DDHH
Fuerte entredicho entre el Gobierno paraguayo y el delegado de la ONU por las niñas de 11 y 12 años asesinadas
Un fiscal que interviene en la causa admitió que las nenas muertas en el operativo militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no tenían 15 y 18 años.
El fiscal Federico Delfino, quien investiga la muerte de dos niñas de nacionalidad argentina en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento del insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), admitió que las prendas que llevaban las fallecidas se destruyeron y que tenían 11 años de edad y no 15 y 18 como dijo ayer un médico forense.
Esta rectificación alimenta las críticas hacia las fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del Gobierno, a quienes se les achacan errores y malos procedimientos, según informó el diario asunceño Ultima Hora.
Una de las críticas partió del representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien esté domingo calificó la acción militar como “un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.
El duro pronunciamiento de Jarab disparó una inmediata reacción del Gobierno paraguayo, que vía Cancillería emitió una declaración que calificó de irresponsable al representante de la ONU por «insinuar una posible alteración de los hechos» ocurridos en el operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción, el pasado miércoles.
«Este hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo», señala el escrito.
En tanto, el forense Cristian Ferreira había dicho este sábado que las edades de las niñas oscilaban entre los 15 y 18 años, aunque ayer mismo se confirmó que tenían 11 años y meses, tal como informó la tía de las niñas muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo Brítez.
La mujer precisó que las pequeñas fallecidas son Aurora y Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, mientras la otra de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros del grupo armado.
“Se tomaron muestras las vestimentas y por esta cuestión del Covid, según el procedimiento, automáticamente se tienen que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó el agente del Ministerio Público.
Asimismo, durante una entrevista al programa La Lupa, de Telefuturo, añadió que las otras prendas halladas en el campamento «también se destruyeron luego de las muestras fotográficas».
El fiscal Delfino también señaló que se solicitó la exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres”. “Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.
La destrucción de las ropas recibió diversas críticas, entre ellas la de la excandidata presidencial Lilian Soto, quien fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”, expresó el fiscal.
Por otro lado, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición rechazó en un comunicado la acción militar en el Norte y exigió «una investigación seria, exhaustiva e imparcial» sobre los hechos acontecidos. En tanto, el Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las dos niñas «sea investigada y aclarada».
En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”, en referencia a la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército paraguayo, responsable de la muerte de las pequeñas.
CABA
Violencia institucional: liberaron a Rocío tras violenta detención por viajar en subte con su perro
La joven viajaba con su mascota a la veterinaria y terminó tirada boca abajo y esposada por la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros. La liberaron el sábado por la tarde, después de pasar la noche detenida por supuesto «atentado y resistencia a la autoridad».
Un tackle, una joven boca abajo contra el piso del andén y unas esposas que se aflojaron recién cuando los policías advirtieron que los pasajeros estaban filmando. Así terminó el viaje de una mujer que intentó llevar a su perra a la veterinaria en el subte porteño. Una infracción a la normativa de transporte de mascotas se convirtió en casi 24 horas de privación de la libertad.
La joven, identificada como Rocío por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), fue detenida el viernes por la tarde, cerca de las 17, por efectivos de la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros de la línea A, en el barrio de Almagro. La acusaron de «atentado y resistencia a la autoridad» y la detención fue ordenada por la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Santiago Lipera. Recuperó la libertad en la tarde del sábado.
La versión oficial y lo que muestran los videos
Según el parte policial que difundió el Ministerio de Seguridad porteño, la mujer subió con un perro a una formación sin respetar la normativa vigente; personal policial y de Emova, la concesionaria del servicio, le advirtió que debía bajar, y la joven «se negó a descender, insultó y escupió a un oficial». Rocío niega haber escupido o insultado a ningún agente.
Los videos grabados por pasajeros, que circularon masivamente en redes sociales, muestran a dos policías varones forcejeando con la joven hasta tirarla al piso y esposarla, mientras una agente mujer interviene en el procedimiento. Uno de los efectivos la derribó boca abajo con un tackle, y cuando los uniformados notaron que estaban siendo filmados le aflojaron las esposas. En la grabación, un oficial identificado como González se acerca a una pasajera y sostiene que la joven lo había agredido.
Más tarde, cuando Rocío intentó sacar el teléfono para comunicarse con el veterinario, un efectivo la arrinconó contra la pared. «No soy un delincuente», se la escucha gritar. Finalmente, los tres agentes la esposaron con las manos a la espalda y la dejaron de pie en el andén. La escena expone una desproporción evidente entre la falta que se le atribuye y el despliegue de fuerza con que se la redujo.
Qué dice la norma sobre mascotas en el subte
La Ley 5.687 de la Ciudad y su Decreto Reglamentario 31/2017 permiten viajar con perros y gatos en el subte solo los sábados desde las 13, los domingos y los feriados. Cada pasajero adulto puede llevar un único animal, que debe ir dentro de una caja o bolso transportador cerrado y ventilado.
El viernes era día hábil, por lo que el traslado de la perra no estaba habilitado. Pero la normativa regula una condición de viaje, no habilita a convertir a una pasajera en sospechosa de un delito ni a reducirla en el piso de una estación. La imputación por atentado y resistencia a la autoridad se apoya íntegramente en el relato del propio agente que participó del procedimiento.
Una noche detenida y el reclamo de los organismos de DDHH
Rocío pasó la noche del viernes privada de su libertad y fue liberada en la tarde del sábado. Su perra quedó al cuidado de una amiga. Durante su detención recibió asistencia de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de un abogado.
Antes de la liberación, el CeProDH difundió un pronunciamiento en sus redes sociales: «Exigimos libertad inmediata de Rocío, detenida ayer por la policía de Jorge Macri por estar en el subte con su perro. Sigue detenida de manera arbitraria como muchas otras personas ante la política represiva del Gobierno de la Ciudad».
La legisladora porteña Amanda Martín también cuestionó el accionar de los efectivos y sostuvo que la violencia policial se volvió parte de la vida cotidiana en la Ciudad. El caso vuelve a poner bajo la lupa la política de seguridad de la gestión de Jorge Macri, donde la respuesta a un conflicto menor en el transporte público terminó en violencia institucional, esposas, calabozo y una causa penal.
Lo que tenés que saber:
- Rocío fue detenida el viernes por la tarde en la estación Castro Barros de la línea A, cuando viajaba con su perra a la veterinaria.
- La Policía de la Ciudad la acusó de «atentado y resistencia a la autoridad»; la detención la ordenó la Unidad de Flagrancia Oeste.
- El parte oficial sostiene que insultó y escupió a un oficial; ella lo niega.
- Videos de pasajeros muestran cómo la tiraron al piso y la esposaron.
- Fue liberada el sábado por la tarde, tras el reclamo del CeProDH y con asistencia de CORREPI.
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