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Lawfare: Fiscalía insiste con la acusación de asociación ilícita para Cristina Kirchner

Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también apelada por la fiscalía.

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El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar afirmó hoy que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos».

Lo hizo al comenzar a exponer ante la sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pedirá que también reciba pena por «asociación ilícita».

Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también apelada por la fiscalía.

«Cada ministro es responsable de los actos que legaliza», es decir «que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia», remarcó Villar.

«Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez», sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.

La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado doce años al incluir la «asociación ilícita».

En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita «realizó los desvíos» de dinero y «se organizó para realizar estas defraudaciones»

Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando «funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado» hacia el dueño de Austral Construcciones.

«Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido», el exministro que resultó absuelto en el juicio por el Tribunal Oral Federal 2 pero que la fiscalía pedirá ahora condenar.

Báez «se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto», dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.

Subrayó que para lograr «el fin delictivo» se «construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz» y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un «razonamiento arbitrario» al descartar la asociación ilícita «a los cinco miembros»

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto que el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.

En su momento los condenados fueron Fernández de Kirchner, Báez, el exsecretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».

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Causa AFA: denuncian que Beligoy compró una casa en un country

Según una investigación, la compra de una casa en el barrio Saint Thomas se concretó el 15 de febrero de 2023. Se suma a otros inmuebles que le atribuyen desde que dirige el arbitraje en 2018.

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Un hombre de campera oscura habla ante un micrófono frente a un fondo azul

Una casa de 339 metros cuadrados con pileta, parque y arboleda en un country de Esteban Echeverría figura a nombre del jefe de los árbitros de la AFA. La compra se concretó el 15 de febrero de 2023, según se denunció en una investigación periodística.

Se trata de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA y titular de la Asociación Argentina de Árbitros. La parcela 176 del sector sur del barrio privado Saint Thomas figura a su nombre en los registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense. Está sobre un terreno de más de 856 metros cuadrados, con una valuación fiscal de $6.514.485; la investigación estima un valor de mercado de entre US$700.000 y US$900.000.

Un barrio de 360 hectáreas

El country abarca 360 hectáreas divididas en cinco sectores, con golf de 27 hoyos, canchas deportivas, piletas, gimnasio y spa, y lotes de hasta US$350.000 donde viven jugadores de River y de Boca. Antes de comprar, Beligoy había buscado opciones en Terralagos, en Canning.

Otros bienes que se le atribuyen

La investigación ubica esta compra dentro de una expansión patrimonial desde que asumió la conducción arbitral, en 2018, con el impulso del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Antes vivía en Sáenz Peña, Tres de Febrero, en una casa remodelada con una planta alta.

A la casa se suma un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, escriturado antes del Mundial por US$490.000 pero valuado en más de US$900.000 según referencias de la zona. El 3 de mayo de 2024 pagó US$261.490 por dos departamentos y una cochera en un fideicomiso de La Plata, y tiene una Toyota SW4 de 2023 y una Jeep Compass 2025 a nombre de su mujer. El conjunto rondaría los US$2 millones. La información publicada no precisa el origen de los fondos.

El marco de la causa AFA

Este diario informó que los registros internos de la AFA secuestrados en allanamientos a la entidad quedaron en manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Esos registros le atribuyen a Beligoy pagos por más de $420 millones a valores actuales, con conceptos como «asesoramiento» y «seminarios», entre 2020 y 2025.

Tras una investigación periodística, el legislador porteño Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica, denunció a Beligoy ante la Justicia federal por presunto lavado de dinero y posible evasión fiscal. La denuncia no implica que esos delitos estén acreditados y la información disponible no detalla en qué estado procesal se encuentra.

Lo que tenés que saber

  • Beligoy compró el 15 de febrero de 2023 una casa en el barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría.
  • Una investigación la valúa entre US$700.000 y US$900.000.
  • Se suma un departamento en Villa Devoto escriturado por US$490.000.
  • La investigación le atribuye un patrimonio cercano a los US$2 millones y no se precisa el origen de los fondos.
  • Del Gaiso lo denunció por presunto lavado y evasión; la denuncia no acredita esos delitos.
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