Los tribunales de Londres iniciaron hoy la segunda y última audiencia judicial para resolver si el periodista australiano Julian Assange podrá evitar su extradición a EEUU, en una jornada en la que no se sabe aún si habrá fallo y que, otra vez, no cuenta con la presencia del activista, cuyo estado de salud está deteriorado por las circunstancias que le tocan vivir, según su defensa.

La audiencia de hoy es el último esfuerzo de Assange por evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta graves acusaciones por la filtración de documentos clasificados que, según se argumenta, podrían haber puesto en riesgo a varias personas.

Assange, de 52 años, se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, una instalación de máxima seguridad, desde abril de 2019, después de ser detenido en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió por siete años para evitar su captura.

El año pasado, el fundador de WikiLeaks y su defensa presentaron una apelación contra la decisión de extraditarlo a EEUU, donde enfrentaría juicio por 18 cargos, principalmente por espionaje y la divulgación de información confidencial a través de ese medio en 2010.

Esta información incluye registros militares y documentos diplomáticos secretos que han generado numerosos problemas para la diplomacia de Estados Unidos.

Sus abogados sostienen que, de ser extraditado, Assange no tendría un juicio justo y sería perseguido por lo que consideran prácticas periodísticas convencionales.

La defensa del periodista argumenta que su extradición contravendría el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos, que excluye la entrega por delitos de naturaleza política.

Esta apelación se presenta tras el veredicto de enero de 2021, que, aunque inicialmente favorable a Assange por motivos de salud mental, fue posteriormente rebatido con éxito por Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de su extradición.

La abogada Clair Dobbin, representando a Estados Unidos, argumentó hoy que el caso contra Assange está «basado en la ley y en pruebas» y no en sus opiniones políticas, consignó el diario británico The Independent.

Dobbin enfatizó que Assange comprometió la seguridad de muchas personas al publicar «indiscriminadamente» documentos clasificados que incluían nombres de individuos que colaboraban con Estados Unidos.

«Estos fueron documentos que revelaron al mundo los nombres no redactados de fuentes humanas que habían proporcionado información a Estados Unidos», declaró Dobbin, distinguiendo las acciones de Assange de las prácticas de otros medios que también difundieron información filtrada por WikiLeaks pero no de forma tan imprudente.

Según el abogado español Aitor Martínez Giménez, integrante del equipo del exjuez Baltasar Garzón, que defiende al fundador de WikiLeaks, «la decisión de los jueces, podría darse en cualquier momento, después de cerrarse la audiencia, incluso hoy».

«Pero no es previsible que sea hoy porque hay muchos elementos a valorar», dijo el letrado.

Ayer antes de comenzar la audiencia, Stella Assange, su esposa, aseguró ante la prensa, que «no hay posibilidad de un juicio justo. Si Julian es extraditado a Estados Unidos, nunca estaría seguro. Estados Unidos planeó asesinar a mi esposo por hacer periodismo».

«Este caso es una admisión de que ahora criminalizan el periodismo de investigación. Es un ataque a todos los periodistas, en todo el mundo. Es un ataque a la verdad, un ataque al derecho del público a saber. Y su vida está en riesgo», dijo tras advertir por el débil estado de salud de su marido.

Fuera del tribunal y bajo la lluvia persistente, cientos de manifestantes se congregaron frente al edificio, portando pancartas y cintas amarillas en señal de solidaridad con el fundador de WikiLeaks.

Los asistentes, alzando voces por la libertad de Assange, expresaban su oposición a la extradición con cánticos que resonaban en las inmediaciones del tribunal.