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Golpe en Bolivia: condenan a ex militares y Áñez sigue en huelga de hambre
Dos ex comandantes se declararon culpables. La aceptación de responsabilidad parece complicar las condiciones de los demás acusados, entre ellos de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez.
El ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros y el ex comandante de la Armada Palmiro Jarjury se declararon hoy culpables de los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, con lo que se convirtieron en los primeros condenados de la llamada causa “golpe de Estado II”, al recibir una pena de tres años de prisión.
La aceptación de responsabilidad parece complicar las condiciones de los demás acusados, entre ellos de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, que serán juzgados en las próximas semanas.
«Se los declara culpables de incumplimiento de deberes, en autoría, y resoluciones contrarias a la Constitución y la Ley, en complicidad, por lo que son condenados a tres años de privación de libertad», anunció el juez Germán Ramos al cerrar una audiencia virtual.
En el juicio abreviado, los dos militares aceptaron ser condenados a tres años de prisión, una pena que, según la norma, les permitiría recobrar su libertad sin cumplir la condena efectiva de reclusión.
El documento presentado por los fiscales precisó que Terceros y Jarjury admitieron ser cómplices por el primer delito (resoluciones contrarias a la ley) y autores en el segundo (incumplimiento de deberes).

“El Ministerio Público trasladó este procedimiento abreviado ante el juez, quien evaluará los antecedentes y emitirá la resolución que corresponda”, había informado el fiscal departamental de La Paz, William Alave, según reporte del medio local Erbol.
La relación de hechos por la que se inculpa a los militares sostiene que tras la renuncia obligada de Evo Morales a la Presidencia, en noviembre de 2019, los miembros del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, al mando de Williams Kaliman, junto a efectivos de la Policía, posibilitaron el traslado de la entonces senadora Áñez desde el aeropuerto de El Alto al Colegio Militar.

Kaliman, quien se declaró leal a Morales y “soldado del proceso de cambio”, afirmó por medio de su abogado que las acciones asumidas en esa fecha se dieron para contener a los grupos violentos afines al MAS y prevenir una “guerra civil”, reportó el diario Página Siete.
Los abogados de los demás ex jefes militares encarcelados denunciaron que existió presión e intromisión del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que Terceros y Jarjury fueran a juicio abreviado y se autoinculparan.

La agencia de noticias Sputnik estimó que los ex comandantes podrían salir en libertad en los próximos días, por buena conducta y por la condena mínima que recibieron.
El juicio por la causa “golpe de Estado II” iba a comenzar la semana pasada pero por problemas técnicos en la transmisión virtual y cuestionamientos formales fue pospuesto.
Además de Áñez, se juzgarán las conductas de cinco ex militares: Kaliman (prófugo), y los ex mandos Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo) y Jorge Mendieta (detenido), junto al ex comandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo).

Juez de Bolivia ordena que Áñez sea hospitalizada, pero horas después da marcha atrás
Un juez de La Paz ordenó este domingo el traslado de la ex presidenta boliviana de facto Jeanine Añez a una clínica para que sea revisada, aún en contra de su voluntad, dado que lleva 10 días de huelga de hambre, pero horas después dio marcha atrás con la medida por las condiciones que se daban fuera del penal, con grupos afines y opositores a la ex mandataria.
El magistrado octavo de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Franklin Siñani Velasco, había declarado procedente la llamada “acción de libertad” en favor de Áñez para que la lleven al Instituto Nacional del Tórax, aunque la resolución no significaba que quede libre.

“Se ha concedido la tutela de la acción de libertad en favor de la ex presidenta y ha dispuesto el juez octavo de sentencia su traslado de inmediato a un centro hospitalario”, informó Norka Cuellar, la abogada de Áñez, según la agencia de noticias ABI y diarios paceños. El juez explicó que la decisión apuntaba a velar por el derecho a la vida de la ex senadora.
“Pese a que se niega a recibir la atención médica y a alimentarse, corresponde asumir medidas activas desde la estación jurisdiccional”, indicó entonces el magistrado.

Pero por la tarde grupos e seguidores de Áñez y de militantes del gobernante MAS, según los sitios de Fides y Página Siete, se concentraron en las afueras del Penal de Miraflores y, además de protagonizar algunos choques, hicieron cambiar la decisión del magistrado.
“La gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores hace conocer la imposibilidad material de cumplir lo dispuesto por esta autoridad en la Resolución 12/2022, reiterando que, en exteriores del recinto penitenciario se encuentran grupos movilizados afines y en contra de la señora privada de libertad”, señala el documento que avisa que no habrá traslado.
Áñez sería entonces atendida otra vez en la cárcel. Un médico particular había visitado ayer a la ex mandataria y afirmó que estaba «delicada», pero que al momento no veía necesaria su internación.
Esta mañana, los obispos de Bolivia habían pedido en un comunicado que se permitiera “el inmediato acceso a atención hospitalaria” para la ex gobernante de facto, que ayer se descompensó en una audiencia judicial, que debió ser suspendida.
Áñez está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en la causa del “Golpe de Estado I” y de haber actuado contra la Constitución en la causa “golpe de Estado II”.
Durante su gestión de facto fueron cometidas las masacres de Sacaba y Senkata, con una treintena de muertos por la represión policial y militar a las protestas en medio de la crisis derivada del golpe contra Evo Morales.
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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo
El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.
Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.
La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.
Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre
El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.
Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.
El fallo humano en la cadena de verificación
En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.
Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.
Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.
Una regulación que depende de la app que uses
Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.
Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.
El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.
Lo que tenés que saber
- La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
- La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
- El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
- Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
- La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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