Santiago Peña pidió este viernes una prórroga de 72 horas para defenderse en el juicio político, y a las 8.45 (hora de Buenos Aires y de Asunción) el Senado paraguayo todavía no había resuelto el pedido y mantenía la citación para las 10. El presidente, que anunció su renuncia el jueves y sigue en el cargo, llega a la audiencia sin saber si tendrá más tiempo, mientras el Congreso planea votar su destitución esta misma noche.

En una nota al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, Peña dijo que recibió a las 22.15 del jueves la notificación 4217, con un libelo acusatorio de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos. “Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, escribió. También argumentó que necesita tiempo para “elegir un abogado de confianza”.

La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las ocho fiscales acusadoras, dijo a radio Monumental 1080 AM que Peña “quiere ganar tiempo” y advirtió que “dilatar esto podría tener sus consecuencias, pero eso es una decisión que va a tomar el Senado”.

A las 7.50, Núñez dijo a ABC Color que evaluaría de urgencia el pedido con los jefes de bancada y reconoció como válido el argumento del derecho a la defensa, para evitar demandas ante el sistema interamericano como las de Fernando Lugo y Raúl Cubas Grau. También reveló que algunos legisladores proponen convocar otra vez a la bicameral para aceptar la renuncia, que quedó sin votar y no rechazada, y aseguró que en ese caso votarían el desafuero inmediato de Peña.

Una renuncia presentada que no se efectivizó

El jueves, Peña difundió un video: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”. Pero en Paraguay la dimisión del presidente no se efectiviza con su anuncio: el artículo 202 de la Constitución reserva al Congreso, reunido en sesión bicameral, la facultad de aceptarla. Esa sesión quedó sin quórum cuando los legisladores colorados abandonaron el recinto en plena votación, de modo que la renuncia no fue aceptada ni rechazada: simplemente no se votó. Peña sigue legalmente en funciones.

La trampa estaba en la consecuencia. Si el Congreso aceptaba la renuncia, asumía el vicepresidente Pedro Alliana y Peña pasaba a ser senador vitalicio, con fueros que dificultarían una persecución penal inmediata, según explicó BBC Mundo. Por eso la oposición se negó a convalidarla. “Van a tener que explicar a sus vecinos lo que hicieron, que fueron cómplices de un delincuente y le han convertido en senador vitalicio”, les dijo a los oficialistas la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional. El diputado opositor Raúl Benítez, otro de los fiscales acusadores, reclamó que siga el juicio porque “necesitamos saber dónde está la plata”.

Del lado colorado, el diputado Rodrigo Gamarra defendió aceptar la renuncia: dijo que no significaba blanquear los actos de Peña sino darle “un corte definitivo” a la crisis. El camino que quedó abierto es el contrario. Si el Senado lo destituye con dos tercios (30 de 45 votos), Peña pierde la banca vitalicia y queda expuesto a la Justicia sin necesidad de un desafuero. El fiscal general, Emiliano Rolón, ya dispuso abrir una investigación penal por su papel en la crisis.

El golpe decisivo vino de su propia casa. El expresidente Horacio Cartes, jefe del Partido Colorado y mentor político de Peña, anunció su apoyo al juicio político y lo dejó aislado. Si hay destitución, el sucesor es Alliana, un dirigente de Cartes.

Qué le imputan y cuál es el vínculo con Ueno

Diputados aprobó el jueves por unanimidad el libelo por mal desempeño de funciones (artículo 225 de la Constitución). Según el documento, Peña habría mantenido un conflicto de intereses con el grupo dueño de Ueno Bank, habría favorecido la colocación de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad y habría obtenido un beneficio patrimonial indebido. Peña anunció en X que se defenderá “con argumentos y pruebas”.

Los datos del libelo, que la defensa todavía no respondió, son estos: Peña declaró acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones (el 1,58% de la sociedad), que conservó hasta 2025, ya como presidente. Los depósitos del IPS en el grupo habrían crecido un 3.035% desde septiembre de 2023, hasta superar los G. 2,2 billones (unos 333 millones de dólares), por encima del tope legal del 10% por emisor. La acusación también menciona dos préstamos de Ueno al propio Peña por G. 3.548 millones en mayo de 2024 para una vivienda en San Bernardino, y señala que Carlos Carvallo Spalding, expresidente de Financiera Ueno, pasó a presidir el Banco Central del Paraguay (BCP).

Tres causas penales y el cerrojo a los bienes

El Ministerio Público paraguayo abrió tres causas penales por la supervisión y la resolución de Ueno Bank y por la colocación de fondos públicos en la entidad, y el fiscal general Emiliano Rolón Fernández conformó un equipo especial para investigarlas. Una surge de la ampliación de una denuncia contra Peña de octubre de 2025, a la que senadores y diputados opositores sumaron los hechos de Ueno. Otra es una denuncia de senadores contra el presidente, el vicepresidente, un exministro de Economía y autoridades del BCP, del IPS y de la Seprelad. La tercera la presentó el ministro de Economía, Óscar Lovera Chávez. Según EFE, la Fiscalía anunció que incluirá a Peña en esas investigaciones. La apertura de una causa no es una imputación: marca el inicio de la investigación.

En paralelo, el juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia hizo lugar a un pedido fiscal y decretó la inhibición general de vender y gravar bienes de 34 personas físicas y jurídicas vinculadas a Ueno Bank y a empresas asociadas, entre ellas el CEO del banco, Federico Miguel Vázquez Villasanti, exdirectivos y firmas como Mowi S.A. y Grupo M S.A. Peña no figura en la lista difundida.

El Senado, en cinco sesiones

Núñez fijó un esquema de cinco sesiones para evitar nulidades, con el antecedente de la destitución exprés de Fernando Lugo en 2012, cuyo caso sigue abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera (juramento y acusación) se hizo el jueves. Hoy, según el cronograma, toca la defensa a las 10, las pruebas a las 13, los alegatos a la tarde y la votación a la noche. El pedido de Peña pone en tensión ese calendario: concederlo estira la crisis; negarlo alimenta su argumento de falta de garantías.

En paralelo, Peña firmó el Decreto 7199, que aceptó la renuncia de Enrique Riera Escudero como ministro del Interior y designó como interino al viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González, excomandante de la Policía. Riera, senador electo para el período 2023-2028 que estaba de licencia, fue quien llevó al Congreso la nota de renuncia de Peña. Ahora puede volver a su banca, justo en la Cámara que debe juzgarlo.

El desarme del corralito

El BCP empezó a devolver depósitos de Ueno por tramos. En la primera etapa cobran quienes cumplen a la vez tres condiciones: tener hasta 10 millones de guaraníes, no tener deudas con la entidad y contar con una cuenta en otro banco o financiera. Ese grupo recibe la totalidad de sus ahorros. El BCP no informó todavía el calendario de los demás grupos.

La ley promulgada el miércoles habilitó un anticipo de hasta 40 salarios mínimos (unos 121,7 millones de guaraníes) por depositante, con descuento de deudas vencidas, a cuenta de la garantía total de 75 salarios mínimos (228,3 millones). Los clientes sin cuenta en otra entidad, unos 262.000 según las autoridades, esperan a que se les abra una de oficio.

La dimensión social explica la velocidad política: Ueno tenía cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes, según BBC Mundo, y administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos. Entre los afectados hay unos 32.000 jubilados que cobraban por esa entidad.

El silencio de Milei

Peña fue uno de los aliados regionales más cercanos de Javier Milei. El jueves, mientras el Congreso paraguayo se quedaba sin quórum, el Presidente habló en la Sociedad Rural sin mencionar a su socio, y el Gobierno siguió sin referirse a su derrumbe. El coletazo ya llegó a la Argentina: Kaitel SRL, filial de ITTI, la tecnológica del grupo de Ueno, suspendió sin sueldo a parte de su plantel en Belgrano.

La crisis sigue abierta en tres frentes: el Senado, que hoy debe oír a Peña o resolver su pedido; los ahorristas, que cobran por tramos; y la Casa Rosada, que todavía no explica su alianza con un mandatario al que su propio partido dejó caer.

Lo que tenés que saber:

• Peña pidió 72 horas para defenderse; a las 8.45 el Senado no lo había resuelto y mantenía la citación a las 10.
• Su renuncia no se votó: la bicameral perdió quórum y él sigue en el cargo. Solo el Congreso puede aceptarla (artículo 202).
• Si se aceptaba, Peña pasaba a senador vitalicio con fueros; si lo destituyen (30 de 45 votos), pierde esa banca.
• La Fiscalía abrió tres causas penales por Ueno y un juez inhibió los bienes de 34 personas y empresas ligadas al banco.
• El BCP empezó a pagar a ahorristas de Ueno: primero, depósitos de hasta 10 millones de guaraníes.