Seguridad 🚨
La perito de parte en el caso Facundo aseguró que «Fue una muerte violenta por asfixia»
La perito forense Virginia Creimer, quien representa a la madre de Facundo Astudillo Castro en la causa por la desaparición forzada, aseguró este miércoles que el joven fue victima de «una muerte violenta por asfixia» y que ahora seguirán adelante «buscando la mano homicida».
La perito forense Virginia Creimer, quien representa a la madre de Facundo Astudillo Castro en la causa por la desaparición forzada, aseguró este miércoles que el joven fue victima de «una muerte violenta por asfixia» y que ahora seguirán adelante «buscando la mano homicida».
En la puerta de la exEsma, donde se encuentra la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Creimer contó a la prensa algunos de los datos surgidos de la autopsia que más de 15 peritos llevaron adelante sobre los restos del joven de 22 años hallados el 15 de agosto último en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri.
«Esta perito como parte de la querella esta muy conforme. Se confirmó lo que se había hablado: es una muerte violenta por asfixia, hay que buscar quiénes son los responsables de que Facundo haya muerto de esta manera», expresó la perito.
Creimer detalló que «la muerte violenta tiene distintas alternativas: homicidio, suicidio o accidente» y al respecto agregó: «Claramente no tenemos un caso de suicidio, claramente no tenemos un caso de accidente, entonces lo que nos resta es un homicidio».
Consultada sobre cómo seguirá la labor en la causa, la forense dijo que para poder llevar la información pericial de manera contundente a los estrados judiciales, los peritos tienen que hacer ahora «un análisis completo de los 20 cuerpos de instrucción de la causa, que es una segunda autopsia».
«Si no conocemos lo que está dentro de los 20 cuerpos no podemos terminar de entender, por eso el Protocolo de Minnesota habla de de contextualizar. Si no conocemos el contexto en el que pudo haberse producido la muerte eso no podemos buscar ni diagnosticar lo que tenemos que encontrar», agregó.
Finalmente, Creimer dijo que las conclusiones de la autopsia no fueron unánimes, ya que en su caso planteó algunas disconformidades que eventualmente presentará en un informe por separado.
«Este paso de hoy es sumamente importante pero quedan muchos otros pasos periciales importantes. Seguimos adelante buscando la mano homicida», concluyó.
Las pistas sobre la desaparición
Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo «si se hace el pajero, que lo bajen», según informaron fuentes de las investigación.
«Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a», publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.
Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a la existencia de esa frase recuperada a través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.
Sin embargo, una fuente de la investigación explicó que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.
los abogados de Cristina Castro denunciaron hostigamiento por parte de la policía bonaerense
De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.
Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él «los datos completos y la foto» y un segundo en el que señaló «y si se hace el pajero que lo bajen».
Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un «dale». En tanto, los abogados de Cristina Castro denunciaron hostigamiento por parte de la policía bonaerense, luego de que uno de ellos recibió una carta documento de un comisario retirado para que deje de vincular a la policía con el caso y a otro le estacionaran una patrulla a metros de su domicilio.
«No creo más en las casualidades. Vamos a pedir una medida de protección federal. Le asignamos a esto una gravedad inaudita y estamos preparando la presentación para tener protección», dijo el querellante Luciano Peretto al referirse a la presencia de una patrulla policial a metros de su domicilio, en Pedro Luro.
Ese episodio fue denunciado públicamente por la mamá de Facundo que también a través de Twitter escribió: «Muy harta de tanto acoso, les gusta perseguirnos, pararse en nuestras entradas, no saben que no tenemos miedo, hoy le tocó a Luciano, mi abogado, la bonaerense esperando que salga de su casa. Seguiremos denunciando, lástima antes por lo menos les tenía respeto, hoy ni eso.»
La publicación, acompañada por una foto de la camioneta policial, generó el repudio de distintos sectores, entre ellos de la CTA Bahía Blanca, que mediante un comunicado, consideró que «la bonaerense comenzó su campaña de intimidación».
Por su parte, Aparicio recibió una carta documento del comisario inspector retirado de la policía bonaerense Miguel Ángel Reynoso para que se «abstenga de realizar actos o expresiones que resulten ofensivas y agraviantes hacia los integrantes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires» en relación al caso Facundo Astudillo Castro.
Los querellantes, al igual que la madre de Facundo, sostienen desde el inicio que la policía bonaerense fue la responsable de la muerte del joven y de montar un operativo posterior de encubrimiento.
A instancias de estas sospechas, la causa por la desaparición del joven pasó a ser investigada por la Justicia Federal como desaparición forzada y si bien por el momento no hay efectivos de la fuerza bonaerense detenidos, sí se llevan a cabo diligencias sobre los movimientos y hallazgos en patrullas de la fuerza, comunicaciones telefónicas entre policías y análisis de documentación y testimonios recolectados en la causa.
Los resultados de la autopsia son las pruebas que según la querella no sólo confirmarían la causa de muerte sino también, según trascendidos, alguna evidencia del o las personas involucradas en el homicidio de Facundo.
CABA
Mano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos
El jefe de Gobierno porteño llevó a más de 28.000 la dotación de la Policía de la Ciudad y usó el acto para ironizar contra quienes cuestionaron el operativo Tormenta Negra, denunciado por el CELS por violencia policial y detenciones arbitrarias en los barrios populares.
Frente a 600 nuevos policías formados en el Patio de Armas, Jorge Macri no se limitó a dar la bienvenida a la tropa. Eligió responder, con sorna, a los organismos de derechos humanos y a los sectores de la oposición que denunciaron los megaoperativos en las villas porteñas: «Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad».
El jefe de Gobierno porteño encabezó este martes el acto de incorporación de los nuevos efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal que ya trabajó en otras fuerzas federales o provinciales, con una capacitación de 240 horas cátedra en formación técnica, legal y táctica, más entrenamiento físico. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta.
Las cifras que exhibe la gestión
Con esta camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos. Según el Gobierno porteño, desde diciembre de 2023 se incorporaron 6.803 nuevos policías: 4.260 formados como cadetes en el ISSP y 2.543 llegados a través del programa NICE. Es decir, más de un tercio de los ingresos de la gestión llegó por la vía de la formación abreviada para agentes que provienen de otras fuerzas.
La administración porteña sostiene que la tasa de homicidios se ubicó en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de su serie histórica, y atribuye ese resultado a la incorporación constante de personal. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la metodología ni la fuente del cálculo sobre la caída del 70% en las villas que Macri esgrimió en su discurso.
Hay, además, una inconsistencia en el argumento del jefe de Gobierno. El período que Macri usó para responder a sus críticos arranca en 2023, mucho antes del primer operativo Tormenta Negra, desplegado en mayo de 2026. La baja que invoca, por lo tanto, no puede atribuirse a esos megaoperativos que eligió defender con ironía.
Tormenta Negra y las denuncias que Macri prefiere ridiculizar
El primer operativo Tormenta Negra se realizó el 14 de mayo, con más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y Ciudad Oculta, con helicópteros y un vehículo blindado. Los balances oficiales difundidos entonces hablaron de entre 20 y 27 detenidos y cuatro búnkeres cerrados. En septiembre, la Ciudad repitió la misma modalidad en una segunda edición.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento sobre esa segunda edición, titulado «Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs», en el que afirmó haber registrado episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo de vecinos y vecinas. Ya tras el primer despliegue, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional del organismo, Victoria Darraidou, advirtió que «este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas».
La discusión también llegó a la Legislatura porteña, donde legisladores presentaron un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo de mayo: los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos policiales. La legisladora Vanina Biasi cuestionó que el despliegue golpeara a comerciantes y vecinos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.
Desde adentro de los barrios, el periodista y comunicador popular de la Villa 21-24 Nelson Santacruz describió en el programa de streaming Ronda de Investigación un hostigamiento que no se detiene: «Para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo». Lo que el jefe de Gobierno presenta como un éxito, en los pasillos se vive como una presencia policial permanente y sin rendición de cuentas.
Trapitos, manteros y «pseudo progres»: el discurso del enemigo interno
El tono del acto confirmó una estrategia que Macri viene sosteniendo desde hace meses. «Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó», afirmó, antes de agrupar en una misma enumeración a usurpadores, trapitos, manteros y a quienes agreden a policías: «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada».
También dividió a la sociedad en dos bandos: «Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz». En ese esquema, quien denuncia abusos policiales queda automáticamente del lado del delito, y el trabajador informal que vende en la vereda pasa a compartir lista con el violento.
No es la primera vez que una ceremonia policial se convierte en tribuna política. En junio, ante 650 nuevos efectivos en el mismo instituto, Macri apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». Con la mira puesta en 2027, la seguridad se consolida como el eje de campaña de un PRO que compite con La Libertad Avanza por el mismo electorado de mano dura.
El jefe de Gobierno cerró con una definición de identidad: «Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan». Queda pendiente que esas mismas reglas alcancen a los procedimientos que el CELS documentó y que la Legislatura pidió auditar, porque la ley también rige para quienes visten uniforme.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad incorporó 600 policías provenientes del programa NICE y la fuerza superó los 28.000 efectivos.
- Desde diciembre de 2023 ingresaron 6.803 agentes; 2.543 llegaron por la vía NICE, con formación de 240 horas cátedra.
- Macri ironizó contra los críticos del operativo Tormenta Negra y atribuyó a su gestión una caída del 70% en los homicidios en las villas entre 2023 y 2026.
- El CELS denunció violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de herramientas de trabajo durante la segunda edición del operativo.
- Legisladores porteños pidieron que la Auditoría General de la Ciudad revise el despliegue realizado en mayo.
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