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Rusofobia: vandalizan la principal iglesia ortodoxa del país y denuncian discriminación

La presidenta de la Asociación de Entidades Rusas en Argentina, Silvana Jarmoluk, acudió al INADI. Repudio de la Secretaría de Culto

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El domingo el frente de la principal iglesia ortodoxa rusa del país amaneció vandalizado con grafitis en sus paredes y en el portón de la entrada. Los escritos eran en contra del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el ex líder soviético Joseph Stalin. La presidenta de la Asociación de Entidades Rusas en Argentina, Silvana Jarmoluk, denunció discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y su titular Victoria Donda.

La iglesia de la “Anunciación” tiene el status de catedral y en este momento está en refacción, pero es el principal centro religioso ruso del país.

La presidenta de la Asociación de Entidades Rusas en Argentina, Silvana Jarmoluk, se reunió ayer con la titular del Inadi, Victoria Donda, porque «recibimos también varias agresiones por redes sociales”.

“Nunca hubo agresiones en nuestro país, pero es cierto que en los últimos años se viene haciendo un trabajo mediático importante del lado de Europa y de Estados Unidos en contra de lo ruso en general. Se están haciendo cosas inauditas en la actualidad”, agregó en diálogo con Página 12.

El Ministerio de Seguridad porteño fijó una consigna policial en las puertas de la catedral para resguardarla.

Desde la Secretaría de Culto de la Nación expresó su solidaridad «con la Iglesia Ortodoxa Rusa Catedral de la Anunciación y con toda su feligresía ante los hechos agraviantes sucedidos el pasado domingo que vulneran la convivencia pacífica y los principios de la libertad religiosa que caracteriza a nuestro país”.

«Es nuestra responsabilidad pronunciarnos en contra de estos episodios para seguir construyendo una sociedad libre de violencia y odio», dijo Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de CABA.

CABA

Karina Milei celebró el cierre de Devoto: Qué semana histórica

La secretaria general de Presidencia anunció en X el fin del traslado de los 1.400 internos a Marcos Paz. Los últimos 69 habían quedado en la cárcel para la visita del Papa. El predio será demolido y la Legislatura porteña definirá qué se hace.

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El penal de Devoto quedó sin internos tras 99 años de funcionamiento.

El complejo penitenciario de Devoto quedó sin internos después de 99 años de funcionamiento. Los últimos 69 reclusos, que habían permanecido en la cárcel para la visita del papa León XIV, fueron trasladados a Marcos Paz. Karina Milei lo celebró en la red social X: «¡Qué semana histórica estamos viviendo!».

La secretaria general de Presidencia escribió que «a pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto» y que ahora comienza «una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio». También felicitó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a las fuerzas que participaron del operativo.

El operativo

El traslado de los 1.400 internos comenzó el 11 de octubre, en un trabajo articulado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de la Ciudad. Monteoliva afirmó que «después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto» y remató: «No queda un solo interno. ¡CERRADO DEVOTO!». En los próximos meses las instalaciones serán demolidas y la Legislatura porteña votará qué se hará en el predio.

Los 69 que esperaron al Papa

Los últimos 69 reclusos siguieron alojados en Devoto durante la gira del pontífice y se trasladaron después. El cierre se completó días más tarde de los actos papales, con la cárcel todavía en funciones en plena Ciudad de Buenos Aires.

Lo que tenés que saber

  • El penal de Devoto quedó sin internos tras 99 años de funcionamiento.
  • Los últimos 69 reclusos fueron trasladados a Marcos Paz después de permanecer en la cárcel durante la visita del Papa.
  • En total se trasladaron 1.400 presos desde el 11 de octubre.
  • El operativo fue articulado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de la Ciudad.
  • Las instalaciones serán demolidas y la Legislatura porteña definirá el destino del predio.
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