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En Uruguay sancionaron ley para frenar avance de las plantaciones de celulosa

El lobby de las empresas productoras de celulosa y la posibilidad de veto de Lacalle Pou hacen peligrar la normativa

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Convierten en ley una iniciativa que reduce las superficies de plantaciones y que Lacalle Pou vetará. El Senado de Uruguay convirtió hoy en ley una iniciativa que limita las plantaciones forestales para la producción de celulosa, una propuesta que encontró juntos en el voto a Cabildo Abierto (CA), una fuerza marcadamente de derecha e integrante de la alianza de Gobierno, y al Frente Amplio (FA), de centroizquierda, y que pone al presidente Luis Lacalle Pou al borde del primer veto de su gestión.

El texto, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 16 votos sobre 31, merced a esa alianza circunstancial de Cabildo y el FA, y rechazado por los senadores de los partidos Colorado y Nacional, también de la coalición oficialista. La ley, que recibió el respaldo de organizaciones ambientalistas, agrarias y ganaderas, dispone que la superficie total de bosques de eucalipto de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10 por ciento del territorio bajo explotación agropecuaria, entre otros puntos.

El senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, explicó que la ley busca contrarrestar un arrollador avance de las plantas multinacionales de pasta de celulosa para fabricación de papel. El legislador indicó que «Uruguay tiene unas 16 millones de hectáreas, de la cuales en los últimos años se autorizó a unas pocas empresas a adquirir hasta casi 7 millones, produciéndose un fenómeno de gran concentración de tierra».

La bancada de CA aclaró que la nueva regulación no prohíbe la forestación, sino que la restringe para evitar que afecte a pequeños productores agropecuarios y, a la larga, a la soberanía alimentaria del país.

Hasta acá, la ley vigente, de 1987, buscaba aprovechar las tierras improductivas para el sector agrícola y ganadero, unas cuatro millones de hectáreas, y así destinarlas a la plantación de árboles, pero con la llegada de los gigantes del papel como la finlandesa UPM y la multinacional Montes del Plata, esas plantaciones se extendieron sobre tierras que no son de prioridad forestal.

Sabedor de que se iba camino a un virtual quiebre en la alianza oficialista, Lacalle Pou presentó el lunes un decreto que establece controles a las plantaciones forestales, a partir de la creación de un registro de plantaciones de menos de 100 hectáreas y de declarar sujetas a autorización ambiental especial las de más de 100 hectáreas.

El legislador Guido Manini pidió reunión con Lacalle Pou

El escrito no alcanzó para conformar las pretensiones de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, según Domenech porque “deja abierta la puerta a que la zona suroeste del Uruguay sea forestada». En el recinto, Domenech advirtió que la producción forestal «ocupa una amplia superficie» del territorio, desarrollando su actividad en «clara desigualdad» con actividades como la lechería, agricultura y ganadería, que «ni por asomo han gozado de los estímulos de esta otra actividad».

También sostuvo que esta producción se «ha extendido» a otras zonas no forestales, generando, dijo, una «competencia por la tierra» con actividades agropecuarias, y “se corre el riesgo» de que «desplace de importantes zonas del territorio a actividades como lechería y agricultura en la cuenca lechera y suroeste del país».

El nacionalista Sebastián Da Silva, en tanto, expresó que el proyecto «no atiende los problemas reales en el campo que existen con la forestación», que enumeró como la «garrapata diseminada en los montes forestales», así como la «proliferación de jabalíes» y los «perros de jauría», y advirtió que la iniciativa es un «cambio rotundo de la costumbre uruguaya de dar certeza y estabilidad a la hora del diseño de una política de Estado», según el sitio del diario El País.

El frenteamplista Enrique Rubio, a su turno, indicó que el sector forestal necesita de «estímulos» y “regulaciones» como «también la tienen» otros subsectores agropecuarios de Uruguay.

Raúl Batlle, del Partido Colorado, señaló que se trata de una «ley muy corta» que «no ha incorporado nada de toda la gente que ha recibido» en la comisión, y puso de relieve que las exportaciones forestales con «muy poco» uso de terreno «empatan» a otras actividades que utilizan «muchísimo más», por lo que fijar «topes» va en «dirección incorrecta».

Después, Alejandro Sánchez, del FA, juzgó «correcto» que Uruguay «regule y establezca prohibiciones, orientaciones». «Estamos tratando de regular. ¿Estamos prohibiendo la forestación? No. El tope de hasta 1.600.000 hectáreas establece crecimiento de plantación de cultivos forestales para los próximos 20 años». Sánchez agregó:»¿quién se va a sentir limitado porque va a seguir plantando árboles por 20 años más?» y aseguró que «a ninguno que tiene en Uruguay un árbol plantado se les cambia las reglas de juego con esta ley».

El exmilitar Guido Manini Ríos, líder de CA y probablemente la voz más esperada de la sesión, se preguntó «por qué esto se toma como un ataque al sector forestal”, reveló que “en estos últimos tiempos” pudo probar “el tremendo poder que tiene el lobby celulósico en este país” y aclaró que no está en contra de la producción forestal, sino de que “el país se transforma en un «gigantesco bosque de eucaliptus».

«Hay que apostar de una vez por todas al trabajo nacional; no podemos seguir jugando para las grandes empresas internacionales. Bienvenidas esas empresas, pero con las mismas condiciones que para nuestros trabajadores», sostuvo Manini Ríos.

Con todo, Lacalle Pou ya avisó semanas atrás que vetaría la iniciativa si pasaba las dos cámaras del Congreso, porque no formaba parte del «Compromiso por el país», el acuerdo que sustenta a la coalición gobernante, denominada «multicolor», integrada por los partidos Nacional, Colorado, de la Gente, Independiente y CA.

No es la primera polémica referida a la instalación de plantas de celulosa en Uruguay, porque entre 2005 y 2010 el presidente Tabaré Vázquez autorizó la construcción de dos fábricas de celulosa de eucalipto sobre las aguas del río Uruguay y generó un conflicto con Argentina, que advertía sobre la posible contaminación de los recursos hídricos.

Esas dos plantas, UPM y Montes del Plata, generaron también un debate dentro del entonces gobernante Frente Amplio, algunos de cuyos sectores sostenían que la forestación era contraria al modelo productivo que aspiraban para el país.

Sobre el final de la última administración de Vázquez se aprobó la instalación de una tercera planta, a concretarse próximos años, conocida popularmente como «UPM2».

Elecciones

Lula promulgó la jornada de 40 horas y la Argentina de Milei la estira a 12

Con 75 votos contra 1, el Senado brasileño aprobó la enmienda que reduce la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial. Lula la promulgó este viernes, a nueve días del balotaje contra Flávio Bolsonaro.

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Seis días de trabajo y uno solo de descanso: ese fue durante décadas el régimen de millones de trabajadoras y trabajadores brasileños. Desde este viernes, es historia constitucional. El Congreso de Brasil promulgó la Enmienda Constitucional N° 141 de 2026, que elimina la escala 6×1, garantiza dos días de descanso remunerado por semana y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas, sin rebaja de salarios. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Argentina de Javier Milei recorrió el camino exactamente inverso.

La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 221/2019 fue aprobada el miércoles 14 de octubre por el plenario del Senado Federal en dos turnos, con 75 votos a favor y uno solo en contra, el del exvicepresidente y senador Hamilton Mourão (Republicanos). Como los senadores mantuvieron la misma redacción aprobada por la Cámara de Diputados, el texto no volvió a la cámara baja y fue promulgado este viernes 16 en una sesión solemne encabezada por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União), y el titular de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué cambia y cuándo

La enmienda modifica el artículo 7° de la Constitución brasileña y establece una transición en dos etapas. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, el tope quedará fijado de manera definitiva en 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe expresamente que la reducción de horas se traduzca en una baja salarial y preserva los pisos de cada categoría.

Según un relevamiento del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), elaborado con datos de la encuesta nacional de hogares de 2025, la medida podría beneficiar a 26,8 millones de personas que hoy trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen una jornada contratada superior a ese límite.

En la ceremonia, Lula calificó la enmienda como una «victoria de la sociedad brasileña» y la comparó con la Constitución de 1988. Alcolumbre, por su parte, sostuvo que al aprobar el fin de la escala 6×1 «el Legislativo brasileño eligió el camino correcto, no el camino fácil», y afirmó que los impactos de la medida «son incalculables».

Una bandera que nació en la calle

La reducción de la jornada fue durante años una demanda histórica del movimiento sindical brasileño. El senador Paulo Paim (PT), que presentó a lo largo de su carrera diversos proyectos para llevar la jornada a 40 horas, estuvo entre los firmantes de la promulgación. El tema recobró fuerza a fines de 2024, cuando la diputada federal Erika Hilton (PSOL) lo instaló nuevamente en la agenda pública, y el gobierno lo convirtió en prioridad legislativa a partir del discurso de Lula del 1° de mayo de 2025.

La Central Única de los Trabajadores (CUT) celebró el fin de la «masacrante escala 6×1» como una victoria «mayúscula de la lucha, del sudor y de la organización de la clase trabajadora brasileña». En un comunicado, la central sostuvo que la aprobación marca un punto de quiebre en la superación de «un modelo arcaico y cruel que succiona las energías de quien realmente trabaja y produce la riqueza de esta nación». La Força Sindical, a través de su presidente Miguel Torres, destacó que la medida dará a millones de personas más tiempo para la salud, la familia, la formación y el ocio.

El lobby empresario ya pide marcha atrás

La reacción patronal no tardó. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la enmienda como un «retroceso» y su presidente, Ricardo Alban, pidió al Congreso que revise la medida «tras la constatación, por ejemplo, de la pérdida de competitividad y de la alta inflacionaria». La entidad estimó que la reducción de la jornada elevaría los costos de producción hasta en 267.000 millones de reales, con una caída de 0,7% del PIB. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) lamentó que el tema se discutiera «en pleno período electoral».

Las proyecciones catastróficas, sin embargo, no son unánimes. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estimó que el impacto sobre el costo total de las empresas rondaría el 1% en sectores como el comercio y la industria, con un máximo de 6,6% en vigilancia y seguridad. Una vez más, el argumento de la competitividad aparece como escudo para defender jornadas extenuantes que el propio mundo desarrollado abandonó hace décadas.

El bolsonarismo, entre el voto a favor y la letra chica

La oposición bolsonarista, que resistía la enmienda e intentó frenar su tratamiento esta semana, terminó liberando a su bancada cuando Alcolumbre puso el tema en el orden del día, y votó mayoritariamente a favor. El propio Flávio Bolsonaro anticipó que acompañaría el fin de la escala 6×1, una propuesta que se convirtió en una de las principales banderas de la campaña de Lula para el balotaje.

Pero el doble discurso quedó expuesto pocas horas después. En una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan, el líder del Partido Liberal (PL) en Diputados, Sóstenes Cavalcante, afirmó que, si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, debería impulsar la PEC 12/2026, que prevé un contrato «por hora trabajada». El voto favorable del bolsonarismo en el recinto convive así con una agenda de precarización que espera su turno en el cajón. El senador Randolfe Rodrigues reclamó a los legisladores contrarios al fin de la 6×1 que retiren sus firmas de esa iniciativa para permitir su archivo.

Un balotaje abierto a nueve días de las urnas

La promulgación llega en el momento más delicado de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Las encuestas difundidas este viernes muestran, sin embargo, un escenario de empate técnico: la de la Confederación Nacional del Transporte con el instituto MDA ubica a Flávio con 50,5% y a Lula con 49,5%, mientras que PoderData/AYA registra 48% contra 46%, una diferencia dentro del margen de error. En su medición anterior, PoderData había dado a Flávio una ventaja de 53% a 47%.

El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Lula llega a la recta final con una conquista concreta para el bolsillo y el tiempo de vida de la clase trabajadora, y con la ultraderecha obligada a votar una medida que combatió hasta último momento.

El espejo argentino: 12 horas y banco de horas

El contraste con la Argentina es brutal. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei, que en el Senado obtuvo 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, con Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza al frente de las negociaciones. La norma habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas sin pago de horas extras, compensadas mediante un «banco de horas»; reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, con prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%.

La CGT definió esa reforma como «regresiva e inconstitucional». Mientras Brasil discute cómo devolverle tiempo de vida a quienes trabajan, el gobierno libertario legisló para que ese tiempo quede a disposición del empleador. Dos modelos de país, dos ideas opuestas sobre quién debe pagar el costo del desarrollo.

Lo que tenés que saber:

  • El Senado de Brasil aprobó el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, la PEC 221/2019 que elimina la escala 6×1.
  • La jornada máxima baja de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, con dos días de descanso remunerado por semana.
  • La transición fija 42 horas a los 60 días de la promulgación y 40 horas doce meses después.
  • Lula participó este viernes de la promulgación, a nueve días del balotaje del 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro.
  • En la Argentina, la reforma laboral de Milei aprobada en febrero de 2026 habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas.

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