Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, apeló ante el Tribunal de Casación la absolución de dos mujeres que difundieron en YouTube una teoría conspirativa falsa sobre su identidad de género. El episodio, que comenzó a circular en redes en 2017 y se amplificó en 2021, acusaba a la primera dama de haber nacido hombre y de ocultar su verdadera identidad bajo el nombre de su hermano, Jean-Michel Trogneux.

Las responsables de la difusión fueron Natacha Rey, autodenominada “médium”, y Amandine Roy, quien se presenta como “periodista independiente autodidacta”. En un video publicado en el canal de YouTube de Roy, ambas tildaron a Brigitte Macron de ser parte de una “estafa de Estado” y compartieron fotografías familiares, datos personales y teorías infundadas sobre cirugías de cambio de género y maternidad.

El video acumuló miles de visualizaciones y tuvo repercusión internacional, incluso en sectores ultraconservadores de Estados Unidos. Desde el entorno presidencial francés, consideraron que el contenido violó la privacidad, atentó contra la dignidad de la primera dama y buscó deslegitimar políticamente al presidente.

De la condena económica a la absolución judicial

En un primer fallo, las autoras del contenido fueron condenadas a pagar una multa de 500 euros cada una y a indemnizar a Brigitte Macron con 8.000 euros por daños morales, además de 5.000 euros a su hermano. El tribunal consideró probado que se trataba de una campaña de difamación sin pruebas, construida con “recortes manipulados, suposiciones arbitrarias y ataques personales”.

Sin embargo, en una instancia de apelación posterior, la justicia francesa revocó la condena, alegando que las acusadas actuaron “sin intencionalidad dolosa” y dentro del marco de la libertad de expresión. El fallo generó controversia en el país, especialmente en sectores feministas y políticos que denunciaron la banalización del discurso transfóbico y misógino en redes sociales.

La decisión llevó a Brigitte Macron a presentar un recurso ante el Tribunal de Casación, la última instancia judicial en Francia. De prosperar la apelación, el caso podría volver a juicio. De lo contrario, la sentencia absolutoria quedará firme.

Un caso que expone los límites de la libertad de expresión digital

La ofensiva judicial impulsada por la primera dama francesa se produce en un contexto europeo donde crecen los debates sobre la difusión de noticias falsas, discursos de odio y teorías conspirativas en plataformas digitales. Aunque no es la primera vez que figuras públicas son blanco de campañas de difamación, el caso Macron resulta emblemático por el contenido transfóbico y la desinformación organizada con fines políticos.

El medio público Radio France Internationale (RFI) recordó que la fake news sobre Brigitte Macron comenzó a circular en foros ultraderechistas y complotistas desde 2017, coincidiendo con la primera campaña presidencial de Emmanuel Macron. Desde entonces, fue amplificada por influencers, cuentas anónimas y canales de YouTube, muchos de ellos vinculados al extremismo político.

La defensa de Brigitte Macron insistió en que la impunidad en estos casos alimenta el acoso en línea y vulnera los derechos fundamentales de las personas públicas. También señalaron que las acusaciones afectan no solo a la primera dama, sino a su entorno familiar, en particular a sus hijos y hermanos, cuya identidad fue expuesta sin consentimiento.