La «muerte cruzada» que decretó el miércoles último el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y que da paso a un Gobierno por decreto por varios meses y a la apertura de un proceso electoral supone un desafío enorme para el oficialismo, que deberá usar bien la chance de gestionar sin las trabas que suponía la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), pero también para la oposición, que perdió una tribuna de resonancia y debe consolidar candidaturas que aglutinen espacios que hasta acá funcionaron juntos y que, además, la devuelva al poder.

Zanjada por la Corte Constitucional la discusión sobre la legalidad de la decisión de Lasso, que disolvió el Parlamento en medio de un juicio político en su contra, gobierno y oposición deben poner ahora manos a la obra con una meta coincidente: lograr que el próximo inquilino del Palacio de Carondelet sea un nombre propio.

Aunque no esté oficializada la fecha -se supone que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo hará el miércoles- todo indica que las elecciones serán el 20 de agosto, y Lasso entonces habrá ganado varios meses para procurar enderezar su gestión y, acaso, soñar con una eventual reelección.

«Con la ‘muerte cruzada’, el exbanquero Lasso compró tiempo extra. Ahora, tendrá seis meses para lograr lo que en dos años no pudo: cumplir sus promesas de campaña, recuperar la fe pública y enfrentar problemas sentidos por la ciudadanía, como la inseguridad. Si lo logra, habrá espacio para continuar su mandato. Si no es así, se llevará a la casa no solo su Gobierno, sino cualquier opción de derecha que pudiera ser una alternativa para dirigir el país», evaluó a Télam el analista Andrés Jaramillo.

Magíster en Comunicación y Marketing Político y parte del equipo que develó los «Panamá Papers», Jaramillo consideró que «al decretar la ‘muerte cruzada’, el Presidente aceptó tácitamente que no está dispuesto a dejar el poder».

«En este sentido, no es descabellado intuir que buscará una reelección», afirmó, más allá de que las encuestas sobre la gestión no le dan resultados alentadores a Lasso, quien buscó la Presidencia durante una década y sobrevivió a dos derrotas en elecciones y a un intento anterior de destitución.

El Gobierno confía en que gobernar sin el contrapeso de un Legislativo, con el que jamás pudo acordar, le permitirá encauzar la gestión.

De hecho, Lasso planea avanzar sobre temas que considera clave, pero en los que siempre chocó con esa dispersa mayoría opositora, que enfrentó en el Parlamento.

La «muerte cruzada» le permite a Lasso gobernar por decretos que solo pueden abarcar «aspectos sustantivos de la política económica», según la Ley de la Función Legislativa, y que, además, deben tener el visto bueno de la Corte Constitucional.

Y el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ya le puso palabras al plan: sancionar en seis meses iniciativas que el Ejecutivo estimaba, inicialmente, impulsar en dos años.

Entre esas iniciativas está la ya decretada reforma tributaria (el mismo día de la «muerte cruzada»), la creación de zonas francas, una Ley de Inversiones con la que aspira a sumar 30.000 millones de dólares en inversiones privadas hasta 2025 y reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en busca de «dar sostenibilidad financiera» al sistema de pensiones.

Otra de las medidas llamadas a generar protestas es la de reforma laboral, que Lasso ya intentó en 2021 con la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal, que proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo.

En ese momento, la AN devolvió la iniciativa al Ejecutivo, pero ahora el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, reveló que le recomendará al presidente contemplar reformas vía decreto. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya anticipó que saldrá a las calles si se busca modificar las normas en la materia.

Por último, el Gobierno se propone también reformas en el sector petrolero, clave en la economía ecuatoriana, según el ministro de Energía, Fernando Santos, «para promover la participación del sector privado» en la actividad.

Lasso ya intentó meter mano en el área en dos oportunidades: en 2021 el legislativo le devolvió el plan y ese mismo año propuso los cambios dentro de la Ley de Desarrollo Económico, declaradas inconstitucionales en octubre de 2022.

Se estima que alguna de estas iniciativas las detallará el mandatario en su próximo Informe a la Nación, que los presidentes brindan ante la AN y que el exbanquero dará el miércoles -a dos años de su asunción- en la Plataforma Social, un complejo de instituciones públicas ubicado en el sur de Quito.

Ese informe casi coincidirá con la formalización de la fecha de elecciones por parte del CNE, que marcará el inicio formal de la carrera por la mayoría legislativa y por el principal sillón del Ejecutivo.

«Oficialmente, el país ya entró en modo elecciones. Los principales actores políticos estarán más preocupados por consolidar sus candidaturas. Esto lo harán liderando acciones en contra del Gobierno, que tiene el rechazo de ocho de cada diez ecuatorianos. La inestabilidad será una constante. La oposición migrará de la Asamblea a las calles», señaló Jaramillo.

En ese «modo elecciones» aún incipiente, el oficialismo parece tener la tarea más compleja, porque le resultará difícil lograr un nombre que pueda reagrupar a los sectores que auparon a Lasso, aun a los anticorreistas.

Para el caso de que el mismo Lasso no sea candidato suena el ministro del Interior, Henry Cucalón, aunque CREO -la fuerza creada por el mandatario- buscará una alianza.

Parte de su electorado lo peleará el Partido Social Cristiano (PSC), que ya anticipó a través del exasambleista Esteban Torres que no habrá alianza ni con la correísta Unión por la Esperanza (Unes) ni con Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena.

Los socialcristianos podrían apostar por el histórico Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, exlegislador y dos veces candidato a la Presidencia. «Es el nombre más potente», dijo Torres.

También aparece en algunos medios el nombre del magnate Álvaro Noboa, casi una costumbre en el país: fue candidato en seis presidenciales.

El movimiento indígena, en tanto, puede repetir con Yaku Pérez, tercero en 2021, probar con el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leónidas Iza, o, como ya impulsaron algunos grupos internos, apostar por el exlegislador Salvador Quishpe.

El exlegislador independiente Fernando Villavicencio confirmó que negocia con algunas figuras y partidos su eventual postulación en nombre de una alianza de «muchos sectores y distintas ideologías».

Otro con chances es el exvice de Lenin Moreno, Otto Sonnenholzner, que también habló de encabezar una posible coalición. «Es la ficha de la derecha», dijo de él el exmandatario Rafael Correa. Y la lista se cierra con Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática.

Pero seguramente la mayor atención recaiga en el elegido por Unes, con altas chances de triunfo si se tienen en cuenta los resultados de las regionales de febrero, cuando se quedó con las alcaldías de Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país.

El economista Andrés Arauz, rival de Lasso hace dos años, bajó sus propias chances de volver a postularse y Correa se limitó, por el momento, a afirmar que los 47 legisladores que integraban hasta el miércoles la bancada partidaria volverán a estar en la lista para la AN.

El nombre del periodista Carlos Rabascall, segundo en la fórmula del 2021, es uno de los que surge con fuerza con el partido.

Y en esa aparente aspiración pareció coquetear con la Conaie, con un mensaje en Twitter en el que desmintió que tuviera ya un acuerdo con Iza, pero en el que remarcó que reconoce y respeta «su liderazgo».