Sesenta personas y empresas quedan ahora bajo el radar sancionatorio del Estado argentino por la explotación ilegítima de recursos hidrocarburíferos en Malvinas. El Gobierno anunció este miércoles la apertura de procedimientos contra 15 sujetos adicionales, accionistas, directivos y proveedores de las petroleras que operan en las Islas con licencias británicas, en lo que representa la expansión más significativa del universo investigado desde que comenzaron los sumarios administrativos amparados en la Ley 26.659.

La ampliación se produjo en la misma jornada en que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, respondió ante la Cámara de los Comunes a una interpelación de la líder conservadora Kemi Badenoch y ratificó la posición histórica de todos los gobiernos británicos sobre la soberanía de las Islas, sin concesiones ni matices.

La respuesta de Burnham: «nunca cambiará con este gobierno»

En su primera alusión pública a la cuestión Malvinas desde que asumió el gobierno laborista, Burnham fue terminante. «Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos», afirmó, en referencia al referéndum celebrado en las Islas en 2013. «Esto nunca cambiará con este Gobierno», agregó, y lanzó la frase que resonó en Buenos Aires: «Vamos a ser implacables a la hora de defenderlo».

La declaración se inscribe en la posición que todos los gobiernos del Reino Unido, laboristas y conservadores, han mantenido sin variaciones desde la gestión de Margaret Thatcher en 1982. Sin embargo, su oportunidad no es casual: Burnham habló días después de que el presidente Donald Trump amenazara con retirar el respaldo estadounidense a la posición británica, y en medio de la ofensiva sancionatoria que el Gobierno de Javier Milei viene desplegando contra las empresas que operan en las Islas sin autorización argentina.

De 45 a 60: quiénes integran la nueva nómina sancionada

El listado ampliado incorpora ocho empresas y siete personas físicas. Entre las compañías figura Shlomo Eliahu Holdings Ltd., del Estado de Israel, señalada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto Sea Lion. También se sumaron cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: los fondos británicos Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., la sociedad SMR Advisors (Monaco) SAM radicada en Mónaco, y el Mizrahi Tefahot Bank Ltd. de Israel.

En el caso de la firma Borders & Southern, el sumario alcanza a David Williamson Dobson, identificado como accionista y presidente no ejecutivo. Y en relación con Eco (Atlantic) Oil & Gas, la nómina incluye a seis personas vinculadas a la empresa: Gil Holzman (accionista y director ejecutivo), Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman (directores), Alice Carroll (miembro) y Gadi Levin (director financiero).

La nómina se completa con tres empresas ligadas a la infraestructura del proyecto: Bluewater Energy Services BV (Países Bajos), Bluewater Sea Lion Production Company Limited (Reino Unido) y Noble Corporation UK Ltd., también británica, señalada como casa matriz de un proveedor estratégico de las operaciones en las Islas.

Las consecuencias: sin RIGI, sin contratos, sin beneficios fiscales

El vocero presidencial Adrián Ravier precisó en su conferencia semanal el alcance efectivo de las sanciones previstas por la Ley 26.659. «Cualquier empresa o proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en la zona de Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino», afirmó. Según explicó, las firmas sumariadas tampoco podrán adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos como Vaca Muerta.

La Oficina del Presidente anticipó que continuará identificando actores involucrados en la explotación de recursos sin autorización argentina y que avanzará con los correspondientes sumarios administrativos. «La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía», sostuvo el Ejecutivo al anunciar la ampliación del listado.

El canciller Pablo Quirno fue más explícito en la dimensión política del proceso: desde el anuncio inicial de las sanciones, afirmó que no paró de «atender llamados de empresas», una señal de que la presión económica produce efectos más inmediatos que la vía diplomática tradicional.

El contexto: Trump, la campaña y la Ley 26.659

La ofensiva soberanista del Gobierno nacional se despliega en un marco particular. La Ley 26.659, que prohíbe toda actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional, lleva más de quince años vigente y fue utilizada con escasa consistencia durante buena parte de ese período. La decisión de activarla con esta intensidad coincide con el acercamiento de las elecciones de 2027 y con la presión de Donald Trump sobre el gobierno laborista de Burnham, una ventana de oportunidad que el Ejecutivo argentino eligió no desaprovechar.

La Asamblea Legislativa de las Islas, por su parte, salió a marcar su posición. «Nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí», declaró, reforzando el argumento de la autodeterminación que Burnham también invocó ante el Parlamento. Es el mismo argumento con el que Londres viene bloqueando cualquier apertura de negociaciones de soberanía desde 1982.

Puntos clave

• El primer ministro Andy Burnham ratificó ante la Cámara de los Comunes que el gobierno laborista será «implacable» en la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
• Argentina amplió a 60 el universo de sancionados bajo la Ley 26.659, sumando 15 nuevos sujetos: fondos de inversión británicos, un banco israelí, accionistas y proveedores del proyecto Sea Lion.
• Las empresas sumariadas quedan excluidas del RIGI, los contratos con el Estado y los beneficios fiscales, según confirmó el vocero presidencial Adrián Ravier.
• La Ley 26.659, vigente hace más de quince años, se activa con esta intensidad por primera vez en el período preelectoral de 2027.
• La cancillería señaló que desde el inicio de las sanciones el Ministerio no dejó de recibir llamados de empresas afectadas.