El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito a exfuncionarios y empresarios imputados en la causa por la llamada «mesa judicial bonaerense» y ordenó medidas de prueba para profundizar la investigación por la persecución judicial a sindicalistas durante el macrismo.

La decisión se tomó luego de que la sala II de la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de los procesamientos que se habían dispuesto a los acusados, cuando la pesquisa tramitaba en el fuero federal de La Plata, según la resolución.

La decisión del magistrado ya fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi y será revisada en la Cámara Federal porteña.

La falta de mérito benefició a exfuncionarios y empresarios que habían sido ya indagados en la causa por la reunión que mantuvieron el 15 de junio de 2017 y de la que participó el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, quien aludió allí a su deseo de tener una «Gestapo» contra el sindicalismo.

El encuentro quedó registrado por cámaras instaladas en el lugar por la AFI y las filmaciones fueron entregadas a la Justicia por la ex titular del organismo de inteligencia Cristina Caamaño.

La falta de mérito recayó sobre Villegas, Roberto Gigante, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Pablo Allan, Darío Biorci, Juan De Stefano, Diego Dalmau Pereyra, Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Rio, Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky.

Martínez De Giorgi pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que «previa desclasificación» en base a lo dispuesto por la Ley de Inteligencia 25520 informe sobre «el contexto completo de como ocurrió el hallazgo del material aportado y que diera lugar al inicio de la presente causa».

«A su vez, se deberá informar respecto de la existencia de un protocolo de actuación por el cual se filmarían esta clase de actos del que dio cuenta la denuncia y, en su caso, si se aplicó al caso en estudio».

El magistrado también reclamó al organismo de inteligencia «informar quién dio o pudo haber dado la orden para realizar esa filmación, con qué fecha, por qué repartición habría sido clasificada, que material se usó y a quien le pertenece».

Martínez De Giorgi ordenó también convocar a nuevos testigos y un análisis de las causas judiciales que se formaron contra el sindicalista Juan Pablo Medina, uno de los presuntos damnificados por las maniobras que se habrían acordado en esa reunión en la sede porteña del Banco Provincia.

En la causa se investiga si entre mayo y septiembre de 2017 hubo «una estrategia de judicialización para resolver lo que el juez instructor consideró un conflicto gremial asociado a la actividad del sindicato UOCRA-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata», según la acusación.

La «estrategia» de la llamada «mesa judicial bonaerense» habría implicado la formación de causas judiciales en pocos meses «iniciadas en algunos casos a partir de denuncias anónimas realizadas sobre la base de actividades de investigación presuntamente ilegales».

En su apelación, el fiscal Picardi sostuvo que «a tales fines, se involucró a la Agencia Federal de Inteligencia y a sus agentes, quienes bajo el designio de sus máximas autoridades, realizaron actividades de inteligencia prohibidas por la ley».

El rol de la Agencia Federal de Inteligencia «fue esencial en este entramado, toda vez que, a partir de las diversas acciones y tareas de inteligencia ilegal desplegadas por los agentes pertenecientes a dicho organismo, se construyeron los casos que, a posteriori, fueron judicializados por distintas vías y de distintas formas en contra de Juan Pablo Medina», señaló el fiscal.

«El fin último de estas maniobras era involucrar a Juan Pablo Medina en un proceso penal e incidir sobre su libertad. En este sentido, no podemos obviar el contexto en el que se desplegó esta estrategia, toda vez que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (P.B.A.), atravesaban un conflicto gremial en el que Medina incidía», continuó.

En la apelación a la que accedió Télam, el fiscal enfatizó que «no se puede desconocer que la detención del sindicalista tendría aptitud para proyectar sus dimensiones simbólicas y prácticas sobre otros representantes gremiales, en contextos de conflictividad».

«En este sentido, conforme fuera acreditado, el 4 de mayo de 2017, el expresidente, ingeniero Mauricio Macri, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, se reunieron en la Casa de Gobierno y a partir de allí comenzaron a ejecutarse distintas acciones, conforme a una estrategia orquestada».

Luego de esa fecha, «se coordinaron y concretaron diversas reuniones que involucraron a funcionarios de alto rango provincial, autoridades y funcionarios de la AFI y empresarios para abordar diversos eslabones de la estrategia pergeñada respecto de la U.O.C.R.A.- Seccional La Plata», se explayó.

En este escenario, «el involucramiento de la AFI en la situación de la UOCRA-La Plata se configuró a través de acciones previas tales como tareas de inteligencia sobre Medina y sus allegados, realización de investigaciones de campo y el acceso a distintas bases de datos por parte de agentes de la AFI, que sirvieron para la elaboración de informes», explicó el fiscal.