Lo que tenés que saber:

• Trump lleva su ofensiva contra las ciudades santuario a un nuevo nivel con demandas y amenazas judiciales.
• El Gobierno federal demandó a Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de obstaculizar la ley migratoria.
• Se investiga a varias ciudades en el Congreso de EE. UU., incluidos los alcaldes de Chicago, Boston, Denver y Nueva York.
• La fiscal general Pamela Bondi pide congelar fondos federales para las ciudades santuario y avanzar con acciones legales.
• Los gobernantes de las jurisdicciones santuario se mantienen firmes en sus políticas, excepto el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

El Gobierno de Donald Trump dio un paso más en su batalla contra las ciudades santuario con una serie de medidas que incluyen demandas legales y una nueva investigación en el Congreso. La Administración federal presentó una demanda contra Chicago y el estado de Illinois, acusando a estas jurisdicciones de violar la ley migratoria federal al no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta ofensiva forma parte de una estrategia más amplia que busca desmantelar las políticas locales de protección a los inmigrantes indocumentados.

Estrategia legal y económica contra las ciudades santuario

La Administración de Trump sigue centrando sus esfuerzos en dos áreas clave: el recorte de fondos federales y los desafíos legales a las normativas locales. En cuanto a los recortes, el Departamento de Justicia dejó en claro su intención de congelar la financiación a los estados y localidades que operan bajo políticas de santuario. El argumento principal es que estas leyes impiden la implementación de la legislación migratoria federal, lo que, según el Gobierno, vulnera la Constitución.

De manera paralela, continúa la ofensiva legal que sostiene que las leyes locales, como la Ley de Confianza de Illinois y la Ordenanza Ciudad Acogedora de Chicago, son inconstitucionales, ya que violan la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la ley federal debe prevalecer sobre las leyes estatales y locales.

La postura de los gobernantes y la respuesta del Congreso

Mientras las ciudades santuario se mantienen firmes, algunos políticos y autoridades han comenzado a tomar medidas para presionar a las jurisdicciones que defienden sus leyes. La nueva fiscal general, Pamela Bondi, expresó su intención de investigar y tomar acciones contra los gobiernos locales que no colaboren con las políticas de ICE. Bondi solicitó identificar a las administraciones locales que obstaculicen las leyes migratorias federales para iniciar procedimientos legales, incluyendo el recorte de fondos federales, aunque estos no resultan significativos en comparación con otros presupuestos.

Investigación en el Congreso

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, también anunció que abriría una investigación contra las ciudades santuario, acusando a los alcaldes de permitir que criminales peligrosos, considerados extranjeros ilegales, permanezcan en las calles, lo que pone en riesgo la seguridad pública. Comer confirmó que los alcaldes de Chicago, Nueva York, Boston y Denver comparecerán el 5 de marzo ante el comité para responder a estas acusaciones.

Resistencia de las ciudades santuario

A pesar de la presión por parte del Gobierno federal, la mayoría de las ciudades santuario permanecen firmes en su postura. Solo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, mostró disposición para colaborar con la Administración de Trump, incluso sugiriendo la derogación de la norma que obliga a la ciudad a no colaborar con ICE. En otras ciudades, desde California hasta Massachusetts, las autoridades continúan con su política de no colaborar en cuestiones migratorias, defendiendo sus leyes por razones éticas y prácticas, argumentando que son fundamentales para garantizar la confianza de las comunidades migrantes con la policía.