La jefa de la Defensoría del Pueblo de Perú, Eliana Revollar, informó que siete personas habían muerto durante dos días de protestas, todas por heridas de bala, en un marco de tensiones políticas.

Las autoridades de Apurímac informaron el lunes temprano la muerte de un joven de 16 años y dos de 18, mientras que en Arequipa se informó otra muerte y dos adolescentes fueron asesinados el domingo, según el detalle que ofrece la agencia de noticias Reuters.

«Estas son realmente muertes innecesarias», dijo Revollar a la emisora ​​local Epicentro, y agregó que al menos 32 civiles y 24 policías resultaron heridos.

Citando «tiempos difíciles», la sexta presidenta de Perú en los últimos cinco años, Dina Boluarte, comentó que proponía adelantar las próximas elecciones generales programadas originalmente para 2026 a abril de 2024. 

Pedro Castillo clama por su libertad 

El expresidente peruano Pedro Castillo difundió una carta en la que aseguró que se siente «secuestrado» por las autoridades del país, que lo mantienen detenido preliminarmente en una cárcel de Lima mientras es investigado por presunta «rebelión» tras haber intentado disolver el Congreso.

«Les hablo en el trance más difícil de mi Gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aun así revestido de la confianza y lucha de ustedes», manifestó el exmandatario dirigiéndose a sus seguidores, que protagonizan jornadas de protestas en varias regiones peruanas.

En el texto de su puño y letra, que publicó en su cuenta de Twitter, aseveró que decidió dirigirse a la población para reiterar que es «incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional» que recibió al ser electo como presidente, por lo que no «renunciará» ni «abandonará» sus funciones.

Por otra parte, Castillo tildó de «usurpadora» a su sucesora, la presidenta Dina Boluarte, y aseveró que lo dicho recientemente por ella, aunque no precisó a qué se refería, «no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista».

«El pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones», aseveró, al tiempo que insistió una vez más en que se avance en la aprobación de una asamblea constituyente.

Más denuncias

Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra el exjefe de Estado por presunta rebelión y alternativamente conspiración, tras haber intentado cerrar el Parlamento el pasado 7 de diciembre.

La denuncia, que señala a Castillo de ser el «presunto coautor» del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, incluye también a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, así como a los extitulares de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y del Interior, Willy Huerta.

Benavides formalizó su denuncia poco después de que el Parlamento acordara durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza levantar el fuero del expresidente, para evitar que tenga que pasar por un antejuicio político.

La resolución legislativa, aprobada con 67 votos a favor y 45 en contra, abre camino para que la Fiscalía amplíe su pedido de detención preliminar que terminaba este martes, según lo determinó el Poder Judicial el pasado 8 de diciembre, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Castillo, quien fue destituido del cargo el 7 de diciembre tras ser acusado de intento de «golpe de Estado», se encuentra detenido preliminarmente en el penal de Barbadillo, en la ciudad de Lima, donde el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años.