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«Tucho» Fernández: «El cargo que me encomienda el Papa es muy grande»
Dijo el arzobispo de La Plata y recientemente designado en el Vaticano como prefecto del Dicastelio para la Doctrina de la Fe.
El arzobispo de La Plata y recientemente designado en el Vaticano como prefecto del Dicastelio para la Doctrina de la Fe, Víctor «Tucho» Fernández, dijo hoy que el cargo que le encomendó el Papa Francisco «es muy grande» y sostuvo que «nombrar en este cargo a un latinoamericano es un mensaje bastante fuerte».
«Es un nombre que hasta da un poco de miedo. Porque fue cambiando de nombre, antes era el Santo Oficio y en otros momentos se le llamaba Inquisición. Era un lugar de persecución de herejes; el mismo papa Francisco dice que a veces se han usado métodos inmorales, como una suerte de inteligencia, de control y aún en algún momento torturas», aseveró en declaraciones a radio Provincia de Buenos Aires.
«El Papa Francisco es muy claro, y me dice: – vos tenés que cuidar la enseñanza de la Iglesia pero no controlando o persiguiendo, sino haciéndola crecer, profundizando las reflexiones, tratando de ir a la profundidad del tema. Eso nos hace crecer a todos. Cuando me lo planteó de esa manera, le dije que sí, porque antes les había dicho que no, que me liberara de semejante puesto, pero finalmente lo acepté», explicó.
«Es una historia negra por la cual hasta San Juan Pablo II pidió perdón en su momento, así que no es ninguna sorpresa. Igual da escozor cuando uno escucha que te piden presidir eso, pero el Papa Francisco es muy claro y me dijo, vos tenés que cuidar la enseñanza de la iglesia pero no controlando o persiguiendo, sino haciéndola crecer, profundizando la reflexión. Si hay un problema o acusan a alguien de haber dicho algo fuera de lugar, se charla y se conversa», añadió.
Fernández indicó sobre la insistencia del Papa para que aceptara el cargo que «muestra la enorme delicadeza de él, el respeto que tiene por la conciencia de las personas».
Sobre la celebración de un consistorio y la creación de nuevos cardenales, explicó que «jamás el colegio de Cardenales tuvo la universalidad multicolor que le ha dado Francisco. Era eminentemente europeo con algún otro que no fuera de allí. Ahora incluso muchos dicen, cómo van a hacer para entenderse con semejante variedad».
«Justamente muestra la voluntad de Francisco de que semejantes decisiones realmente se tomen entre todos con opiniones diversas, con gente de experiencias muy variadas» resaltó.Y ponderó que este cargo que «me encomienda Francisco, sea a un latinoamericano, Es una novedad muy grande porque cuando el Papa fue nombrado, muchos teólogos europeos decían que vendría con categorías latinoamericanas. Y la teología siempre se ha hecho con una filosofía, porque aquí en Europa está la gran cultura».
Se trata de uno de los cargos de mayor importancia dentro de la estructura vaticana, solo ubicado por debajo de la Secretaría de Estado y, según las consideraciones, del Dicasterio para la Evangelización.
En este tono, Fernández explicó que en el sínodo próximo de obispos «van a salir una multitud de temas, porque está planteado con una apertura nunca vista. Irán obispos de todo el mundo y van a discutir sobre doctrina y la praxis de distintas temáticas. Un espacio único donde el Papa se sienta a no bajar línea, sino escuchar a la diversidad de opiniones y se procura llegar a algunos consensos».
Fernández comentó que «hay una misión, y es que tengo que procurar que las cosas que se digan tengan coherencia con lo que nos ha enseñado Francisco. Nos dió una mirada más comprensiva, más amplia, y no puede responder hoy lo mismo que se respondía 40 años atrás».En tanto, sobre la visita del Papa a la Argentina, en 2024, puntualizó que «es una mera posibilidad, no ha definido nada».
«Dijo que le gustaría, pero que habrá que ver. Tiene muchas cosas pendientes. Él siempre piensa, yo viví en Argentina, lo vi todo y ahora hay lugares que me necesitan, por ejemplo ahora va a Mongolia», dijo.Por otro lado, hizo mención al proceso electoral y señaló que «no podemos hacer política partidaria, sería una locura porque estaríamos expulsando a la mitad. Entonces tenemos que tener un cuidado muy grande. Evidentemente, a veces uno habla de temas de la doctrina social de la iglesia y el que escucha lo interpreta como que uno está hablando desde un determinado partido».
En las elecciones, lo que a uno siempre le duele es que este camino no sea un espacio de debate sobre los sufrimientos concretos de la gente y cómo los resolvemos. Es difícil pedir esto cuando hay una lucha de poder electoral, pero esperemos que eso ocurra. Pongamos en nuestra memoria, en nuestra imaginación, familias destrozadas, gente que vive indignamente, bastaría moverse un poquito, ir a las periferias».
Fernández, de 60 años y arzobispo de la capital bonaerense desde 2018, es el primer argentino en ocupar un cargo de tanta relevancia en la Santa Sede desde la llegada de Jorge Bergoglio, y reemplazará desde «mitad de septiembre» al cardenal jesuita Luis Ladaria Ferrer, quien superó el límite de 75 años para los cargos ejecutivos de la curia, informó un comunicado oficial del Vaticano.Víctor Manuel «Tucho» Fernández nació el 18 de julio de 1962 en Alcira Gigena, en el sur de la provincia de Córdoba.
Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1986 para la diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto.Obtuvo la licenciatura en teología con especialidad bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma) y posteriormente el doctorado en teología en la Facultad de Teología de Buenos Aires.
DDHH
Cómo sigue la crisis de vivienda que sacude a España tras la muerte de Maricarmen
Un día después de la muerte de la jubilada de 87 años desalojada en Madrid, unas 20.000 personas marcharon desde la Puerta del Sol hasta su casa. La protesta se replicó en otras ciudades mientras el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta elecciones anticipadas y una huelga general por la vivienda.
Con velas en la mano y en un silencio que solo se quebró al llegar a la puerta del edificio, unas 20.000 personas caminaron este jueves desde la Puerta del Sol hasta la casa de la que Maricarmen Abascal fue expulsada en camilla.
La cifra la dio la propia Delegación del Gobierno en Madrid. Al llegar a la calle del barrio de Retiro donde la mujer vivió 71 años, la columna rompió su mutismo con un grito dirigido a la empresa propietaria del inmueble: «¡Urbagestión, asesinos!». La muerte de una jubilada de 87 años se convirtió en el detonante de la mayor rebelión por la vivienda que vive España en más de una década.
Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía internada desde el 23 de septiembre, día en que una comisión judicial ejecutó su desalojo en el cuarto intento, pese a los cientos de vecinos y activistas que intentaron impedirlo. Vivía en ese departamento desde 1956, bajo un contrato de renta antigua firmado por su padre. La marcha del jueves, convocada bajo la consigna «Hasta siempre, Maricarmen», se repitió con distintas dimensiones en Toledo, Cáceres, Barcelona, Valencia y Sevilla.
«Si ella no pudo, iremos nosotros»
La frase se repitió en los carteles que encabezaron la columna madrileña y resume el clima de las últimas horas. En Toledo, los manifestantes fueron todavía más lejos: «No es una muerte, es un asesinato». Lo que empezó como la defensa de una vecina se transformó en una impugnación directa a un modelo que convirtió la vivienda en mercancía.
La acampada de la Puerta del Sol, que este jueves sumó su decimotercera jornada, amaneció el miércoles convertida en un velatorio colectivo. Los manifestantes levantaron altares improvisados frente a la Real Casa de Correos, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, y al pie de la estatua del Oso y el Madroño. «Yo creo que esa mujer ha muerto porque con 87 años le han trastocado su estabilidad y su tranquilidad y de alguna forma no ha podido más», dijo Igor, uno de los acampantes, en diálogo con la prensa.
Otra manifestante, Aska, apuntó contra las respuestas oficiales: «Maricarmen fue la chispa o la gota que colmó el vaso, pero esto va más allá, se necesitan soluciones reales». Las medidas impulsadas por el Ejecutivo, agregó, «son parches». Rubén, otro de los presentes, reclamó que «los partidos políticos deben venir a esta acampada y escuchar realmente lo que quiere la gente». Músicos como Rozalén, El Chojin y Marwan se acercaron al campamento, donde coincidieron en que «Maricarmen ha sido el detonante».
Un acuerdo que llegó tarde y un Gobierno contra las cuerdas
La presión social había logrado lo que los tribunales negaron. El 28 de septiembre, con mediación del Ayuntamiento de Madrid, la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL aceptó que la mujer regresara a su vivienda, y el 2 de octubre firmó el contrato y entregó las llaves. Maricarmen nunca recibió el alta. «Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde», denunció el Sindicato de Inquilinas, que calificó su muerte de «absolutamente evitable» y el proceso que atravesó de «torturante».
El terremoto político fue inmediato. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dos reales decretos de emergencia habitacional, bautizados como los «Decretos Maricarmen«, que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados.
Sin respaldo parlamentario, Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre. Las centrales sindicales CCOO y UGT anunciaron, además, una huelga general de 24 horas por la crisis de la vivienda. Una mujer desalojada terminó volteando la agenda política de todo un país.
Tras conocerse la muerte, Sánchez escribió en su cuenta de X: «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz».
Una crisis que viene de lejos
El estallido no surgió de la nada. El 5 de abril de 2025, decenas de miles de personas marcharon en más de 40 ciudades españolas bajo el lema «Se acabó el negocio de la vivienda», en la primera movilización simultánea a escala nacional desde la ola contra los desahucios de la década anterior. Los organizadores, una red de sindicatos de inquilinos y asociaciones vecinales, acusaron entonces al Estado de haber convertido la vivienda en un modelo de negocio, pese a que el artículo 47 de la Constitución española garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada. En enero de 2026, el Gobierno anunció incentivos fiscales para los propietarios que congelaran los alquileres y límites a los contratos de temporada, medidas que las organizaciones consideraron insuficientes.
El caso Maricarmen expone, con crudeza, qué pasa cuando el derecho a la vivienda queda subordinado a la rentabilidad de los fondos inmobiliarios. Una lección que también resuena en la Argentina, donde el DNU 70/2023 de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres y dejó a millones de inquilinos librados a las reglas del mercado.
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