Jujuy
Sigue la represión en Jujuy y Morales insiste con la reforma
Pese a la violencia institucional las comunidades originarias y organizaciones sociales continúan resistiendo en el Norte.
Efectivos de infantería de la policía de Jujuy reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito en rechazo a la reciente reforma constitucional en la intersección de las rutas 9 y 52, cerca de la localidad de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma.
La represión se produjo en medio de las protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente
En tanto, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida «a nivel nacional» dado que, sostuvo, la interrupción del tránsito «es un delito» tipificado en el Código Penal.
Los avances policiales se produjeron a primera hora del día, a la tarde, poco después de las 19 y a las 22:30 contra los manifestantes, que eran integrantes de comunidades indígenas, organizaciones sociales y a los que se sumaron agrupaciones docentes..
Esta noche, además, una máquina retroexcavadora avanzaba sobre el asfalto con el propósito de despejar el camino de las piedras arrojadas durante la protesta.
Tras el último intento de despeje, los manifestantes se reagruparon llenaron de piedras el camino para evitar nuevos avances y decidieron pasar la noche en el lugar con abrigos y mantas para soportar las temperaturas heladas.
Los manifestantes, que momentos antes habían retomado el corte de ruta, informaron que durante el despeje con balas de goma fueron heridas varias personas.
“Infantería cargó sobre la ruta a puro tiro con balas de goma, otro grupo de policía de civil nos atacaron por la zona del rio que se encuentra a la vera del corredor vial”, relató uno de los comuneros sobre el tercer ataque.
Asimismo, detalló que los manifestantes se vieron rodeados por los policías por lo que se replegaron por el camino hacia la entrada de Purmamarca, sobre los cerros lindantes a las rutas, algunos de los cuales presentaban heridas por los proyectiles lanzados.
En la zona, una maquina vial avanzó para despejar los montículos de piedras de las rutas pero luego de ello los colectivos indígenas resolvieron cortar nuevamente la ruta en esa zona de la Quebrada de Humahuaca.
El jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, repudió esta noche «la brutal represión que ejerció la policía de Jujuy sobre quienes se manifestaban pacíficamente. Absolutamente inadmisible».
«Mi solidaridad y acompañamiento a las víctimas», señalo Rossi en Twitter.
Este sábado fueron tres los violentos avances policiales en el sitio de mayor conflicto, el primero de ellos se registró al amanecer, el segundo tuvo lugar a media tarde, el cual fue el más violento por la gran cantidad de heridos y al menos 30 detenidos.
Las manifestaciones contra la reforma -aprobada el viernes por la madrugada- se llevaban adelante en distintas localidades, entre ellas, Purmamarca, donde los manifestantes establecieron un corte en el cruce de las rutas 9 y 52 durante toda la noche, soportando incluso temperaturas bajo cero.
Los manifestantes denunciaron que a las 6 de hoy llegó a la zona un contingente de efectivos de la Infantería policial con el propósito de efectuar un desalojo de la ruta y luego avanzó sobre los manifestantes y se inició una represión en el cruce de caminos que se encuentra en el ingreso a este poblado del norte jujeño.
Los efectivos no lograron concretar el despeje de las rutas, que quedó con una apertura al paso vehicular a cada una hora.
Alrededor de las 15, autoridades del Gobierno provincial habían intentado un acercamiento para dialogar con los manifestantes pero se retiraron con el unánime repudio de todas las comunidades y al grito de: «que renuncie Morales».
Alrededor de las 17, llegó hasta el lugar otro grupo de efectivos, que avanzó otra vez y logró desalojar el corte con gases lacrimógenos y balas de goma.
Por el enfrentamiento, varias personas resultaron heridas y dirigentes locales difundieron una lista con cerca de treinta detenidos, entre ellos, Natalia Morales, referente del PTS-Frente de Izquierda, y Luciano Aguilar, editor de La Izquierda Diario, que cubría la protesta.
Fuentes del Gobierno jujeño indicaron que personal policial también resultó herido durante el operativo con «heridas en el rostro, cabeza y piernas».
«Algunos con traumatismo craneal, los cuales fueron derivados rápidamente al Hospital Pablo Soria. Durante la asistencia de primeros auxilios se contó con la presencia del personal de Dirección de Salud Mental y Bienestar Policial», indicaron voceros oficiales.
Distintos abogados jujeños de Derechos Humanos informaron a Télam que la mayoría de los detenidos permanecía en el Servicio Penitenciario del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.
Las mujeres fueron alojadas en la Unidad Penal 3, mientras que los hombres permanecen en la Unidad Penal 7, del mismo barrio, mientras que diversas comunidades indígenas y otros manifestantes reclaman su libertad.
La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham informó esta noche que recibió «denuncias sobre represión ante la presencia de niñas, niños y adolescentes en el conflicto» por lo que articulaba con otras dependencias oficiales para que «no haya detenciones» de menores de edad.
Asesores legales adelantaron que el Ministerio Público de la Acusación podría imputar a los detenidos por, “interrumpir la circulación de otras personas” dado que realizaron cortes de ruta.
El gobernador Morales defendió esta mañana la reforma de la Carta Magna provincial al señalar que «la Constitución de Jujuy va a ser la primera que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional que es el corte de rutas y calles».
En diálogo con radio Mitre, aclaró que se «mantiene el artículo 32 de la Constitución» respecto de que «la manifestación es un derecho por el que no hay que pedir permiso, pero en tanto sea pacífica y sin armas».
La nueva Constitución prohíbe expresamente «los cortes de ruta o calles y las usurpaciones de edificios públicos» durante las protestas porque, remarcó Morales, «cortar rutas no es un derecho, es un delito», según «el artículo 194 del Código Penal».
«Hay quienes creen que cortar una ruta, una calle son una modalidad de protesta, entonces tiene que haber una ley que establezca y que ordene el ejercicio de ese derecho, ningún derecho, ni los que tiene usted ni los que tengo yo establecidos en la Constitución nacional son absolutos», expresó.
Ayer, la ministra de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos anunció que pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los nuevos artículos de la Constitución jujeña.
El secretario general de la CGT Pablo Moyano repudió hoy «enérgicamente el atropello a los derechos constitucionales de los trabajadores de Jujuy que fueron reprimidos» y adelantó que la semana próxima irá a Jujuy para manifestarse en ese sentido.
En forma paralela, esta noche, organizaciones de izquierda protestaban frente a la Casa de la Provincia de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires para expresar su repudio a la represión que el gobierno de Morales.
El obispo de Jujuy, Daniel Hernández convocó hoy a las autoridades locales y a los sectores que se encuentran movilizados a celebrar «un diálogo sincero para construir puentes y no dinamitarlos», en medio de las movilizaciones y protestas que se suceden en el distrito.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) informó a través de las redes sociales que la organización convocaba a su Junta Directiva para resolver «un paro» de actividades en la docencia en repudio a la represión en Jujuy.
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Judiciales ⚖️
Acusado de envenenar a sus mellizas recién nacidas: es juzgado tras más de 8 años prófugo
El acusado, identificado como P.G.Q., fue detenido en diciembre de 2025 cuando intentaba reingresar al país por un paso fronterizo. Está acusado de homicidio calificado por la muerte de una de las niñas y de tentativa respecto de la otra, recién nacidas en 2017.
Según la acusación, dos recién nacidas fueron envenenadas y abandonadas dentro de una bolsa en un paraje rural de Jujuy: una murió y la otra sobrevivió. Nueve años después, el hombre señalado como autor, que estuvo más de ocho años prófugo, comenzó a ser juzgado.
El juicio contra P.G.Q. se inició el martes ante un Tribunal en lo Criminal integrado por los jueces Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. El Ministerio Público de la Acusación está representado por el fiscal Aldo Lozano. El acusado es juzgado por homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas, y por ese mismo delito en grado de tentativa respecto de la otra.
La hipótesis fiscal
De acuerdo con el parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante la madrugada del 7 de julio de 2017, en una vivienda rural de Angosto del Perchel, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Después, las habrían metido en una bolsa y dejado en las inmediaciones del inmueble.
Las niñas fueron encontradas horas más tarde y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de ellas murió; la otra sobrevivió luego de un prolongado período de internación y de tratamiento especializado.
En noviembre de 2017, el propio fiscal Lozano sostuvo que las pericias toxicológicas evidenciaban que las pequeñas habían ingerido un plaguicida y planteó que existió un acuerdo previo para matarlas. Entonces amplió la imputación contra la madre de las niñas y dispuso la detención de dos hombres de su entorno íntimo, a quienes imputó como presuntos coautores.
Ocho años prófugo y una identificación por ADN
El acusado permaneció prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente al territorio argentino por un paso fronterizo. La detención reactivó la causa. Luego se realizaron estudios genéticos que, según la investigación, establecieron que P.G.Q. es el padre biológico de ambas niñas.
Hasta el momento no se informó dónde estuvo durante esos más de ocho años ni por qué paso fronterizo intentó reingresar. La pregunta que deja el caso es cómo un hombre requerido por la Justicia pudo permanecer tanto tiempo fuera de su alcance.
La prueba y lo que sigue
Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo. Con el inicio del debate oral, las partes analizaron la prueba admitida en la etapa de control de acusación.
El tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal del acusado, quien goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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Ignacio Flamini
20.06.2023 at 10:31
Los derechos constitucionales no son absolutos, todos son relativos, terminan donde empiezan los derechos del otro. Está consagrado el derecho a la libertad de expresión, pero ello no implica decir cualquier cosa de cualquier persona sin responsabilidad alguna; ese derecho cede al momento de cometer una calumnia o injuria. Existe el derecho a la libertad individual de la persona, pero puede ser limitado en caso de cometer un delito, como todos los demás. Los derechos a manifestarse y reunirse son libertades que nuestras normas respetan, pero ello no implica, como erróneamente se ha sostenido, que ampare la posibilidad de cortar las calles e impedir la libre circulación del tránsito. Todos los argentinos tenemos derecho a circular y transitar libremente por el territorio del país; y todos tenemos derecho a trabajar, a saber y a aprender, a enseñar y a ejercer toda industria lícita. Es que aceptar que el derecho de manifestarse y reunirse implica también el de cortar las calles y restringir los derechos del resto sería lo mismo que aceptar que en ocasión de una manifestación es válido agredir a otras personas, destruir los locales que están al paso, etcétera. Ahora bien, el mismo artículo 14 de la Constitución Nacional que declara, entre otros derechos, el “de peticionar ante las autoridades”, establece que aquellos deberán ser ejercidos “conforme a las leyes que reglamenten”. Por tal motivo, se entiende que no puede ser ejercido de manera absoluta por sobre otros derechos, como el de trabajar o el de circular libremente (también protegidos en el art. 14 de la CN) Raquel Kismer de Olmos, Pablo Moyano, Agustín Rossi, etc etc. lean la constitucion nacional