Otro argentino preso en Brasil: el racismo como patrón que se repite

★ A poco más de tres meses del escándalo que protagonizó la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro por realizar gestos racistas frente a empleados de un bar de Ipanema, Brasil vuelve a ser escenario de un incidente protagonizado por un ciudadano argentino. Esta vez, el acusado es José Luis Haile, de 67 años, residente en el país vecino desde hace dos años, detenido en flagrancia el lunes en una sucursal del supermercado sobre la calle Siqueira Campos, a metros de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

«Negra puta»: el insulto que derivó en prisión preventiva

Según consta en la denuncia policial, la víctima es Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabajadora de una aplicación de repartos. Samara se había ubicado frente a una caja que estaba por abrir en ese local para ganar tiempo con sus pedidos. La cajera demoró aproximadamente diez minutos en comenzar a atender.

Durante esa espera, Haile comenzó a quejarse en voz alta por la demora. Cuando Samara intervino para explicar que la tardanza correspondía al proceso de apertura de caja y que no era responsabilidad de la empleada, el hombre le exigió que se callara. Al negarse, Haile le dirigió el insulto «negra puta» en dos oportunidades.

La escena fue presenciada por otro ciudadano argentino que también realizaba compras en el local. Ese testigo, indignado, alertó a una patrulla de la Guardia Municipal que se encontraba en la esquina del supermercado. Los agentes detuvieron a Haile en el acto y lo trasladaron a la 12ª Comisaría de Policía Civil de Copacabana, donde quedó detenido en flagrancia por injuria racial.

Residente, no turista: una distinción clave

Un elemento diferencia este caso del de Agostina Páez y condiciona el proceso judicial de Haile: el acusado no está de vacaciones en Brasil. Según declaró ante la policía, vive en el país desde hace dos años y cuenta con residencia. Esa condición aceleró su derivación directa a una cárcel común en el barrio de Benfica, en lugar del arresto domiciliario con tobillera electrónica que tuvo Páez en sus primeras semanas, situación asociada a su estatus de turista.

La Justicia de Río de Janeiro convirtió rápidamente la detención en prisión preventiva. Desde enero de 2023, Brasil equiparó la injuria racial al delito de racismo por vía legislativa, lo que lo convierte en un delito imprescriptible, inafianzable en instancia policial y con una pena de entre dos y cinco años de reclusión.

Para Haile, las posibilidades de obtener autorización para abandonar el país durante el proceso son significativamente menores que las que tuvo Páez: al ser residente y no turista, los fundamentos procesales para una eventual morigeración de la pena o salida anticipada se reducen considerablemente.

El caso Páez: un antecedente que no cerró

El episodio de este lunes ocurre mientras el caso Páez aún no tiene sentencia firme. La abogada santiagueña fue filmada en enero de este año realizando gestos de imitación de mono frente a empleados de un bar de Ipanema. Estuvo más de 70 días bajo medidas cautelares y tobillera electrónica en Río, y solo pudo regresar a la Argentina luego del pago de una caución de aproximadamente 20.000 dólares.

Como informó este medio, el regreso de Páez al país no estuvo exento de nuevas polémicas: días después de su arribo, su padre Mariano Páez fue filmado repitiendo los mismos gestos racistas en un bar de Santiago del Estero. El hombre reconoció luego haber «reaccionado muy mal» ante lo que describió como una situación de provocación, aunque la retractación llegó después de haber intentado desmentir el video tildándolo de «trucado». La causa de Agostina Páez sigue abierta a la espera de la sentencia definitiva del juez brasileño.

El caso también tuvo derivaciones políticas en Argentina: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió con Páez en un café, en un gesto interpretado por analistas como una reivindicación implícita de la acusada que generó críticas dentro y fuera del oficialismo.

Una pauta que se instala

La acumulación de casos de argentinos detenidos o investigados en Brasil por injurias raciales o actos de discriminación comenzó a instalarse como pauta periodística recurrente. Más allá de las circunstancias individuales de cada episodio, el fenómeno refleja la brecha entre la legislación antirracista brasileña, que desde 2023 no distingue entre injuria racial y racismo, y la percepción que algunos viajantes o residentes argentinos tienen sobre sus propias conductas en el exterior. En Brasil, ese tipo de actos no quedan en una disputa interpersonal: son delitos graves, de acción pública, imprescriptibles y con penas de prisión efectiva.

Puntos clave:

• José Luis Haile, argentino de 67 años residente en Brasil, fue detenido en flagrancia por insultar racialmente a una joven repartidora en un supermercado de Copacabana, Río de Janeiro.
• El incidente ocurrió en la fila de una caja y fue presenciado por otro ciudadano argentino que alertó a la Guardia Municipal.
• La Justicia de Río convirtió la detención en prisión preventiva; Haile quedó alojado en una cárcel del barrio de Benfica.
• A diferencia de Agostina Páez, que era turista, Haile es residente en Brasil desde hace dos años, lo que reduce sus posibilidades de obtener autorización para salir del país.
• Desde enero de 2023, Brasil equiparó la injuria racial al racismo: el delito es imprescriptible, inafianzable y contempla penas de entre 2 y 5 años de prisión.