El ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros y el ex comandante de la Armada Palmiro Jarjury se declararon hoy culpables de los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, con lo que se convirtieron en los primeros condenados de la llamada causa “golpe de Estado II”, al recibir una pena de tres años de prisión.

La aceptación de responsabilidad parece complicar las condiciones de los demás acusados, entre ellos de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, que serán juzgados en las próximas semanas.

«Se los declara culpables de incumplimiento de deberes, en autoría, y resoluciones contrarias a la Constitución y la Ley, en complicidad, por lo que son condenados a tres años de privación de libertad», anunció el juez Germán Ramos al cerrar una audiencia virtual.

En el juicio abreviado, los dos militares aceptaron ser condenados a tres años de prisión, una pena que, según la norma, les permitiría recobrar su libertad sin cumplir la condena efectiva de reclusión.

El documento presentado por los fiscales precisó que Terceros y Jarjury admitieron ser cómplices por el primer delito (resoluciones contrarias a la ley) y autores en el segundo (incumplimiento de deberes).

“El Ministerio Público trasladó este procedimiento abreviado ante el juez, quien evaluará los antecedentes y emitirá la resolución que corresponda”, había informado el fiscal departamental de La Paz, William Alave, según reporte del medio local Erbol.

La relación de hechos por la que se inculpa a los militares sostiene que tras la renuncia obligada de Evo Morales a la Presidencia, en noviembre de 2019, los miembros del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, al mando de Williams Kaliman, junto a efectivos de la Policía, posibilitaron el traslado de la entonces senadora Áñez desde el aeropuerto de El Alto al Colegio Militar.

Kaliman, quien se declaró leal a Morales y “soldado del proceso de cambio”, afirmó por medio de su abogado que las acciones asumidas en esa fecha se dieron para contener a los grupos violentos afines al MAS y prevenir una “guerra civil”, reportó el diario Página Siete.

Los abogados de los demás ex jefes militares encarcelados denunciaron que existió presión e intromisión del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que Terceros y Jarjury fueran a juicio abreviado y se autoinculparan.

La agencia de noticias Sputnik estimó que los ex comandantes podrían salir en libertad en los próximos días, por buena conducta y por la condena mínima que recibieron.

El juicio por la causa “golpe de Estado II” iba a comenzar la semana pasada pero por problemas técnicos en la transmisión virtual y cuestionamientos formales fue pospuesto.

Además de Áñez, se juzgarán las conductas de cinco ex militares: Kaliman (prófugo), y los ex mandos Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo) y Jorge Mendieta (detenido), junto al ex comandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo).

Juez de Bolivia ordena que Áñez sea hospitalizada, pero horas después da marcha atrás

Un juez de La Paz ordenó este domingo el traslado de la ex presidenta boliviana de facto Jeanine Añez a una clínica para que sea revisada, aún en contra de su voluntad, dado que lleva 10 días de huelga de hambre, pero horas después dio marcha atrás con la medida por las condiciones que se daban fuera del penal, con grupos afines y opositores a la ex mandataria.

El magistrado octavo de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Franklin Siñani Velasco, había declarado procedente la llamada “acción de libertad” en favor de Áñez para que la lleven al Instituto Nacional del Tórax, aunque la resolución no significaba que quede libre.

“Se ha concedido la tutela de la acción de libertad en favor de la ex presidenta y ha dispuesto el juez octavo de sentencia su traslado de inmediato a un centro hospitalario”, informó Norka Cuellar, la abogada de Áñez, según la agencia de noticias ABI y diarios paceños. El juez explicó que la decisión apuntaba a velar por el derecho a la vida de la ex senadora.

“Pese a que se niega a recibir la atención médica y a alimentarse, corresponde asumir medidas activas desde la estación jurisdiccional”, indicó entonces el magistrado.

Pero por la tarde grupos e seguidores de Áñez y de militantes del gobernante MAS, según los sitios de Fides y Página Siete, se concentraron en las afueras del Penal de Miraflores y, además de protagonizar algunos choques, hicieron cambiar la decisión del magistrado.

“La gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores hace conocer la imposibilidad material de cumplir lo dispuesto por esta autoridad en la Resolución 12/2022, reiterando que, en exteriores del recinto penitenciario se encuentran grupos movilizados afines y en contra de la señora privada de libertad”, señala el documento que avisa que no habrá traslado.

Áñez sería entonces atendida otra vez en la cárcel. Un médico particular había visitado ayer a la ex mandataria y afirmó que estaba «delicada», pero que al momento no veía necesaria su internación.

Esta mañana, los obispos de Bolivia habían pedido en un comunicado que se permitiera “el inmediato acceso a atención hospitalaria” para la ex gobernante de facto, que ayer se descompensó en una audiencia judicial, que debió ser suspendida.

Áñez está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en la causa del “Golpe de Estado I” y de haber actuado contra la Constitución en la causa “golpe de Estado II”.

Durante su gestión de facto fueron cometidas las masacres de Sacaba y Senkata, con una treintena de muertos por la represión policial y militar a las protestas en medio de la crisis derivada del golpe contra Evo Morales.