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Mesa judicial: fallo beneficia a empresarios y ex funcionarios de la Gestapo bonaerense

La decisión la tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, luego de que la sala II de la Cámara Federal porteña declarara la nulidad de los procesamientos a los acusados, cuando la pesquisa tramitaba en el fuero federal de La Plata.

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la falta de mérito a exfuncionarios y empresarios imputados en la causa por la llamada «mesa judicial bonaerense» y ordenó medidas de prueba para profundizar la investigación por la persecución judicial a sindicalistas durante el macrismo.

La decisión se tomó luego de que la sala II de la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de los procesamientos que se habían dispuesto a los acusados, cuando la pesquisa tramitaba en el fuero federal de La Plata, según la resolución.

La decisión del magistrado ya fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi y será revisada en la Cámara Federal porteña.

La falta de mérito benefició a exfuncionarios y empresarios que habían sido ya indagados en la causa por la reunión que mantuvieron el 15 de junio de 2017 y de la que participó el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, quien aludió allí a su deseo de tener una «Gestapo» contra el sindicalismo.

El encuentro quedó registrado por cámaras instaladas en el lugar por la AFI y las filmaciones fueron entregadas a la Justicia por la ex titular del organismo de inteligencia Cristina Caamaño.

La falta de mérito recayó sobre Villegas, Roberto Gigante, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Pablo Allan, Darío Biorci, Juan De Stefano, Diego Dalmau Pereyra, Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Rio, Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky.

Martínez De Giorgi pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que «previa desclasificación» en base a lo dispuesto por la Ley de Inteligencia 25520 informe sobre «el contexto completo de como ocurrió el hallazgo del material aportado y que diera lugar al inicio de la presente causa».

«A su vez, se deberá informar respecto de la existencia de un protocolo de actuación por el cual se filmarían esta clase de actos del que dio cuenta la denuncia y, en su caso, si se aplicó al caso en estudio».

El magistrado también reclamó al organismo de inteligencia «informar quién dio o pudo haber dado la orden para realizar esa filmación, con qué fecha, por qué repartición habría sido clasificada, que material se usó y a quien le pertenece».

Martínez De Giorgi ordenó también convocar a nuevos testigos y un análisis de las causas judiciales que se formaron contra el sindicalista Juan Pablo Medina, uno de los presuntos damnificados por las maniobras que se habrían acordado en esa reunión en la sede porteña del Banco Provincia.

En la causa se investiga si entre mayo y septiembre de 2017 hubo «una estrategia de judicialización para resolver lo que el juez instructor consideró un conflicto gremial asociado a la actividad del sindicato UOCRA-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata», según la acusación.

La «estrategia» de la llamada «mesa judicial bonaerense» habría implicado la formación de causas judiciales en pocos meses «iniciadas en algunos casos a partir de denuncias anónimas realizadas sobre la base de actividades de investigación presuntamente ilegales».

En su apelación, el fiscal Picardi sostuvo que «a tales fines, se involucró a la Agencia Federal de Inteligencia y a sus agentes, quienes bajo el designio de sus máximas autoridades, realizaron actividades de inteligencia prohibidas por la ley».

El rol de la Agencia Federal de Inteligencia «fue esencial en este entramado, toda vez que, a partir de las diversas acciones y tareas de inteligencia ilegal desplegadas por los agentes pertenecientes a dicho organismo, se construyeron los casos que, a posteriori, fueron judicializados por distintas vías y de distintas formas en contra de Juan Pablo Medina», señaló el fiscal.

«El fin último de estas maniobras era involucrar a Juan Pablo Medina en un proceso penal e incidir sobre su libertad. En este sentido, no podemos obviar el contexto en el que se desplegó esta estrategia, toda vez que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (P.B.A.), atravesaban un conflicto gremial en el que Medina incidía», continuó.

En la apelación a la que accedió Télam, el fiscal enfatizó que «no se puede desconocer que la detención del sindicalista tendría aptitud para proyectar sus dimensiones simbólicas y prácticas sobre otros representantes gremiales, en contextos de conflictividad».

«En este sentido, conforme fuera acreditado, el 4 de mayo de 2017, el expresidente, ingeniero Mauricio Macri, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, se reunieron en la Casa de Gobierno y a partir de allí comenzaron a ejecutarse distintas acciones, conforme a una estrategia orquestada».

Luego de esa fecha, «se coordinaron y concretaron diversas reuniones que involucraron a funcionarios de alto rango provincial, autoridades y funcionarios de la AFI y empresarios para abordar diversos eslabones de la estrategia pergeñada respecto de la U.O.C.R.A.- Seccional La Plata», se explayó.

En este escenario, «el involucramiento de la AFI en la situación de la UOCRA-La Plata se configuró a través de acciones previas tales como tareas de inteligencia sobre Medina y sus allegados, realización de investigaciones de campo y el acceso a distintas bases de datos por parte de agentes de la AFI, que sirvieron para la elaboración de informes», explicó el fiscal.

DDHH

La SIDE en el Congreso descartó amenazas terroristas, pero esquivó responder 120 preguntas de legisladores

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, compareció ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en una reunión de tres horas que se desarrolló a puertas cerradas. El organismo negó la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en el país, confirmó que no hubo aprehensiones bajo el DNU 941/2025 e informó sobre el operativo previsto para la visita de León XIV. La oposición, sin embargo, no obtuvo respuestas a los 120 interrogantes presentados diez días antes.

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Sin amenazas que justifiquen el DNU 941 y sin respuestas a 120 preguntas: el kirchnerismo en la Bicameral desnuda el vacío del control sobre la SIDE.

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, compareció ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia en una reunión de tres horas que se desarrolló a puertas cerradas. El organismo negó la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en el país, confirmó que no hubo aprehensiones bajo el DNU 941/2025 e informó sobre el operativo previsto para la visita de León XIV. La oposición, sin embargo, no obtuvo respuestas a los 120 interrogantes presentados diez días antes.

Auguadra se presentó ante los legisladores en el Congreso acompañado por los subsecretarios Diego Kravetz y José Lago Rodríguez, y los directores Alejandro Cecati, de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), y Alejandro Colombo, del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). La reunión, presidida por el senador de La Libertad Avanza Sebastián Pareja, fue convocada para recibir un informe sobre los gastos reservados y los lineamientos del Plan de Inteligencia Nacional.

Sin amenazas, sin aprehensiones

Las autoridades de la SIDE transmitieron a los legisladores que no existe actualmente ninguna amenaza terrorista proveniente de sectores de extrema izquierda ni de organizaciones islámicas en la Argentina. El dato no es menor: el DNU 941/2025, que facultó al organismo a realizar aprehensiones y declaró «encubiertas» todas sus actividades, fue dictado bajo el argumento de la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta frente a eventuales amenazas de esa naturaleza. La propia SIDE confirmó ante la Bicameral que, en el marco de esas facultades extraordinarias, no se registró ninguna aprehensión.

La información actualiza el debate en torno a las atribuciones que el Gobierno otorgó al organismo mediante ese decreto. Si no hay amenazas concretas de los perfiles invocados para justificarlo, la pregunta que emerge es cuál es la utilidad real de unas facultades de detención que, según el propio Ejecutivo, aún no se activaron.

El operativo para la visita del Papa León XIV

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la coordinación del operativo de seguridad para la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 9 y el 11 de noviembre próximo. Auguadra destacó la responsabilidad que recaerá sobre el Estado argentino para garantizar que el evento se desarrolle sin incidentes. «Argentina es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea», afirmó el titular de la SIDE.

En un comunicado difundido tras el encuentro, Auguadra valoró el mecanismo de control ejercido por la Bicameral y afirmó que resulta «necesario para garantizar la transparencia del organismo». Calificó la jornada como «una reunión muy positiva, en la que primó la defensa de los intereses de la Argentina» y señaló que las máximas autoridades del organismo se pusieron «a disposición de los integrantes de la Comisión para responder sus consultas y abordar los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Inteligencia Nacional». En ese marco, el funcionario extendió una invitación formal a todos los integrantes de la Bicameral para visitar el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), con el objetivo de que conozcan sus instalaciones y el trabajo de coordinación en materia de prevención y lucha contra el terrorismo.

La oposición reclamó por 120 preguntas sin respuesta

Pese al tono conciliador del comunicado oficial, la reunión no transcurrió sin rispideces. Los diputados del bloque Unión por la Patria reclamaron por la falta de respuestas a las 120 preguntas que habían presentado diez días antes y que, al momento del encuentro, seguían sin ser contestadas. La denuncia pone en evidencia una tensión estructural en el funcionamiento de la Bicameral: el oficialismo controla su presidencia a través de Pareja, lo que le permite regular el ritmo y el alcance del control parlamentario sobre un organismo que, desde la sanción del DNU 941/2025, acumula atribuciones inéditas en la historia democrática reciente.

Los legisladores opositores también requirieron explicaciones sobre la eventual postulación de Kravetz como intendente de Lanús, una situación que genera interrogantes sobre la compatibilidad entre la función de subsecretario de inteligencia y una candidatura electoral en ciernes. Además, solicitaron precisiones sobre los acuerdos firmados entre la Secretaría de Inteligencia y el FBI en el marco de la presentación del Centro Nacional Antiterrorismo.

Por la Cámara de Diputados participaron Cristian Ritondo (PRO), Gabriel Bornoroni y César Treffinger (La Libertad Avanza), y Rodolfo Tailhade, Ramiro Gutiérrez y Agustín Rossi (Unión por la Patria). Por el Senado estuvieron presentes Agustín Coto (LLA), Martín Goerling Lara (PRO), Edith Terenzi, el radical Maximiliano Abad y Carolina Moisés, de Convicción Federal.

Puntos clave

  • La SIDE descartó ante la Bicameral la existencia de amenazas terroristas de extrema izquierda o islámicas en el país.
  • El organismo confirmó que no realizó ninguna aprehensión bajo las facultades del DNU 941/2025.
  • Auguadra presentó el plan de seguridad para la visita de León XIV, programada entre el 9 y el 11 de noviembre.
  • La oposición denunció que 120 preguntas elevadas diez días antes de la reunión no obtuvieron respuesta.
  • Diputados de Unión por la Patria también pidieron precisiones sobre los acuerdos con el FBI y la eventual candidatura electoral del subsecretario Kravetz.
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