La corte suprema de Brasil concluyó hoy el juicio que condenó al expresidente Fernando Collor de Melo (1990-1992) por corrupción pasiva y lavado de dinero en una causa de la denominada «Operación Lava Jato».

Para la Procuraduría General de la República (PGR), como exlíder del Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués) y responsable de los nombramientos políticos en BR Distribuidora, una empresa subsidiaria de Petrobras, Collor participó en un esquema de corrupción.

El exmandatario habría recibido 20 millones de reales (cerca de 4 millones de dólares) entre 2010 y 2014, a cambio de haber facilitado contratos de BR Distribuidora con otras empresas, informó el portal oficial de noticias Agencia Brasil.

La defensa negó los cargos y argumentó que la Procuraduría no podía probarlos.

Pero el juez de la corte y relator en el proceso de enjuiciamiento, Edson Fachin, entendió que se probó que el político recibió el dinero.

La semana pasada se anunció que seis jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) se pronunciaron a favor de la condena y hoy, al concluir el juicio, se comunicó que fueron ocho los votos a favor y dos en contra,

Ahora, los integrantes del máximo tribunal de justicia tendrán que definir la pena de Collor, que puede apelar. en libertad.

Fachin sugirió una pena de 33 años y 10 meses de prisión para el expresidente.

«Entiendo que la evidencia es sólida para confirmar lo siguiente: como corolario del control ejercido sobre BR Distribuidora, como senador de la República y el liderazgo ejercido en el Partido Laborista Brasileño, el acusado, recibió (…) ventaja indebida en la cantidad de 20 millones de reales, como contraprestación por facilitar la contratación de UTC Engenharia», dijo el magistrdo cuando comenzó el juicio.

Parte de las acusaciones se basan en acuerdos de delación premiada del petrolero Alberto Youssef, el exdirector de Petrobras Nestor Cerveró y el empresario Ricardo Pessoa.

El ministro Barroso destacó, sin embargo, que las pruebas van más allá de las aportadas por los arrepentidos para disminuir las penas, y citó la existencia de mensajes de celular, comprobantes de depósitos y una evaluación interna de los contratos realizada por la propia BR Distribuidora.

Dos exasesores también pueden ser condenados en el caso.

El STF juzga una acción penal abierta en agosto de 2017.

Durante el juicio, el abogado del exmandatario Marcelo Bessa pidió la absolución de Collor.

La defensa argumentó que las acusaciones de la Procuraduría se basan en testimonios de denunciantes y no se presentaron pruebas para incriminar al exsenador.

Bessa también negó que el exparlamentario haya sido responsable del nombramiento de directores de la empresa BR Distribuidora.

Según él, los denunciantes acusaron a Collor basándose en comentarios de terceros.

«No hay pruebas adecuadas para apoyar esta versión de la acusación. Tenemos aquí una versión puesta, única y exclusivamente, por colaboradores, que no dicen que el cobro de estos valores tendría que ver con Collor o con supuesta intermediación de este contrato de abanderamiento», concluyó.