Judiciales ⚖️
Lawfare: Fiscalía insiste con la acusación de asociación ilícita para Cristina Kirchner
Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también apelada por la fiscalía.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar afirmó hoy que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos».
Lo hizo al comenzar a exponer ante la sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pedirá que también reciba pena por «asociación ilícita».
Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también apelada por la fiscalía.
«Cada ministro es responsable de los actos que legaliza», es decir «que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia», remarcó Villar.
«Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez», sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.
La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado doce años al incluir la «asociación ilícita».
En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita «realizó los desvíos» de dinero y «se organizó para realizar estas defraudaciones»
Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando «funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado» hacia el dueño de Austral Construcciones.
«Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido», el exministro que resultó absuelto en el juicio por el Tribunal Oral Federal 2 pero que la fiscalía pedirá ahora condenar.
Báez «se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto», dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.
Subrayó que para lograr «el fin delictivo» se «construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz» y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un «razonamiento arbitrario» al descartar la asociación ilícita «a los cinco miembros»
El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.
Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto que el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.
Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.
En su momento los condenados fueron Fernández de Kirchner, Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.
Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.
Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».
Femicidio
Rosario: Eliel Gerónimo Noel S, expolicía narco detenido por el femicidio de Bárbara Aragón
La autopsia preliminar confirmó que Bárbara Camila Aragón, de 26 años, fue asfixiada. El detenido es un expolicía exonerado de la fuerza santafesina en 2021 por integrar una banda narco. Un mensaje de WhatsApp que la joven le envió a su remisero minutos antes del crimen se convirtió en pieza clave de la investigación.
El cuerpo de Bárbara Camila Aragón fue encontrado dentro de una valija, envuelto en una frazada, en una habitación de una pensión del oeste de Rosario. La autopsia preliminar confirmó lo que los investigadores ya sospechaban: la joven de 26 años, oriunda de Villa Gobernador Gálvez, fue asfixiada. La pericia, realizada en el Instituto Médico Legal, no detectó otros signos de violencia. Se estima que el cuerpo llevaba varias horas en ese lugar cuando los efectivos ingresaron al inmueble en la madrugada del domingo.
El único detenido es Eliel Gerónimo Noel S., de 37 años, un expolicía exonerado de la fuerza de seguridad de Santa Fe en 2021 tras ser condenado por integrar una red de tráfico de cocaína entre Rosario y Reconquista. La causa se investiga como homicidio calificado por femicidio y está a cargo de la fiscal Marina Bertolotti, titular de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas. La audiencia imputativa se realizará en los próximos días.
Un mensaje de WhatsApp que quedó sin respuesta
El caso comenzó a tomar forma el sábado por la mañana, cuando los padres de Bárbara radicaron una denuncia por desaparición al no lograr contactarse con ella. La joven había salido temprano de su casa y no había regresado. Los investigadores activaron el protocolo de búsqueda y fue entonces cuando la declaración de un remisero resultó decisiva.
El chofer relató que trasladó a Bárbara hasta la pensión ubicada en la calle Juan José Paso al 6200. Minutos después de dejarla, la joven le envió un mensaje de WhatsApp pidiéndole que regresara a buscarla. El remisero volvió al lugar, pero nadie atendió. Se retiró sin imaginar lo que ocurría adentro. Esa comunicación, que la Justicia analiza para reconstruir la línea de tiempo del crimen, acotó las horas en las que se produjo el femicidio y orientó la búsqueda hacia esa dirección.
El hallazgo y la detención
Con autorización de la propietaria del inmueble, identificada como Ester, los efectivos ingresaron al lugar. Ella declaró que conocía al inquilino desde hacía dos o tres meses y que nunca había visto a Bárbara en la pensión. Al revisar la habitación, encontraron a Eliel S. y, en un sector de la cocina, la valija con el cuerpo de la víctima envuelto en una frazada y junto a una caja de reparto. El Sies confirmó el fallecimiento.
Según trascendió en el marco de la investigación, el acusado y Bárbara se habrían contactado días antes para mantener un encuentro en esa vivienda.
Quién es el detenido: de policía a condenado por narcotráfico
El perfil del detenido agrega una capa de gravedad institucional a este femicidio. Eliel S. fue miembro de la Policía de Santa Fe hasta que quedó involucrado en una causa por tráfico de drogas. En 2021 recibió una condena de seis años de cárcel por su participación en una red narco que operaba entre Rosario y Reconquista, lo que motivó su exoneración de la fuerza. Al momento del femicidio, se encontraba en libertad.
El caso reabre el debate sobre el control y el seguimiento de exintegrantes de las fuerzas de seguridad con condenas previas, en una ciudad que ya convive con altos niveles de violencia vinculada al narcotráfico y que acumula año tras año nuevas víctimas de femicidio.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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