El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que incorporó al expresidente de Paraguay Horacio Cartes a su lista Engel de personas “significativamente corruptas” y resolvió prohibirle el ingreso al territorio estadounidense y congelar sus activos en ese país, informó la prensa paraguaya.

Cartes, en tanto, rechazó las medidas por “infundadas e injustas”. La medida alcanza también a Juan Pablo, Sofía y María Sol Cartes, hijos del exmandatario anunció esta mañana el embajador de Washington en Asunción, Marc Ostfield, en conferencia de prensa.

“Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio”, afirmó el diplomático. Agregó que eso “le permitió” al expresidente “participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por Estados Unidos”.

Aunque Ostfield no identificó a ese “socio”, el diario asunceño ABC Color dijo que se trata del brasileño Darío Messer, de quien se supone que es el mejor amigo y “hermano del alma” del expresidente. Messer, considerado “el financista detrás del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica”, fue condenado en 2020 a 13 años y cuatro meses de prisión por la justicia de Brasil, que el mes pasado ratificó la sentencia al rechazar una apelación, según el sitio web especializado Insight Crime.

“En total, se cree que la red de Messer movió 1.600 millones de dólares por canales ilícitos a través de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países entre 2011 y 2017” y que “Messer facilitó esta red mediante el acceso a las élites políticas y empresariales, a la vez que se ocultaba y vivía en Paraguay, donde supuestamente recibía protección de los más altos niveles”, agregó esa página en un reciente informe.

Ostfield sostuvo que Cartes buscó protegerse a sí mismo y a su “asociado criminal” para evitar ser juzgado y las eventuales consecuencias política de un proceso, y subrayó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “tiene información creíble” sobre el caso. “Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente de Paraguay”, remarcó el embajador.

En un texto entregado a los periodistas en la conferencia del embajador, el Departamento de Estado afirmó que la conducta de Cartes “afecta directamente los intereses de seguridad nacional, económicos y de política exterior de Estados Unidos”. Asimismo, explicó que la sanción fue adoptada ahora, pese a que las sospechas y las investigaciones sobre la actividad del exmandatario llevan algún tiempo, porque “el Departamento obtuvo recientemente información fidedigna” sobre el caso.

“Ante la designación anunciada por la embajada de Estados Unidos, niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas”, afirmó Cartes en un comunicado divulgado poco después. “Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que nos cuestionan”, agregó, según el diario paraguayo La Nación.

En tanto, uno de los abogados de Cartes, Pedro Ovelar, sostuvo que el exmandatario “es víctima de una persecución del gobierno (paraguayo) que tiene objetivos electorales” y subrayó que “es muy difícil creer que esto no tenga que ver con una acción política generada desde el sector local”. Ovelar añadió que lo anunciado por el embajador estadounidense es “solo una declaración” basada en información “infundada” y remarcó que hasta ahora “no se han dado a conocer hechos específicos” cometidos por su defendido.

En los últimos meses, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) paraguaya emitió un informe sobre un presunto esquema de lavado de activos que involucra a Cartes y otras personas allegadas, así como a varias de sus empresas, y remitió los antecedentes a la Fiscalía, según lo revelado por la prensa local a fines de mayo pasado. El reporte indica que las firmas locales del exmandatario, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”.

Entre las empresas señaladas en ese informe figuran Tabacalera del Este (Tabesa), Palermo, Unicanal y Cementos Concepción (Cecon), así como la Fundación Ramón T. Cartes y Sarah Cartes, hermana de Horacio y principal accionista y gerente general del banco Basa. Asimismo, menciona como uno de los “clientes llamativos” de las empresas de Cartes a Mercuy Tabacos, vinculada al diputado Erico Galeano, “con reportes recientes asociados a supuestos comercios ilegales”.

Además, cita “pruebas” de conversaciones por teléfono celular entre Cartes y otros dos individuos, aportadas por la Policía Federal de Brasil y que los incriminarían en el contrabando de cigarrillos. Por otra parte, Tabesa se vio implicada en el caso del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina desde el 10 de junio.

Antes de llegar a Buenos Aires, esa aeronave transportó a Aruba un cargamento de cigarrillos de Tabacalera del Este, de acuerdo con un informe remitido la semana pasada por la Seprelad a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina, según el diario asunceño Última Hora.

Cartes fue el antecesor del actual presidente, Mario Abdo Benítez -gobernó entre 2013 y 2018-, con quien está enfrentado dentro del Partido Colorado oficialista. El exmandatario no es el primer político paraguayo incluido por Estados Unidos en su lista Engel, en la que desde abril de 2021 figura el diputado Ulises Quintana, quien en octubre de 2020 fue excarcelado tras pasar dos años en prisión preventiva, acusado de lavado de activos y asociación ilícita.