DDHH
Alerta Jujuy: misión de DDHH advirtió «situaciones de terror generalizado»
También relevó “represión policial amplificada” bajo el gobierno de Morales.
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca y San Salvador de Jujuy y advirtió sobre situaciones de «terror generalizado y de represión policial amplificada».
Así lo anticipó este lunes Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, quien reveló que «cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente».
El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.
«Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda; sobre todo nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos», explicó Armoa.
Según dijo, las víctimas brindaron testimonios «mostrando sus heridas de bala y de piedras que les arrojó la Infantería y denunciaron que sufrieron situación de persecución, amenazas de pérdida de trabajo y amenazas telefónicas».
Además, observaron situaciones de «criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente».
El sábado 17 de junio, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.
Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.
El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.
«Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás y que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo», remarcó Armoa.
Los profesionales que llegaron a Jujuy verificaron que entre los heridos había «señoras mayores, niños, adolescentes, gente de pueblo que nunca había estado movilizando pero que han sido reprimidas con balazos de goma, palazos, han respirado gases lacrimógenos vencidos que pueden tener una toxicidad letal y está prohibido por los protocolos antimotines».
Después de procesar la información harán un informe preliminar -entre hoy y mañana- para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional.
Será un «informe detallado con todos los derechos y leyes que se violentaron a la hora de la represión y sobre todo una situación contextual que es la que también explica por qué se llega a ese momento represivo», indicó Armoa.
Explicó que los hechos se registraron «en un contexto de reforma constitucional, de bajos salarios casi de miseria, falta de acceso al agua y a servicios en muchas de las comunidades». Y advirtió que «gran parte de los medios de comunicación locales y nacionales han construido y avalado la represión», por lo que «no se puede pensar en un esquema represivo sino en una legitimación por parte de distintos medios y aquí lo hemos constatado».
Armoa alertó sobre represiones «intempestivas» pues «muchos fueron reprimidos cuando pasaban por los cortes, que es lo que denuncian todos, gente común que no está habituada a situación de enfrentamiento que no podían entender por qué la policía les estaba disparando».
DDHH
La Corte anuló la absolución de Milani por la desaparición del soldado Ledo
El máximo tribunal revocó el fallo absolutorio del ex jefe del Ejército César Milani y ordenó revisar el caso por el encubrimiento de la desaparición forzada del conscripto Alberto Agapito Ledo durante la última dictadura.
A casi cinco décadas de la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo en Tucumán durante la última dictadura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución del ex jefe del Ejército César Milani y ordenó que la causa sea revisada. El fallo del máximo tribunal, dictado el 29 de septiembre de 2026, reactivó un expediente que parecía cerrado y puso nuevamente en el centro del debate judicial la responsabilidad de los mandos militares en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.
César Milani, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, había sido absuelto en instancias anteriores (el Tribunal Oral Federal de Tucumán en 2019 y la Cámara Federal de Casación Penal en 2021) por su supuesta participación en el encubrimiento de la desaparición forzada de Ledo, ocurrida en 1976. La Corte Suprema, por mayoría, con la integración de conjueces y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, revocó esa absolución y devolvió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá pronunciarse nuevamente sobre la responsabilidad del ex militar. El fallo lleva las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci, con un voto concurrente del conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.
El caso Ledo y la cadena de impunidad
Alberto Agapito Ledo era un joven conscripto que desapareció en la madrugada del 17 de junio de 1976 en Monteros, Tucumán, durante el terrorismo de Estado. La causa judicial, que tuvo décadas de tramitación, apuntó al encubrimiento por parte de mandos del Ejército y no solo a los ejecutores directos. Milani, entonces subteniente, llegó a juicio acusado de encubrimiento y falsedad ideológica por el acta que registró a Ledo como desertor. La absolución revocada por la Corte generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos y del Ministerio Público Fiscal, que persistió en el caso y llevó el expediente al máximo tribunal.
El Ministerio Público Fiscal destacó que la Corte revisó el razonamiento de las instancias inferiores para absolver a Milani. El máximo tribunal ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte una nueva sentencia por quien corresponda. La decisión no condena a Milani ni lo declara responsable, pero obliga a revisar otra vez su responsabilidad en el encubrimiento de la desaparición de Ledo.
Un fallo en la misma semana que el de tierras
La decisión sobre Milani se conoció el 29 de septiembre de 2026, en la misma tanda de fallos en que la Corte también se pronunció sobre la Ley de Tierras y el DNU 70/2023. Esa coincidencia temporal concentró la atención sobre el tribunal en una semana de alta actividad judicial, con resoluciones de enorme impacto político e institucional.
El caso Milani llegó a la Corte Suprema por un recurso de queja del fiscal general ante la Casación, Raúl Omar Pleé, que sostuvo el procurador general interino, Eduardo Casal. La reactivación de este expediente de lesa humanidad refuerza el principio de que la responsabilidad de los mandos por crímenes de la dictadura no prescribe y que las absoluciones pueden ser revisadas cuando el razonamiento jurídico que las sustenta resulta defectuoso.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema revocó la absolución del ex jefe del Ejército César Milani el 29 de septiembre de 2026.
- El caso refiere al encubrimiento de la desaparición forzada del conscripto Alberto Agapito Ledo en Tucumán en 1976.
- El máximo tribunal devolvió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal para que dicte una nueva sentencia.
- El Ministerio Público Fiscal impulsó el recurso ante la Corte y destacó el fallo como un avance en la causa de lesa humanidad.
- El fallo se conoció en la misma semana en que la Corte también se pronunció sobre la Ley de Tierras y el DNU 70/2023.
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