La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri, quien fue trasladado desde su domicilio en Concordia hacia la Unidad Penal N°1 de Paraná para comenzar a cumplir una pena de ocho años por delitos de corrupción. La medida también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, y a Pedro Báez, exministro de Comunicación, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de Urribarri se realizó durante la noche. Entre Concordia y Paraná hay unos 280 kilómetros, un recorrido de cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penitenciaria se concretó durante la madrugada. La orden fue emitida después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso pendiente y dejara firme la sentencia.

La condena que llegó hasta la Corte Suprema

El Tribunal de Juicio dispuso que los tres condenados comenzaran a cumplir sus penas en la cárcel de Paraná. La resolución se apoyó en la firmeza de la condena por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, luego de que el máximo tribunal rechazara la vía recursiva que todavía mantenía suspendida la ejecución efectiva.

Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado. La maniobra se instrumentó mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares y un perjuicio económico superior a 12 millones de pesos para la provincia.

El pedido de prisión domiciliaria fue rechazado

La defensa del exgobernador intentó frenar el ingreso a prisión con un pedido de arresto domiciliario. Para sostenerlo, alegó un cuadro de salud mental y físico que incluía trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos.

El tribunal rechazó el planteo porque consideró que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para conceder el beneficio. Con esa decisión, la Justicia descartó la salida domiciliaria y ordenó que la condena se cumpliera en una unidad penitenciaria.

Una causa de corrupción pública con sentencia efectiva

La detención marcó el cierre de un recorrido procesal que comenzó con la investigación sobre el uso de recursos estatales para contratos de publicidad oficial que, según la sentencia, fueron simulados. La firmeza del fallo convirtió la condena en una pena de cumplimiento efectivo y dejó sin margen la estrategia defensiva basada en la espera de nuevas revisiones judiciales.

El caso expuso el costo de utilizar la estructura del Estado para beneficiar intereses vinculados al poder político. La llegada de Urribarri a una cárcel provincial, junto con Aguilera y Báez, representó una definición contundente: una condena por corrupción pública no quedó reducida a un expediente ni a una disputa de recursos, sino que comenzó a ejecutarse.

Puntos clave

• La Justicia de Entre Ríos ordenó la detención inmediata de Sergio Urribarri.
• La Corte Suprema rechazó el último recurso y dejó firme la condena de ocho años.
• También fueron detenidos Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez.
• La sentencia acreditó 143 operaciones irregulares entre 2010 y 2015.
• El tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario por motivos de salud.