Amber McLaughlin se aprestaba a ser ejecutada por el asesinato de su exnovia en 2003 para convertirse así en la primera mujer transexual en ser condenada a la pena de muerte en Estados Unidos pese al clamor de numerosas personalidades políticas y de la sociedad civil para evitar esa condena.

A McLaughlin, quien comenzó su transición de género hace unos tres años en la prisión, le administrarán la inyección letal en Missouri, después de que el gobernador de ese estado, el republicano Mike Parson, rechazara hoy su pedido de clemencia, informó la prensa local.

“La condena y sentencia de McLaughlin se mantienen después de múltiples y prolijos exámenes de la ley de Missouri”, indicó Parson en un comunicado.

McLaughlin, de 49 años, fue condenada por la violación y asesinato de su exnovia Beverly Guenther, en el condado St. Louis, y su ejecución también será la primera del año en Estados Unidos.

“McLaughlin acechó, violó y asesinó a Guenther. McLaughlin es una criminal violenta. La familia y los seres queridos de Guenther merecen la paz. El estado de Missouri ejecutará la sentencia de McLaughlin en cumplimiento de la orden del Tribunal”, amplió el gobernador.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo que se opone a la pena capital, no hay otro caso documentado de un hombre o mujer trans ejecutados en Estados Unidos.

Los abogados de McLaughlin habían hecho un pedido de clemencia a Parson el 12 de diciembre pasado rogándole que conmutara la sentencia a prisión de por vida al alegar que el jurado que la declaró culpable no logró una decisión acerca de la sentencia.

Missouri e Indiana son los únicos dos estados donde la ley permite que el juez que presidió el proceso imponga la pena de muerte en el caso de un jurado indeciso.

Michelle Smith, codirector de Residentes de Missouri por Alternativas a la Pena de Muerte, dijo al diario The Kansas City Star que esta variante hace del estado “un caso extremo” que “hiede a injusticia”.

En su pedido de clemencia, los abogados de McLaughlin afirmaron que ella sufrió abusos durante la niñez, y padece una discapacidad intelectual que nunca se mencionó durante el juicio.

«La investigación reconoció el arrepentimiento sincero de McLaughlin y también lo hicieron todos y cada uno de los expertos que la evaluaron en los años que pasaron desde el juicio», destacaron sus abogados.

McLaughlin fue «sólidamente diagnosticada con discapacidad intelectual limítrofe y universalmente con daño cerebral, así como síndrome de alcohol fetal», argumentó la defensa.

Numerosas personalidades políticas y de la sociedad civil reclamaron que se anule la ejecución de McLaughlin al argumentar que fue abandonada por su madre, agredida recurrentemente por su padre adoptivo y protagonista de «múltiples intentos de suicidio».

McLaughlin no inició ningún proceso legal para cambiar su nombre o comenzar un tránsito físico, por lo que permanecía en el Centro Correccional de Potosi, cerca de San Luis, un establecimiento solo para varones.