Convierten en ley una iniciativa que reduce las superficies de plantaciones y que Lacalle Pou vetará. El Senado de Uruguay convirtió hoy en ley una iniciativa que limita las plantaciones forestales para la producción de celulosa, una propuesta que encontró juntos en el voto a Cabildo Abierto (CA), una fuerza marcadamente de derecha e integrante de la alianza de Gobierno, y al Frente Amplio (FA), de centroizquierda, y que pone al presidente Luis Lacalle Pou al borde del primer veto de su gestión.

El texto, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 16 votos sobre 31, merced a esa alianza circunstancial de Cabildo y el FA, y rechazado por los senadores de los partidos Colorado y Nacional, también de la coalición oficialista. La ley, que recibió el respaldo de organizaciones ambientalistas, agrarias y ganaderas, dispone que la superficie total de bosques de eucalipto de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10 por ciento del territorio bajo explotación agropecuaria, entre otros puntos.

El senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, explicó que la ley busca contrarrestar un arrollador avance de las plantas multinacionales de pasta de celulosa para fabricación de papel. El legislador indicó que «Uruguay tiene unas 16 millones de hectáreas, de la cuales en los últimos años se autorizó a unas pocas empresas a adquirir hasta casi 7 millones, produciéndose un fenómeno de gran concentración de tierra».

La bancada de CA aclaró que la nueva regulación no prohíbe la forestación, sino que la restringe para evitar que afecte a pequeños productores agropecuarios y, a la larga, a la soberanía alimentaria del país.

Hasta acá, la ley vigente, de 1987, buscaba aprovechar las tierras improductivas para el sector agrícola y ganadero, unas cuatro millones de hectáreas, y así destinarlas a la plantación de árboles, pero con la llegada de los gigantes del papel como la finlandesa UPM y la multinacional Montes del Plata, esas plantaciones se extendieron sobre tierras que no son de prioridad forestal.

Sabedor de que se iba camino a un virtual quiebre en la alianza oficialista, Lacalle Pou presentó el lunes un decreto que establece controles a las plantaciones forestales, a partir de la creación de un registro de plantaciones de menos de 100 hectáreas y de declarar sujetas a autorización ambiental especial las de más de 100 hectáreas.

El escrito no alcanzó para conformar las pretensiones de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, según Domenech porque “deja abierta la puerta a que la zona suroeste del Uruguay sea forestada». En el recinto, Domenech advirtió que la producción forestal «ocupa una amplia superficie» del territorio, desarrollando su actividad en «clara desigualdad» con actividades como la lechería, agricultura y ganadería, que «ni por asomo han gozado de los estímulos de esta otra actividad».

También sostuvo que esta producción se «ha extendido» a otras zonas no forestales, generando, dijo, una «competencia por la tierra» con actividades agropecuarias, y “se corre el riesgo» de que «desplace de importantes zonas del territorio a actividades como lechería y agricultura en la cuenca lechera y suroeste del país».

El nacionalista Sebastián Da Silva, en tanto, expresó que el proyecto «no atiende los problemas reales en el campo que existen con la forestación», que enumeró como la «garrapata diseminada en los montes forestales», así como la «proliferación de jabalíes» y los «perros de jauría», y advirtió que la iniciativa es un «cambio rotundo de la costumbre uruguaya de dar certeza y estabilidad a la hora del diseño de una política de Estado», según el sitio del diario El País.

El frenteamplista Enrique Rubio, a su turno, indicó que el sector forestal necesita de «estímulos» y “regulaciones» como «también la tienen» otros subsectores agropecuarios de Uruguay.

Raúl Batlle, del Partido Colorado, señaló que se trata de una «ley muy corta» que «no ha incorporado nada de toda la gente que ha recibido» en la comisión, y puso de relieve que las exportaciones forestales con «muy poco» uso de terreno «empatan» a otras actividades que utilizan «muchísimo más», por lo que fijar «topes» va en «dirección incorrecta».

Después, Alejandro Sánchez, del FA, juzgó «correcto» que Uruguay «regule y establezca prohibiciones, orientaciones». «Estamos tratando de regular. ¿Estamos prohibiendo la forestación? No. El tope de hasta 1.600.000 hectáreas establece crecimiento de plantación de cultivos forestales para los próximos 20 años». Sánchez agregó:»¿quién se va a sentir limitado porque va a seguir plantando árboles por 20 años más?» y aseguró que «a ninguno que tiene en Uruguay un árbol plantado se les cambia las reglas de juego con esta ley».

El exmilitar Guido Manini Ríos, líder de CA y probablemente la voz más esperada de la sesión, se preguntó «por qué esto se toma como un ataque al sector forestal”, reveló que “en estos últimos tiempos” pudo probar “el tremendo poder que tiene el lobby celulósico en este país” y aclaró que no está en contra de la producción forestal, sino de que “el país se transforma en un «gigantesco bosque de eucaliptus».

«Hay que apostar de una vez por todas al trabajo nacional; no podemos seguir jugando para las grandes empresas internacionales. Bienvenidas esas empresas, pero con las mismas condiciones que para nuestros trabajadores», sostuvo Manini Ríos.

Con todo, Lacalle Pou ya avisó semanas atrás que vetaría la iniciativa si pasaba las dos cámaras del Congreso, porque no formaba parte del «Compromiso por el país», el acuerdo que sustenta a la coalición gobernante, denominada «multicolor», integrada por los partidos Nacional, Colorado, de la Gente, Independiente y CA.

No es la primera polémica referida a la instalación de plantas de celulosa en Uruguay, porque entre 2005 y 2010 el presidente Tabaré Vázquez autorizó la construcción de dos fábricas de celulosa de eucalipto sobre las aguas del río Uruguay y generó un conflicto con Argentina, que advertía sobre la posible contaminación de los recursos hídricos.

Esas dos plantas, UPM y Montes del Plata, generaron también un debate dentro del entonces gobernante Frente Amplio, algunos de cuyos sectores sostenían que la forestación era contraria al modelo productivo que aspiraban para el país.

Sobre el final de la última administración de Vázquez se aprobó la instalación de una tercera planta, a concretarse próximos años, conocida popularmente como «UPM2».