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Lawfare escandaloso: ONU dice que Moro violó los derechos legales de Lula

La organización de Naciones Unidas hace referencia al inadmisible juicio al que fue sometido, sin contar con las garantías legales pertinentes, durante los procesos penales que sufrió.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU ratificó hoy que el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales contra él por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad.

De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas.

«Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un ex jefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso«, remarcó Arif Bulkan, miembro del comité, informó la agencia Europa Press.

Lula, que parte como favorito para las elecciones de octubre de este año, fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa Lava Jato, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht.

El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia del actual presidente, Jair Bolsonaro.

LAS VIOLACIONES DE MORO

Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, y después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio ex presidente.

«La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del ex juez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia», añadió el informe, consignó la agencia Sputnik.

Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel por presuntos delitos de corrupción en julio de 2017, y al año siguiente, en enero, una corte de apelación aumentó la pena a 12 años.

En abril de 2018, Lula empezó a cumplir la condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año, para las que partía como favorito, y en las que se impuso Bolsonaro.

Sin embargo, ya en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió Moro, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la causa.

¿QUIÉN PAGA LA CÁRCEL DE LULA Y LOS DAÑOS CAUSADOS?

El Comité de Naciones Unidas sostiene que, a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, «no fue suficiente» para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.

Lula anunció la semana pasada que el 7 de mayo lanzará su precandidatura presidencial oficial en un acto del Partido de los Trabajadores (PT).

También será consagrada ante el PT la candidatura como vice del ex gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, un tradicional rival electoral de Lula, en el marco de las políticas de alianzas para intentar vencer en la primera vuelta del 2 de octubre a Bolsonaro.

La elección se da en un escenario de polarización con ventaja para Lula de entre 5 y 10 puntos sobre Bolsonaro, según las encuestas.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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