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Los muertos durante las protestas en Perú ascienden a siete

Mientras tanto, el depuesto presidente Pedro Castillo, clama por su liberación y asegura que lo tienen secuestrado.

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La jefa de la Defensoría del Pueblo de Perú, Eliana Revollar, informó que siete personas habían muerto durante dos días de protestas, todas por heridas de bala, en un marco de tensiones políticas.

Las autoridades de Apurímac informaron el lunes temprano la muerte de un joven de 16 años y dos de 18, mientras que en Arequipa se informó otra muerte y dos adolescentes fueron asesinados el domingo, según el detalle que ofrece la agencia de noticias Reuters.

«Estas son realmente muertes innecesarias», dijo Revollar a la emisora ​​local Epicentro, y agregó que al menos 32 civiles y 24 policías resultaron heridos.

Citando «tiempos difíciles», la sexta presidenta de Perú en los últimos cinco años, Dina Boluarte, comentó que proponía adelantar las próximas elecciones generales programadas originalmente para 2026 a abril de 2024. 

Pedro Castillo clama por su libertad 

El expresidente peruano Pedro Castillo difundió una carta en la que aseguró que se siente «secuestrado» por las autoridades del país, que lo mantienen detenido preliminarmente en una cárcel de Lima mientras es investigado por presunta «rebelión» tras haber intentado disolver el Congreso.

«Les hablo en el trance más difícil de mi Gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aun así revestido de la confianza y lucha de ustedes», manifestó el exmandatario dirigiéndose a sus seguidores, que protagonizan jornadas de protestas en varias regiones peruanas.

En el texto de su puño y letra, que publicó en su cuenta de Twitter, aseveró que decidió dirigirse a la población para reiterar que es «incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional» que recibió al ser electo como presidente, por lo que no «renunciará» ni «abandonará» sus funciones.

Por otra parte, Castillo tildó de «usurpadora» a su sucesora, la presidenta Dina Boluarte, y aseveró que lo dicho recientemente por ella, aunque no precisó a qué se refería, «no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista».

«El pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones», aseveró, al tiempo que insistió una vez más en que se avance en la aprobación de una asamblea constituyente.

Más denuncias

Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra el exjefe de Estado por presunta rebelión y alternativamente conspiración, tras haber intentado cerrar el Parlamento el pasado 7 de diciembre.

La denuncia, que señala a Castillo de ser el «presunto coautor» del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, incluye también a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, así como a los extitulares de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y del Interior, Willy Huerta.

Benavides formalizó su denuncia poco después de que el Parlamento acordara durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza levantar el fuero del expresidente, para evitar que tenga que pasar por un antejuicio político.

La resolución legislativa, aprobada con 67 votos a favor y 45 en contra, abre camino para que la Fiscalía amplíe su pedido de detención preliminar que terminaba este martes, según lo determinó el Poder Judicial el pasado 8 de diciembre, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Castillo, quien fue destituido del cargo el 7 de diciembre tras ser acusado de intento de «golpe de Estado», se encuentra detenido preliminarmente en el penal de Barbadillo, en la ciudad de Lima, donde el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años.

Investigación 🔎

Rodrigo Paz admitió el vínculo con Cerimedo pero negó que tuviera funciones oficiales

El presidente boliviano reconoció que el estratega argentino colaboró en su campaña y en los primeros tramos de su gestión, pero descartó que haya existido contrato, relación laboral o autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia. Las declaraciones contrastan con la versión de Nadia Beller, quien describió a Cerimedo como un poder paralelo dentro del Ejecutivo.

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El relato de Rodrigo Paz sobre Cerimedo: entre el reconocimiento del vínculo y el intento de desligarse del escándalo.

Diez días después del ataque armado contra Nadia Beller, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio que mantuvo desde el 17 de agosto y publicó un video de cuatro minutos en el que reconoció el vínculo con Fernando Cerimedo, el consultor político argentino vinculado al espacio de La Libertad Avanza, pero trazó una línea clara entre la colaboración informal en campaña y cualquier forma de representación institucional.

«Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral», afirmó Paz en la grabación. Según el mandatario, esa colaboración se extendió también a los primeros tramos de su gestión, pero nunca derivó en una relación formal.

«Jamás tuvo autorización para representar al Estado»

«Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno», reconoció Paz. Sin embargo, subrayó que esa participación no implicó vínculo contractual ni mandato institucional de ningún tipo. «Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales», sostuvo.

El presidente fue categórico al delimitar las atribuciones que Cerimedo nunca tuvo: «El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia», afirmó, según un amplio informe de Xinhua. Paz aclaró que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes cuentan con mandato institucional expreso.

La versión de Beller y el contraste con el relato oficial

Las declaraciones del mandatario chocan de frente con el relato que Beller construyó públicamente desde que fue atacada. La abogada y expareja de Cerimedo aseguró ante los medios que el consultor argentino operaba como una suerte de «presidente en la sombra» dentro del Gobierno de Paz, y que habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a miembros de la familia del mandatario.

Beller también señaló que Cerimedo estaba involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que respondía al consultor, y pagos a legisladores para garantizar la aprobación de ciertas leyes. Estas denuncias forman parte de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia boliviana, en la que Beller fue citada como testigo.

Cerimedo, detenido en Palmasola con tres causas abiertas

Cerimedo permanece en detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple seis meses de prisión preventiva por ser considerado el presunto autor intelectual del ataque contra Beller, que derivó en una imputación por tentativa de feminicidio. A esa causa se suman el proceso por enriquecimiento ilícito y un tercero por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

El mandatario boliviano aseguró que solicitó a la Policía Nacional realizar todas las investigaciones pertinentes sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente. Por su parte, Beller anunció que aportará nuevas pruebas en la causa y que está dispuesta a declarar también en la Argentina, donde la investigación sobre Cerimedo tiene ramificaciones vinculadas al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Puntos clave

  • Rodrigo Paz reconoció que Cerimedo colaboró en su campaña y en el inicio de su gestión, pero negó todo vínculo contractual o representación institucional.
  • El presidente boliviano afirmó que Cerimedo «jamás» tuvo autorización para hablar en nombre del Estado, la Presidencia o su familia.
  • Beller sostuvo, en contraposición, que el consultor operaba como un poder paralelo e intervenía en decisiones del Ejecutivo.
  • Cerimedo enfrenta tres causas penales simultáneas en Bolivia: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas.
  • Beller confirmó que aportará nuevas pruebas y que está dispuesta a declarar en Argentina, donde el caso tiene conexiones con la causa ANDIS.
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