El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado anoche a la salida de un acto de campaña, era un ex periodista, sindicalista y político con una carrera centrada en denunciar la corrupción del Estado.

El exlegislador, de 59 años, había nacido en el cantón de Alausí, provincia de Chimborazo, en el centro del país, y obtuvo su título de comunicador social en la extinta Universidad Cooperativa de Ecuador.

Su primera incursión en la política fue en 1996, año en el que llegó a la estatal Petroecuador en su rol de comunicador social, para luego asumir el liderazgo sindical en la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec) hasta su despido, en 1999.

Como periodista, trabajó para el diario El Universo y fue fundador del portal Periodismo de Investigación, desde el cual daba a conocer sus denuncias de corrupción en las licitaciones del Estado para sectores estratégicos como el de la energía, que conocía de su paso por Petroecuador.

Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) fue considerado como uno de sus principales opositores.

Entre 2013 y 2014 enfrentó una demanda por injurias por señalar a Correa como el responsable de haber ordenado una incursión armada en el Hospital de la Policía Nacional, durante una revuelta que tuvo lugar en septiembre de 2010.

Por esa denuncia fue condenado a 18 meses de prisión y al pago de una indemnización, pero se fugó y se refugió en la Amazonia para evitar ir a prisión. Regresó en 2015, cuando la condena ya había prescrito.

En las elecciones generales de 2017 intentó ser candidato a la Asamblea Nacional de la mano de una alianza entre los partidos neoliberal Creo y liberal Suma, pero le impugnaron su candidatura porque constaba como afiliado al PK, partido indigenista para el que militó en la década del 90.

Cuatro años después volvió a participar como candidato a asambleísta por la Alianza Honestidad, una coalición electoral creada ese mismo año y conformada por el derechista Movimiento Concertación y el socialdemócrata Partido Socialista Ecuatoriano.

Poco después se escindió de Honestidad para adherirse a la Bancada por el Acuerdo Nacional (BAN), que agrupó a varios independientes.

En el último periodo legislativo (2021-2023) llegó a presidir la Comisión de Fiscalización, desde la cual impulsó investigaciones, sobre todo en temas petroleros, a los gobiernos de Correa, Lenín Moreno y al actual de Guillermo Lasso.

Su mayor investigación como asambleísta fue en el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera, y su último trabajo como tal fue la dirección del juicio político a Lasso.

En ese papel, fue criticado duramente por el correísmo por una supuesta cercanía con el gobierno, pero él se defendió acusando a la oposición de actuar sin pruebas.

En la cámara votó para evitar la destitución de Lasso, quien, en pleno juicio político, optó por la «muerte cruzada», que implicó la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a quien complete su mandato, hasta mayo de 2025.

En la AN dirigió también el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde donde presentó también varias denuncias, entre ellas, de supuestos vínculos de candidatos locales con el narcotráfico.

En un video que ahora resulta premonitorio, Villavicencio denunció que había sido amenazado de muerte en varias ocasiones.

Así, reveló que «uno de los capos del Cartel de Sinaloa», alias «Fito», le advirtió que si continuaba refiriéndose a él y a su estructura atentarían contra su vida.

«Esto confirma que nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. No les tengo miedo», dijo el candidato del Movimiento Construye.

Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales para los comicios del 20 de agosto y una encuesta reciente lo ubicaba segundo, por detrás de la correísta Luisa González (26,6%), aunque sondeos previos lo colocaban en cuarto o quinto lugar.