Denuncia
ARA San Juan y gremios repudiaron la Mesa Judicial macrista
Ante las revelaciones de la AFI sobre la Mesa judicial macrista, aparecieron repercusiones en el marco del armado de causas contra los gremios, y un nuevo comunicado de la querella mayoritaria del caso ARA San Juan.
Luego de conocerse la denuncia que prepara la AFI -Agencia Federal de Inteligencia- tras descubrir videos de reuniones del ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, junto a empresarios y otros funcionarios macristas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE, señaló que ese accionar “demuestra una vez más el carácter profundamente antiobrero, ilegal y persecutorio del gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional, y de Vidal en la provincia de Buenos Aires”.
Y añadió: “Muestra la perversa asociación entre dirigentes políticos de estos sectores reaccionarios de la derecha tradicional en la Argentina, con jueces sin ningún tipo de decencia, y con empresarios que en lo único que piensan es en acrecentar sus tasas de ganancia, destruyendo cualquier forma de participación gremial que le ponga límite a su ambición desmedida”.
“Es la misma situación que se expresa hoy cuando (el jefe de gobierno de CABA, Horacio) Rodríguez Larreta dice que quiere hacer ley un decreto de (ex presidente de facto Juan Carlos) Onganía para flexibilizar todas las relaciones laborales, o cuando la dirigencia de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), el sector más concentrado de la economía argentina, promueve la liberación absoluta para que se despidan trabajadores sin ningún control y límite por parte del Estado”, apuntó.
El dirigente llamó a “ponerle un freno a esta asociación no solamente ilegítima y perversa, sino hasta ilegal”, a partir de un “mayor nivel de participación de los distintos sectores, entre ellos, de la clase obrera organizada”. Asimismo, “desde un Estado que se democratice y envíe a la cárcel a quienes desde el Gobierno han realizado acciones ilegales para perseguir a dirigentes sindicales, sociales y políticos que se le oponen”.
CGT
Desde la Confederación General del Trabajo De la República Argentina señalaron que «ante la aparición de hechos que permiten confirmar, definitivamente y sin dudas, que en la Argentina existió durante el gobierno de Cambiemos un artero ataque político cuyo objetivo era disciplinar y condicionar, entre otras organizaciones, a los representantes del movimiento obrero, merece nuestro repudio institucional».
«Que el poder político de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la coalición de Cambiemos, desee tener como herramienta de control y dominación una policía secreta tipo GESTAPO nazi, habla por sí solo del objetivo persecutorio y disuasorio contra las organizaciones gremiales y democráticas», especificaron.
«Desde la CGT queremos rechazar enfáticamente este tipo de maniobras que se alejan de las prácticas democráticas que necesitamos para construir un país donde la división de poderes sea un valor importante para convivir en paz y armonía social».
Mirá el comunicado completo:

ARA SAN JUAN
Tras un comunicado difundido por la querella mayoritaria de la causa de espionaje sobre familiares de la tripulación del ARA San Juan, señalaron que «tal como consta en el adjunto, no se han despachado en casación sala II varias presentaciones de esta parte, mientras que las presentaciones del procesado Mauricio Macri son inmediatamente atendidas».
La querella encabezada por la abogada Valeria Carreras detalló: «Hemos recusado al juez de cámara Dr Mahiques y en el día de hoy hemos denunciado hecho nuevo que lo deja incurso en sospecha sería de parcialidad, ello sumado a las demás cáusales denunciadas oportunamente». Especificaron además que «el hecho nuevo es el escandaloso video de la mesa judicial de la Provincia de Buenos Aires, donde su subsecretario de Justicia brinda garantías para denunciar a un sindicalista».
«A las sospechas que ensombrecen los tribunales de Comodoro Py, se suma la sospecha certera de no ser iguales ante la ley», concluyó la letrada.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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