El agobado Carlos Beraldi presentó un «recurso de Casación» para que evalúe las recusaciones presentadas contra los fiscales del caso y contra algunos de los miembros del tribunal, luego de que se conocieran sus visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa conocida como «Vialidad» presentó un «recurso de Casación» para que evalúe las recusaciones presentadas contra los fiscales del caso y contra algunos de los miembros del tribunal, luego de que trascendieran vínculos entre algunos de ellos y visitas a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación fue realizada por el abogado Carlos Beraldi y apunta a que sea la Cámara Federal de Casación penal la que evalúe si corresponde que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini sigan interviniendo en el juicio.

Beraldi expuso una serie de elementos que, según su criterio, generan temor de parcialidad en relación a los magistrados que intervienen en el proceso, como el hecho de haberse enterado a través del diario Página/12 que el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu comparte un equipo de fútbol llamado La Liverpool disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.

«El fiscal Mola mantenía reuniones en la propia Casa de Gobierno -en donde tenían sus despachos los principales actores de la Mesa Judicial de Macri-, en la sede de la AFI -desde donde se articulaban maniobras de espionaje ilegal en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner- y en el Ministerio de Seguridad de la Nación, nada menos que con la Lic. Patricia Bullrich, denunciante de este proceso», reseñó el abogado de la expresidenta en el escrito.

«El juez Gorini y el juez Giménez Uriburu también visitaban a la Lic. Bullrich, incluso cuando ya tenían a su conocimiento las presentes actuaciones», recordó el abogado de la expresidenta en el recurso presentado este mediodía.

«¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal y de un juicio político en contra del juez que habría desarrollado tal conducta», afirmó Beraldi.

Como prueba de ello sostuvo que «basta con recordar lo que sucedió con el juez (Sebastián) Casanello cuando se le inventó un encuentro con nuestra representada en la Quinta de Olivos. En definitiva, es evidente que en el presente caso se encuentra lesionada de una manera intolerable la garantía del juez imparcial y, de igual manera, vulnerado el principio de objetividad y respeto de la legalidad que debe regir la actuación de todos los fiscales», concluyó.

En otro párrafo señaló: «Los mismos fiscales que afirman que todas estas relaciones debidamente acreditadas no tienen entidad siquiera para demostrar un temor objetivo de parcialidad o falta de objetividad, al propio tiempo aseguran que la mera designación de funcionarios o las relaciones de conocimiento previo de un grupo de personas son las pruebas irrefutables que dan cuenta de la existencia de una asociación ilícita conformada en el seno del gobierno nacional, que conformó la mayor matriz de corrupción de la historia argentina. Curiosa doble vara».

El recurso fue presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que encabeza el juicio, para que sea elevado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En el juicio conocido como «Vialidad» se investiga si durante los gobiernos kirchneristas se benefició de modo irregular al empresario Lázaro Báez con el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

El debate se encuentra en la etapa de alegato, en la que la fiscalía pidió condenas para los 13 imputados y el 5 de septiembre comenzarán las exposiciones de las defensas.

La fiscalía, representada por Mola y Luiciani, solicitó 12 años de prisión para la Vicepresidenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de acusarla de ser la jefa de una asociación ilícita.