Los senadores demócratas Jeff Merkley y Ron Wyden cuestionaron este sábado la decisión del presidente Donald Trump de desplegar tropas en Portland, Oregón, acusándolo de buscar provocar violencia y consolidar un avance autoritario bajo la excusa del orden público.

“Quiere sembrar miedo y caos”

Wyden, en un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que Trump pretende “tomar el control autoritario de Portland con la esperanza de provocar un conflicto en mi ciudad natal” y advirtió que hará “todo” lo posible para proteger a la población de Oregón.

En la misma línea, Merkley alertó que el objetivo presidencial no es la seguridad sino la confrontación: “Trump está enviando tropas a Portland con el objetivo de causar estragos en la ciudad. Quiere sembrar el miedo y el caos, y provocar interacciones violentas y disturbios para justificar un mayor control autoritario. ¡No caigamos en la trampa!”.

Trump redobla la apuesta

El anuncio de Trump llegó a través de Truth Social, su plataforma de comunicación política, donde aseguró que enviaría “todas las tropas necesarias” para “proteger” lo que describió como “Portland devastada por la guerra” y las instalaciones del ICE (Inmigración y Control de Aduanas) frente a “terroristas domésticos”.

El mandatario agregó que autorizaba “el uso de toda la fuerza, si fuera necesario”, en un tono que tensó aún más la relación con las autoridades locales.

Antecedentes de militarización

La decisión no es aislada: Trump ya había ordenado el envío de tropas de la Guardia Nacional a Washington D.C., y combinó guardias e infantes de marina en Los Ángeles. También amenazó en el pasado con desplegar fuerzas militares en Chicago y Memphis.

En Portland, las instalaciones del ICE fueron escenario de fuertes protestas en los últimos meses contra la política migratoria restrictiva de la administración republicana, lo que convirtió a la ciudad en un blanco discursivo de Trump.

Advertencias sobre un “peligro democrático”

Las declaraciones de Merkley y Wyden se inscriben en una creciente preocupación dentro del Partido Demócrata —y entre organizaciones de derechos civiles— por lo que describen como un uso político de las fuerzas armadas. La medida, afirman, busca criminalizar la protesta social y reforzar la imagen de un presidente que se proyecta como garante del orden, incluso a costa de profundizar la violencia y la polarización.