La causa judicial en la que se investiga si se ejecutaron actividades ilegales para lograr la detención del gremialista de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina avanzará ahora en dirección a determinar la eventual responsabilidad penal en los hechos del ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos.

La información surge del pasaje final del fallo firmado anoche por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, en el que procesó a tres ex agentes jerárquicos de la AFI, a dos funcionarios del gobierno de Vidal, al intendente de la Plata, Julio Garro, y al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, por la supuesta persecución por medios ilegales desatada contra Medina.

«Del análisis de los hechos efectuado en el presente auto, se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas. Por el contrario, diversas líneas de investigación se desprenden de las mismas conclusiones sobre los hechos que en estas páginas se sostienen», sostuvo el juez en el capítulo del fallo titulado «La continuidad de la investigación».

El magistrado sostuvo que «en primer lugar, se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados».

«Del mismo modo, existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso«, señaló el magistrado.

El juez, que acusó a los procesados de haber incurrido en violaciones a la ley de inteligencia y de haber participado de maniobras que terminaron por generar decisiones judiciales arbitrarias (prevaricato), sostuvo que «por otra parte, se advierte la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal cuyo obrar ha sido considerado relevante en cuanto precede».

De acuerdo al fallo del juez Kreplak, los hechos investigados no se iniciaron en la reunión llevada a cabo en las oficinas porteñas del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 si no al menos unos 40 días antes durante una reunión realizada en Casa Rosada.

El video del encuentro realizado en la sede del Banco Provincia fue encontrado en la AFI y presentado ante la justicia por la actual interventora de ese organismo, Cristina Caamaño, quien lo presentó a la Justicia Federal de La Plata.

«Los datos agregados a la causa permiten sostener que durante los primeros meses del año 2017 comenzó a gestarse la decisión, en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial, de llevar a cabo una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de Uocra Seccional La Plata», sostuvo Kreplak en el fallo al que accedió Télam.

«Sin perjuicio de algunos elementos que podrían retrotraer las conversaciones en ese sentido, el primer antecedente suficientemente comprobado hasta aquí consiste en una reunión llevada a cabo el día 4/5/17 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida», continuó.

Esa reunión fue admitida por el ahora procesado ex ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, quien en su indagatoria presentó un escrito en el que reveló que en el 2017 fue citado a una reunión en la Casa Rosada para hablar sobre situaciones vinculadas al gremialista Medina y que el entonces presidente Macri aprovechó la ocasión para ponerle a disposición a funcionarios de su Gobierno, entre los que estaba el jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo Arribas.

«Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado. Destaco que era el último tema para tratar de la reunión en curso, ya que luego de tratar ese tema nos retiramos todos», relató Villegas en el escrito que presentó.

«Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), el ministro Germán Garavano (Justicia), el ministro Jorge Triaca (Trabajo), el ministro Guillermo Dietrich (Transporte) y el señor Gustavo Arribas (Agencia Federal de Inteligencia)», detalló Villegas en sobre aquella reunión que ocurrió en mayo de 2017.

El ex ministro de Vidal contó que cuando Macri lo presentó ante el resto de los convocados refirió a que había sido invitado porque «la Gobernadora» (en referencia a Vidal) le había contado que estaban «encarando un proceso con empresarios» y también relató que antes de irse el entonces presidente le dijo: «Si necesitas algo de los que están acá hacelo saber».

El juez Krpelak reseñó en su fallo que después de aquella reunión reconocida por Villegas y acreditada con el registro de ingresos a la Casa Rosada, se constataron tareas de inteligencia realizadas sobre el «Pata» Medina, su entorno, empresas vinculadas a su familia y la Uocra de La Plata sin orden judicial que las habilitara.

«Las constancias reunidas en la causa dan cuenta del involucramiento directo de la AFI en la judicialización de la situación de Uocra-La Plata. Entre otras cosas, se comprobó el desarrollo de tareas de inteligencia sobre Medina y sus allegados, que implicaron, al menos, la realización de investigaciones de campo y el acceso a distintas bases de datos por parte de agentes de la AFI, que sirvieron para la elaboración de informes», sostuvo.

«Se detectaron, además, ingresos a bases datos por parte de dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Todo ello, como se dijo, sin que exista orden judicial que habilitara esas actividades«, escribió el magistrado.

«Podrá advertirse que, si bien se detectaron algunos accesos a bases de datos en el mes de abril 2017, las actividades de espionaje se ampliaron e intensificaron notoriamente durante los días siguientes a la reunión llevada a cabo el día 4 de mayo en Casa Rosada», explicó el juez en la parte de su fallo en la que introduce todas las pruebas reunidas en relación a las tareas de inteligencia ilegal.

A lo largo del fallo conocido ayer, el juez Kreplak también reconstruyó la reunión llevada a cabo en el Bapro donde un grupo de empresarios de la construcción de la Ciudad de La Plata fueron instruidos por los miembros de la AFI y del gobierno de Vidal para presentar denuncias ante el ministerio de Trabajo provincial y/o ante la justicia federal en contra del «Pata» Medina.

En ese encuentro, se les indicó qué palabras debían utilizar y se les garantizó que estaba allanado el camino para que la justicia avanzara en la dirección buscada: la detención del gremialista de la construcción.

En ese contexto, el magistrado enumeró los contactos que pudieron constatarse entre algunos de los participantes de la reunión del Bapro y el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y su secretario Pablo Wilk, en los momentos en los que avanzaba la estrategia que se había expuesto ante los empresarios de la construcción el 15 de junio de 2017.

El juez Kreplak concluyó en su resolución que de la prueba colectada se desprende «un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial –de Buenos Aires- y municipal –de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial».

«Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores», continuó.

«En suma, sabemos con un impactante nivel de detalle que entre los meses de mayo y septiembre de 2017 se decidió, puso en práctica y tuvo los resultados esperados en ese momento una estrategia parajudicial para resolver la conflictividad asociada a la actividad del sindicato Uocra-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata», relató.

«Esta estrategia implicó la proliferación de una docena de denuncias en el escaso margen de dos meses, fundadas en muchos casos sobre denuncias anónimas realizados a partir de actividades de investigación criminal ilegal, en ocasiones en infracción a las reglas de competencia y a otras previsiones procesales, y destinadas casi exclusivamente a servir como receptáculo de elementos probatorios obtenidos por fuera de esas investigaciones y a partir de la actuación directa de algunos de estos funcionarios jerárquicos de los poderes ejecutivos», finalizó.