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Denuncia

Gestapo: Macri, Vidal, Arribas y Majdalani en la mira de la justicia

La justicia dijo que los hechos investigados se iniciaron unos 40 días antes de la reunión en Banco Provincia durante un encuentro realizado en Casa Rosada.

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La causa judicial en la que se investiga si se ejecutaron actividades ilegales para lograr la detención del gremialista de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina avanzará ahora en dirección a determinar la eventual responsabilidad penal en los hechos del ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos.

La información surge del pasaje final del fallo firmado anoche por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el que procesó a tres ex agentes jerárquicos de la AFI, a dos funcionarios del gobierno de Vidal, al intendente de la Plata, Julio Garro, y al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, por la supuesta persecución por medios ilegales desatada contra Medina.

El-Argentino-Vidal-Macri

«Del análisis de los hechos efectuado en el presente auto, se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas. Por el contrario, diversas líneas de investigación se desprenden de las mismas conclusiones sobre los hechos que en estas páginas se sostienen», sostuvo el juez en el capítulo del fallo titulado «La continuidad de la investigación».

El magistrado sostuvo que «en primer lugar, se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados».

«Del mismo modo, existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso«, señaló el magistrado.

El-Argentino-Reunión Gestapo

El juez, que acusó a los procesados de haber incurrido en violaciones a la ley de inteligencia y de haber participado de maniobras que terminaron por generar decisiones judiciales arbitrarias (prevaricato), sostuvo que «por otra parte, se advierte la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal cuyo obrar ha sido considerado relevante en cuanto precede».

De acuerdo al fallo del juez Kreplak, los hechos investigados no se iniciaron en la reunión llevada a cabo en las oficinas porteñas del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 si no al menos unos 40 días antes durante una reunión realizada en Casa Rosada.

El video del encuentro realizado en la sede del Banco Provincia fue encontrado en la AFI y presentado ante la justicia por la actual interventora de ese organismo, Cristina Caamaño, quien lo presentó a la Justicia Federal de La Plata.

El-Argentino-Vidal junto al ex ministro Villegas

«Los datos agregados a la causa permiten sostener que durante los primeros meses del año 2017 comenzó a gestarse la decisión, en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial, de llevar a cabo una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de Uocra Seccional La Plata», sostuvo Kreplak en el fallo al que accedió Télam.

«Sin perjuicio de algunos elementos que podrían retrotraer las conversaciones en ese sentido, el primer antecedente suficientemente comprobado hasta aquí consiste en una reunión llevada a cabo el día 4/5/17 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida», continuó.

El-Argentino-Marcelo Villegas

Esa reunión fue admitida por el ahora procesado ex ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, quien en su indagatoria presentó un escrito en el que reveló que en el 2017 fue citado a una reunión en la Casa Rosada para hablar sobre situaciones vinculadas al gremialista Medina y que el entonces presidente Macri aprovechó la ocasión para ponerle a disposición a funcionarios de su Gobierno, entre los que estaba el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas.

«Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos», relató Villegas en el escrito que presentó.

«Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (Agencia Federal de Inteligencia)», detalló Villegas en sobre aquella reunión que ocurrió en mayo de 2017.

El ex ministro de Vidal contó que cuando Macri lo presentó ante el resto de los convocados refirió a que había sido invitado porque «la Gobernadora» (en referencia a Vidal) le había contado que estaban «encarando un proceso con empresarios» y también relató que antes de irse el entonces presidente le dijo: «Si necesitas algo de los que están acá hacelo saber».

El juez Krpelak reseñó en su fallo que después de aquella reunión reconocida por Villegas y acreditada con el registro de ingresos a la Casa Rosada, se constataron tareas de inteligencia realizadas sobre el «Pata» Medina, su entorno, empresas vinculadas a su familia y la Uocra de La Plata sin orden judicial que las habilitara.

«Las constancias reunidas en la causa dan cuenta del involucramiento directo de la AFI en la judicialización de la situación de Uocra-La Plata. Entre otras cosas, se comprobó el desarrollo de tareas de inteligencia sobre Medina y sus allegados, que implicaron, al menos, la realización de investigaciones de campo y el acceso a distintas bases de datos por parte de agentes de la AFI, que sirvieron para la elaboración de informes», sostuvo.

El-Argentino-Macri Mauricio-

«Se detectaron, además, ingresos a bases datos por parte de dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Todo ello, como se dijo, sin que exista orden judicial que habilitara esas actividades«, escribió el magistrado.

«Podrá advertirse que, si bien se detectaron algunos accesos a bases de datos en el mes de abril 2017, las actividades de espionaje se ampliaron e intensificaron notoriamente durante los días siguientes a la reunión llevada a cabo el día 4 de mayo en Casa Rosada», explicó el juez en la parte de su fallo en la que introduce todas las pruebas reunidas en relación a las tareas de inteligencia ilegal.

A lo largo del fallo conocido ayer, el juez Kreplak también reconstruyó la reunión llevada a cabo en el Bapro donde un grupo de empresarios de la construcción de la Ciudad de La Plata fueron instruidos por los miembros de la AFI y del gobierno de Vidal para presentar denuncias ante el ministerio de Trabajo provincial y/o ante la justicia federal en contra del «Pata» Medina.

En ese encuentro, se les indicó qué palabras debían utilizar y se les garantizó que estaba allanado el camino para que la justicia avanzara en la dirección buscada: la detención del gremialista de la construcción.

En ese contexto, el magistrado enumeró los contactos que pudieron constatarse entre algunos de los participantes de la reunión del Bapro y el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y su secretario Pablo Wilk, en los momentos en los que avanzaba la estrategia que se había expuesto ante los empresarios de la construcción el 15 de junio de 2017.

El juez Kreplak concluyó en su resolución que de la prueba colectada se desprende «un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial –de Buenos Aires- y municipal –de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial».

«Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores», continuó.

«En suma, sabemos con un impactante nivel de detalle que entre los meses de mayo y septiembre de 2017 se decidió, puso en práctica y tuvo los resultados esperados en ese momento una estrategia parajudicial para resolver la conflictividad asociada a la actividad del sindicato Uocra-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata», relató.

«Esta estrategia implicó la proliferación de una docena de denuncias en el escaso margen de dos meses, fundadas en muchos casos sobre denuncias anónimas realizados a partir de actividades de investigación criminal ilegal, en ocasiones en infracción a las reglas de competencia y a otras previsiones procesales, y destinadas casi exclusivamente a servir como receptáculo de elementos probatorios obtenidos por fuera de esas investigaciones y a partir de la actuación directa de algunos de estos funcionarios jerárquicos de los poderes ejecutivos», finalizó.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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