Donald Trump anunció que Elon Musk, magnate y dueño de empresas como X (antes Twitter) y Tesla, se unirá a su administración como líder del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La incorporación de Musk se extenderá hasta el 4 de julio de 2026, con el objetivo declarado de reducir el “despilfarro y el fraude masivo” en el gasto federal de Estados Unidos.

La estrategia de Trump para reducir el gasto público

Trump, en su regreso al poder, reiteró su interés en reformar el sistema burocrático estadounidense y eliminar el exceso de gasto público, estimado en 6,5 billones de dólares anuales.

Para ello, designó a Elon Musk al frente del DOGE, con la misión de transformar radicalmente la administración federal, reducir la carga de regulaciones y optimizar la eficiencia de las agencias estatales.

A esta iniciativa se sumará Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial republicano y reconocido por sus ideas afines a las de Trump en relación con la desregulación. Trump señaló: “Espero que realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, mejoren la vida de todos los estadounidenses. Eliminaremos el despilfarro y el fraude masivo que existe a lo largo de nuestro gasto público anual”.

La participación de Musk en un gabinete republicano no sorprende, ya que, aunque el empresario ha evitado posicionarse firmemente en la política partidaria, ha manifestado públicamente su oposición a lo que considera una “excesiva interferencia estatal”.

Su historial de enfrentamientos con reguladores federales y su apoyo a políticas de “libertad de expresión” en la plataforma X refuerzan la afinidad con el enfoque de Trump.

La promesa de Musk: “conmociones” en el sistema

Elon Musk no ocultó la magnitud de los cambios que planea implementar, advirtiendo: “Esto provocará conmociones en todo el sistema y en cualquier persona involucrada en el despilfarro gubernamental, que es mucha gente”. La declaración anticipa una posible confrontación con funcionarios públicos y sindicatos, ya que las políticas de desregulación pueden afectar la estabilidad laboral y los servicios públicos esenciales.

Se teme que este enfoque resulte en una erosión de servicios y una precarización de las condiciones laborales en el sector público.