Morales de presentarse en los comicios se produce después de que el propio TSE anulara la personería jurídica de Pan-Bol a principios de mes, argumentando que el partido no superó el umbral mínimo del 3% de los votos en las elecciones presidenciales de 2020. Esta misma medida afectó también al Frente Para la Victoria (FPV).

El quiebre definitivo entre Morales y Arce

La situación actual es el resultado de la profunda ruptura entre Morales y el actual presidente Luis Arce, quien fuera su ministro de Economía y aliado político durante años. Esta fractura se materializó en febrero pasado cuando el expresidente renunció al Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que fundó y que ahora quedó bajo control de Arce.

Según analistas consultados por medios internacionales, esta ruptura representa el quiebre más significativo dentro del movimiento indígena-popular boliviano en décadas, dividiendo a las bases sociales que sustentaron el proyecto político iniciado en 2006.

«La imposibilidad de Morales de competir electoralmente consolida la estrategia del actual gobierno de eliminar a su principal adversario político mediante mecanismos institucionales», señaló Fernando Mayorga, politólogo de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

Tensión social y bloqueos en respuesta

La noticia generó una inmediata respuesta de los seguidores de Morales, quienes iniciaron bloqueos de caminos en diferentes regiones del país. La tensión se concentra especialmente en la región cocalera del Chapare, donde el expresidente permanece refugiado desde hace siete meses debido a una orden judicial de captura relacionada con un caso de trata de menores que él niega rotundamente.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han manifestado preocupación por la situación, señalando que existen elementos que sugieren una posible instrumentalización política del sistema judicial boliviano, fenómeno conocido como «lawfare» y que ha afectado a varios líderes progresistas latinoamericanos en años recientes.

Múltiples obstáculos legales

Más allá de la imposibilidad de inscribirse por un partido habilitado, Morales enfrenta otros obstáculos legales para su candidatura. El más significativo es una interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional que en diciembre de 2023 determinó que ningún presidente puede ejercer más de dos mandatos consecutivos o discontinuos, lo que bloquearía definitivamente cualquier intento de Morales de volver a la presidencia.

Esta decisión judicial revirtió una anterior resolución del mismo tribunal que en 2017 había habilitado a Morales para un cuarto mandato, argumentando que la reelección indefinida constituía un «derecho humano».

Escenario electoral incierto

Con la exclusión de Morales, el escenario electoral boliviano queda dominado por el MAS oficial y la posible candidatura de Andrónico Rodríguez, mientras que la oposición tradicional, representada por figuras como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, busca capitalizar la división del movimiento político que gobernó Bolivia durante 14 años.

Los analistas prevén un escenario de alta polarización y posible ingobernabilidad en caso de que ninguna candidatura logre consolidar un apoyo mayoritario en las urnas, en un contexto de creciente fragmentación política y deterioro económico.

Puntos clave:

  • El TSE impidió la candidatura de Morales al anular la personería jurídica del partido que intentó inscribirlo.
  • Morales permanece refugiado en el Chapare desde hace siete meses por una orden de captura judicial.
  • La ruptura entre Morales y Arce dividió al MAS y al movimiento indígena-popular boliviano.
  • Seguidores de Morales iniciaron bloqueos de caminos como protesta por la inhabilitación.
  • El caso refleja la creciente judicialización de la política boliviana y latinoamericana.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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