El último prófugo acusado de participar del asalto al herrero Jorge Ríos fue detenido esta tarde en el partido bonaerense de Florencio Varela, por lo que son cuatro los sospechosos presos por ese intento de robo en el que el jubilado mató de dos balazos a uno de los delincuentes, informaron fuentes policiales.

En tanto, el abogado Mariano Cid, representante del jubilado que fue imputado por el delito de «homicidio» y permanece con arresto domiciliario, pidió el apartamiento del fiscal de la causa, Ariel Rivas, por «pérdida de objetividad, pérdida de legalidad y violación de leyes nacionales e internacionales».

El nuevo detenido es un joven de 27 años identificado por los investigadores como Claudio «El Enano» Dahmer, quien fue atrapado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local y quedó a disposición de la justicia.

Fuentes policiales informaron que personal de la DDI de Quilmes detuvo a Dahmer en la localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela. El acusado era el último prófugo que faltaba detener por el asalto al jubilado dado que ya habían sido apresados David Ezequiel Córdoba (25), Cristian Chiara (23) y Martín Ariel Salto (27).

Según las fuentes, el fiscal Rivas lo indagará en las próximas horas por su presunta participación en el intento de robo.

El sospechoso tenía antecedentes penales y en abril último salió de un penal bajo libertad condicional por un habeas corpus colectivo que permitió flexibilizar la salida de presos bonaerense por la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, el fiscal general Marcelo Dragui evaluaba esta tarde el pedido que verbalmente le hizo ayer el abogado Cid respecto al apartamiento de Rivas de la causa.

«Lo que hizo con el pobre jubilado que casi lo mata en una comisaría el domingo pasado significó haber violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Adultos Mayores del 2015, aprobada por Ley del Congreso en 2017», dijo el letrado.

Debido a que el letrado no hizo una presentación por escrito, el funcionario judicial dispuso que se labre un acta por secretaría para que quede constancia de la solicitud de la defensa, que consideró que existía por parte del fiscal una «pérdida de objetividad».

Además, siempre según el abogado, el fiscal Rivas «estuvo cuatro días sin permitir tomar contacto con el expediente, impidiendo ejercer el legítimo derecho de defensa».