DDHH
Alerta Jujuy: misión de DDHH advirtió «situaciones de terror generalizado»
También relevó “represión policial amplificada” bajo el gobierno de Morales.
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca y San Salvador de Jujuy y advirtió sobre situaciones de «terror generalizado y de represión policial amplificada».
Así lo anticipó este lunes Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, quien reveló que «cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente».
El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.
«Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda; sobre todo nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos», explicó Armoa.
Según dijo, las víctimas brindaron testimonios «mostrando sus heridas de bala y de piedras que les arrojó la Infantería y denunciaron que sufrieron situación de persecución, amenazas de pérdida de trabajo y amenazas telefónicas».
Además, observaron situaciones de «criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente».
El sábado 17 de junio, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.
Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.
El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.
«Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás y que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo», remarcó Armoa.
Los profesionales que llegaron a Jujuy verificaron que entre los heridos había «señoras mayores, niños, adolescentes, gente de pueblo que nunca había estado movilizando pero que han sido reprimidas con balazos de goma, palazos, han respirado gases lacrimógenos vencidos que pueden tener una toxicidad letal y está prohibido por los protocolos antimotines».
Después de procesar la información harán un informe preliminar -entre hoy y mañana- para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional.
Será un «informe detallado con todos los derechos y leyes que se violentaron a la hora de la represión y sobre todo una situación contextual que es la que también explica por qué se llega a ese momento represivo», indicó Armoa.
Explicó que los hechos se registraron «en un contexto de reforma constitucional, de bajos salarios casi de miseria, falta de acceso al agua y a servicios en muchas de las comunidades». Y advirtió que «gran parte de los medios de comunicación locales y nacionales han construido y avalado la represión», por lo que «no se puede pensar en un esquema represivo sino en una legitimación por parte de distintos medios y aquí lo hemos constatado».
Armoa alertó sobre represiones «intempestivas» pues «muchos fueron reprimidos cuando pasaban por los cortes, que es lo que denuncian todos, gente común que no está habituada a situación de enfrentamiento que no podían entender por qué la policía les estaba disparando».
DDHH
“Muy pronto volveremos a encontrarnos”: la carta abierta de Cristina que desafía la proscripción
En una carta abierta publicada este miércoles en su sitio oficial, Cristina Fernández de Kirchner denunció que la condena de la Corte Suprema y su inhabilitación de por vida no persiguen la verdad jurídica sino eliminarla de la vida política. Señaló que lo que padece constituye graves violaciones a los derechos humanos con raíces en el machismo estructural del poder judicial y convocó al pueblo a no bajar los brazos.
Con la serenidad de quien da una pelea de largo aliento, Cristina Fernández de Kirchner eligió las palabras con precisión quirúrgica. En la carta difundida este miércoles desde su sitio cfkargentina.com, la dos veces presidenta argentina afirmó que el ataque del que es víctima «no tiene como destinataria únicamente a una persona», sino a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.
El documento, que circuló de inmediato en redes sociales y medios afines al kirchnerismo, representa el texto político más contundente que CFK firmó desde que se conoció su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La carta no es solo un descargo personal: es una declaración de principios sobre el uso de la justicia como instrumento de persecución política, un fenómeno que, advierte, no es exclusivo de la Argentina.
La proscripción como objetivo central
El núcleo político del documento es una distinción que CFK planteó con claridad: «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es solo la accesoria». La frase condensa la lectura que el kirchnerismo hace del proceso judicial: no se trata de sancionar hechos de corrupción sino de cerrar el camino electoral a la principal figura de la oposición.
Kirchner fue la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina. Esa singularidad histórica la usó para plantear una pregunta que, en su formulación, lleva implícita la respuesta: «¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?» La pregunta no es retórica. Es la columna vertebral del argumento jurídico que, según anunció días atrás, ya fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Machismo estructural en la toga
Uno de los pasajes más resonantes de la carta es el que vincula su persecución judicial con el machismo estructural que, sostiene, persiste en sectores del sistema judicial argentino. «Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos», escribió.
La expresidenta fue más lejos al referir el atentado del 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Para CFK, el nivel de estigmatización y arbitrariedad al que fue sometida funcionó como un incentivo para que atentaran contra su vida, lo que encuadra la persecución judicial dentro de una violación más amplia de los derechos humanos fundamentales.
Una ofensiva jurídica internacional con nombres propios
La carta también es un mapa de la estrategia jurídica que Kirchner despliega en el plano internacional. Convocó a dos abogados de reconocida trayectoria: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, académico y jurista de referencia en el proceso de defensa del expresidente Lula Da Silva. Ambos integrarán el equipo que presentó la comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
CFK también recordó que en 2022, tras el atentado, un grupo de juristas internacionales de primer nivel ya había formulado una primera denuncia. Entre ellos, el exjuez de la Corte Suprema argentina y referente del derecho penal regional Raúl Zaffaroni, el ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire, el español Baltazar Garzón Real, el brasileño Juárez Tavares y juristas italianos de peso como Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere. «Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», afirmó la expresidenta.
Un fenómeno global, una respuesta democrática
La carta incorpora una lectura geopolítica del fenómeno. Kirchner advirtió que la utilización del sistema de justicia para neutralizar a dirigentes con respaldo popular no es una patología argentina. «En todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular», escribió, y añadió que ese fenómeno «representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales».
Frente a esa realidad, la expresidenta descartó responder «con odio» o «con violencia» y eligió la vía institucional: más derecho, más democracia y más verdad. El cierre de la carta fue un llamado directo a sus seguidores: «No bajen los brazos. No permitan que les roben la esperanza.» Y remató con una promesa: «Muy pronto volveremos a encontrarnos.»
Puntos clave
- CFK publicó una carta abierta este miércoles en cfkargentina.com en la que afirmó que la proscripción perpetua es «la pena principal» y la prisión «solo la accesoria».
- Denunció que su persecución judicial tiene raíces en el machismo estructural del poder judicial y que el nivel de estigmatización funcionó como un incentivo para el atentado del 1 de septiembre de 2022.
- Convocó a los abogados internacionales Javier Borrego (España) y Rafael Valim (Brasil) para integrar su defensa ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
- Señaló que el uso de la justicia como herramienta de persecución política es un fenómeno global que amenaza a las democracias constitucionales.
- Cerró la carta con un llamado al pueblo a no bajar los brazos y una promesa de regreso a la vida pública.
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