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DDHH

Alerta Jujuy: misión de DDHH advirtió «situaciones de terror generalizado»

También relevó “represión policial amplificada” bajo el gobierno de Morales.

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El-Argentino-Represión en Jujuy.

La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca y San Salvador de Jujuy y advirtió sobre situaciones de «terror generalizado y de represión policial amplificada». 

Así lo anticipó este lunes Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, quien reveló que «cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente».

El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.

«Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda; sobre todo nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos», explicó Armoa.

Según dijo, las víctimas brindaron testimonios «mostrando sus heridas de bala y de piedras que les arrojó la Infantería y denunciaron que sufrieron situación de persecución, amenazas de pérdida de trabajo y amenazas telefónicas».

Además, observaron situaciones de «criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente».

El sábado 17 de junio, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.

Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.

«Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás y que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo», remarcó Armoa.

Los profesionales que llegaron a Jujuy verificaron que entre los heridos había «señoras mayores, niños, adolescentes, gente de pueblo que nunca había estado movilizando pero que han sido reprimidas con balazos de goma, palazos, han respirado gases lacrimógenos vencidos que pueden tener una toxicidad letal y está prohibido por los protocolos antimotines». 

Después de procesar la información harán un informe preliminar -entre hoy y mañana- para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional.

Será un «informe detallado con todos los derechos y leyes que se violentaron a la hora de la represión y sobre todo una situación contextual que es la que también explica por qué se llega a ese momento represivo», indicó Armoa.

Explicó que los hechos se registraron «en un contexto de reforma constitucional, de bajos salarios casi de miseria, falta de acceso al agua y a servicios en muchas de las comunidades». Y advirtió que «gran parte de los medios de comunicación locales y nacionales han construido y avalado la represión», por lo que «no se puede pensar en un esquema represivo sino en una legitimación por parte de distintos medios y aquí lo hemos constatado».

Armoa alertó sobre represiones «intempestivas» pues «muchos fueron reprimidos cuando pasaban por los cortes, que es lo que denuncian todos, gente común que no está habituada a situación de enfrentamiento que no podían entender por qué la policía les estaba disparando».

CABA

Incendio en el Barrio 31: sin cuartel y dos niños muertos, la Ciudad debe responder

Valentín y Dante, de 5 y 2 años, murieron el jueves en el barrio Mugica, mientras los vecinos denuncian que los bomberos demoraron en ingresar y que el cuartel de la villa fue retirado. El peronismo porteño pidió informes al Gobierno de Jorge Macri, que desplegó 1.500 policías en el operativo Tormenta Negra.

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Dos chicos de 2 y 5 años murieron en un incendio en la Villa 31 y los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron en ingresar al barrio por los pilotes colocados en las calles. Una Ciudad capaz de desplegar 1.500 policías en una sola noche no habría podido, según la denuncia barrial, llegar a tiempo con un camión de bomberos.

Los niños, Valentín, de 5 años, y Dante, de 2, fallecieron el jueves 5 de noviembre en una vivienda del sector Martín Güemes del barrio Padre Carlos Mugica, en Retiro, según publicó un medio local. La noticia fue difundida por el Movimiento de Villas y Barrios Populares de la Ciudad de Buenos Aires, que habló de una tristeza absoluta y de repudio, y apuntó las responsabilidades contra el Gobierno porteño que encabeza Jorge Macri.

Pilotes, un cuartel retirado y un origen sin confirmar

El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico, aunque la causa no está confirmada y se desconoce con quiénes estaban los menores al momento del siniestro. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la vivienda. Los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron su ingreso porque los pilotes en las calles impidieron el paso del camión, y cuestionaron el retiro del cuartel que funcionaba dentro de la villa.

El Movimiento de Villas y Barrios Populares expresó «bronca y hartazgo» por el desfinanciamiento de las políticas de urbanización y por lo que calificó como violaciones sistemáticas de derechos humanos. Acusó al Gobierno de la Ciudad de ignorar año tras año el riesgo eléctrico y de priorizar el operativo Tormenta Negra.

La Garganta Poderosa: «Exigimos justicia y condiciones de vida dignas»

La organización La Garganta Poderosa publicó un mensaje en Instagram que superó los 9.000 me gusta en pocas horas. Sostuvo que los niños murieron en un incendio «por la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» y afirmó que ni los bomberos ni la ambulancia llegaron a tiempo, una versión que no fue confirmada oficialmente.

El posteo contrapuso esa situación con los operativos policiales en los barrios: el mismo Gobierno que no garantiza la asistencia en una urgencia aparece con la policía, a través de operativos como Tormenta Negra, para perseguir a familias y laburantes. La organización cerró con una pregunta que resume el reclamo: «¿Cuántas vidas nuestras vamos a dejar en el camino hasta que cumplan con sus obligaciones?».

Tormenta Negra, la prioridad de la Ciudad

El operativo Tormenta Negra desplegó más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad en 15 villas y asentamientos, entre ellos el barrio Mugica, según informó el propio Gobierno porteño. Jorge Macri siguió el operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, en Villa Lugano.

Tras uno de esos despliegues, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo en una misa en la Villa 31: «Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira». La frase, pronunciada antes de esta tragedia, describe con crudeza el debate que reabrió el incendio: qué presencia tiene el Estado en los barrios populares y con qué herramientas llega cuando hay una emergencia.

El peronismo pidió informes en la Legislatura

La legisladora porteña Berenice Iáñez, de Fuerza Buenos Aires (bloque que conduce Claudia Neira), presentó un pedido de informes al Gobierno de Jorge Macri. En el texto, la legisladora calificó la muerte de los niños como «un hecho de extrema gravedad» que exige una respuesta estatal integral.

El pedido reclama que la Ciudad informe qué organismos intervinieron, qué recursos humanos y materiales desplegó, cuáles fueron los tiempos de respuesta y qué asistencia recibió la familia de Valentín y Dante. También solicita el estado de avance de la reurbanización del barrio Mugica y del sector Martín Güemes, las evaluaciones técnicas de la vivienda, el acompañamiento psicológico y social a los familiares y los motivos del cese de actividades del cuartel de bomberos voluntarios.

Iáñez recordó además que presentó en 2025 un proyecto para crear un Protocolo de Actuación frente a Incendios en Villas y Asentamientos, que ingresó a la Legislatura pero nunca fue tratado. Una herramienta pensada para prevenir tragedias como esta quedó sin debate legislativo mientras el riesgo eléctrico seguía sin resolverse en el barrio, según denuncian las organizaciones. Hasta el momento, en el material consultado por este medio no figuraba una respuesta oficial del Gobierno porteño a la denuncia por la demora de los bomberos.

Lo que tenés que saber:

  • Dos niños de 2 y 5 años murieron el jueves 5 de noviembre en un incendio en el sector Martín Güemes del barrio Mugica, en Retiro.
  • El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico; la causa no está confirmada.
  • Los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron por los pilotes en las calles y cuestionaron el retiro del cuartel de la villa.
  • La legisladora Berenice Iáñez presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad.
  • El protocolo de actuación ante incendios en villas, presentado por Iáñez en 2025, no fue tratado en la Legislatura.

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