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Fuerte entredicho entre el Gobierno paraguayo y el delegado de la ONU por las niñas de 11 y 12 años asesinadas

Un fiscal que interviene en la causa admitió que las nenas muertas en el operativo militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no tenían 15 y 18 años.

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El fiscal Federico Delfino, quien investiga la muerte de dos niñas de nacionalidad argentina en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento del insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), admitió que las prendas que llevaban las fallecidas se destruyeron y que tenían 11 años de edad y no 15 y 18 como dijo ayer un médico forense.

Esta rectificación alimenta las críticas hacia las fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del Gobierno, a quienes se les achacan errores y malos procedimientos, según informó el diario asunceño Ultima Hora.

Una de las críticas partió del representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien esté domingo calificó la acción militar como “un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”.

El duro pronunciamiento de Jarab disparó una inmediata reacción del Gobierno paraguayo, que vía Cancillería emitió una declaración que calificó de irresponsable al representante de la ONU por «insinuar una posible alteración de los hechos» ocurridos en el operativo en Yby Yaú, del departamento Concepción, el pasado miércoles.

«Este hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo», señala el escrito.

En tanto, el forense Cristian Ferreira había dicho este sábado que las edades de las niñas oscilaban entre los 15 y 18 años, aunque ayer mismo se confirmó que tenían 11 años y meses, tal como informó la tía de las niñas muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo Brítez.

La mujer precisó que las pequeñas fallecidas son Aurora y Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, mientras la otra de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros del grupo armado.

“Se tomaron muestras las vestimentas y por esta cuestión del Covid, según el procedimiento, automáticamente se tienen que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó el agente del Ministerio Público.

Asimismo, durante una entrevista al programa La Lupa, de Telefuturo, añadió que las otras prendas halladas en el campamento «también se destruyeron luego de las muestras fotográficas».

El fiscal Delfino también señaló que se solicitó la exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres”. “Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.

La destrucción de las ropas recibió diversas críticas, entre ellas la de la excandidata presidencial Lilian Soto, quien fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”, expresó el fiscal.

Por otro lado, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición rechazó en un comunicado la acción militar en el Norte y exigió «una investigación seria, exhaustiva e imparcial» sobre los hechos acontecidos. En tanto, el Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las dos niñas «sea investigada y aclarada».

En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”, en referencia a la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército paraguayo, responsable de la muerte de las pequeñas.

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Amnistía denunciará a Milei a nivel internacional por hostigar a periodistas

La ONG cerró los escritos para presentar la denuncia formal esta semana. Según FOPEA, en 2025 hubo 278 ataques contra la prensa y el Presidente fue autor de 119. La frase sobre la hoguera, dicha en la Fundación Faro, aceleró el reclamo.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
FOPEA registró 278 ataques a la prensa en 2025, un 55% más que en 2024, y señaló a Milei como autor de 119.

El jefe de Estado argentino, Javier Milei, fue autor de 119 de los 278 ataques contra la prensa que se registraron durante 2025, y ahora Amnistía Internacional prepara una denuncia en su contra ante organismos internacionales. El dato surge del último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que la organización utilizó como uno de los argumentos centrales de su presentación.

Amnistía Internacional, la organización de defensa de los derechos humanos, anunció a través de su cuenta oficial de X que denunciará al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra periodistas, a las que calificó como una «escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina». La entidad aseguró que los dichos del mandatario «profundizan el hostigamiento a la prensa» y confirmó que «está cerrando los escritos» para que las presentaciones formales se realicen «esta semana».

El discurso en la Fundación Faro

El origen del reclamo es el discurso que Milei brindó en la Fundación Faro, el think tank libertario que encabeza Agustín Laje. Según Amnistía, allí el Presidente individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA, una causa que compromete al propio Gobierno.

En ese mismo discurso, Milei afirmó que quienes considera sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera». Para Amnistía, la frase evoca «una violencia extrema» y constituye un motivo de preocupación por el impacto que tienen los mensajes presidenciales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

La directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski, calificó el accionar del mandatario como «gravísimo» porque la máxima autoridad del país «naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento» contra quienes ejercen el periodismo. Y fue más allá: «La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible», sentenció.

Los números del hostigamiento

El informe de FOPEA que cita la ONG contabilizó 278 ataques contra la prensa durante 2025, un 55% más que en 2024. Más de cuatro de cada diez de esos episodios, 119 en total, tuvieron al propio Presidente como autor. Amnistía sostuvo que el objetivo de los insultos de Milei al periodismo es «silenciar para generar autocensura».

La denuncia también recuerda otras acciones ya documentadas: las restricciones que sufrieron los periodistas acreditados para acceder a la Casa Rosada y las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó adelante contra periodistas críticos del Gobierno nacional.

Un reclamo que no es nuevo

La preocupación de Amnistía por el trato del oficialismo hacia la prensa viene de lejos. En julio de 2024, a casi ocho meses del inicio de la gestión libertaria, la organización advirtió que cerca de 30 periodistas habían recibido hostigamiento en redes y medios de comunicación. Dos años después, el escenario no solo persiste sino que escala de la mano del propio jefe de Estado.

En septiembre de este año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal por los ataques del Gobierno de Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, y exigió explicaciones y el cese inmediato de esas prácticas.

Cuando la voz más poderosa del país convierte la crítica periodística en blanco de insultos y amenazas, el daño no se limita a los periodistas señalados: se extiende a todo el debate público. La presentación que Amnistía concretaría en los próximos días busca que la comunidad internacional tome nota de esa deriva.

Lo que tenés que saber

  • Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei ante organismos internacionales por sus ataques a periodistas; las presentaciones formales se harían esta semana.
  • El detonante fue el discurso del Presidente en la Fundación Faro, donde agredió a periodistas que cubrieron el caso $LIBRA.
  • Milei dijo que sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera»; la ONG advirtió que esa frase evoca «una violencia extrema».
  • FOPEA registró 278 ataques a la prensa en 2025, un 55% más que en 2024, y señaló a Milei como autor de 119.
  • La denuncia suma las restricciones de acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales del Ejecutivo contra periodistas críticos.
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