DDHH
Fuerte entredicho entre el Gobierno paraguayo y el delegado de la ONU por las niñas de 11 y 12 años asesinadas
Un fiscal que interviene en la causa admitió que las nenas muertas en el operativo militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no tenían 15 y 18 años.
El fiscal Federico Delfino, quien investiga la muerte de dos niñas de nacionalidad argentina en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento del insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), admitió que las prendas que llevaban las fallecidas se destruyeron y que tenían 11 años de edad y no 15 y 18 como dijo ayer un médico forense.
Esta rectificación alimenta las críticas hacia las fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del Gobierno, a quienes se les achacan errores y malos procedimientos, según informó el diario asunceño Ultima Hora.
Una de las críticas partió del representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien esté domingo calificó la acción militar como “un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.
El duro pronunciamiento de Jarab disparó una inmediata reacción del Gobierno paraguayo, que vía Cancillería emitió una declaración que calificó de irresponsable al representante de la ONU por «insinuar una posible alteración de los hechos» ocurridos en el operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción, el pasado miércoles.
«Este hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo», señala el escrito.
En tanto, el forense Cristian Ferreira había dicho este sábado que las edades de las niñas oscilaban entre los 15 y 18 años, aunque ayer mismo se confirmó que tenían 11 años y meses, tal como informó la tía de las niñas muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo Brítez.
La mujer precisó que las pequeñas fallecidas son Aurora y Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, mientras la otra de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros del grupo armado.
“Se tomaron muestras las vestimentas y por esta cuestión del Covid, según el procedimiento, automáticamente se tienen que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó el agente del Ministerio Público.
Asimismo, durante una entrevista al programa La Lupa, de Telefuturo, añadió que las otras prendas halladas en el campamento «también se destruyeron luego de las muestras fotográficas».
El fiscal Delfino también señaló que se solicitó la exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres”. “Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.
La destrucción de las ropas recibió diversas críticas, entre ellas la de la excandidata presidencial Lilian Soto, quien fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”, expresó el fiscal.
Por otro lado, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición rechazó en un comunicado la acción militar en el Norte y exigió «una investigación seria, exhaustiva e imparcial» sobre los hechos acontecidos. En tanto, el Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las dos niñas «sea investigada y aclarada».
En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”, en referencia a la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército paraguayo, responsable de la muerte de las pequeñas.
DDHH
Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.
Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.
El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.
Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia
El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.
El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.
El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave
El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.
La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.
Un patrón estructural del sistema penitenciario federal
Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Lo que tenés que saber:
- Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
- Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
- Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
- Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
- Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.
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