Denuncia penal a la doble crueldad de Milei: incumple la ley de discapacidad y manda al Congreso otra norma para recortar pensiones

★ Mientras miles de familias con personas con discapacidad acumulan meses de prestaciones suspendidas, medicamentos sin cobertura y tratamientos cortados, el gobierno de Javier Milei eligió la confrontación como respuesta. Lejos de cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) que el propio Congreso le ordenó implementar, el Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley bautizado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» que, según denuncian organizaciones del sector, no persigue fraudes sino que desmantelaría el sistema de protección vigente.

La denuncia penal contra el Presidente fue presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 5 por el abogado Javier Garín, en representación de familiares afectados, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud. Además de Milei, la presentación alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches; y al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, actualmente procesado en la causa de corrupción que comprometió al organismo con el desvío de más de $75.000 millones del erario público, como informó este medio en su edición del 28 de abril de 2026.

Los delitos que se le imputan al Presidente

Según el escrito judicial presentado por Garín, el gobierno de Milei llevó adelante «un ajuste sistemático» en los beneficios del sector desde diciembre de 2023, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad. Los delitos imputados son tres: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona.

El letrado sostuvo que la implementación de las políticas de recorte «puso en peligro cierto» la salud y la vida de los beneficiarios al privarlos de medicamentos, tratamientos, atención y recursos. Algunos integrantes del colectivo afectado definieron la situación como un «genocidio por goteo», en alusión al riesgo para la vida que generaron las restricciones «deliberada y dolosamente» aplicadas.

La denuncia recordó que Milei ordenó vetar la Ley 27.793, sancionada por ambas cámaras del Congreso en julio de 2025. El Parlamento rechazó el veto en septiembre de ese año, revirtiendo la decisión presidencial. Pese a ello, el Ejecutivo recurrió al decreto 681/2025, que en su artículo 2° dispuso la suspensión arbitraria de la norma bajo el argumento de falta de financiamiento. La Justicia declaró inconstitucional ese decreto a través de un amparo colectivo tramitado ante el Juez Federal de Campana (expediente 44025/2025) y ordenó la aplicación inmediata e integral de la ley. El Gobierno apeló, pero la Justicia volvió a exigirle en enero de 2026 que la pusiera en marcha. A la fecha, solo se reglamentaron ocho artículos de los 25 que contiene la norma; diecisiete permanecen sin reglamentar.

El discurso oficial como prueba judicial

Uno de los aspectos más contundentes de la denuncia es la incorporación del discurso público del gobierno como evidencia de una política deliberada de estigmatización. La presentación señala que el accionar de Milei está «inspirado en una ideología de tipo supremacista» que desprecia la justicia social, la igualdad y los derechos de las personas con discapacidad, a quienes el Presidente se dedicó a «descalificar y desatender con especial saña» desde el inicio de su mandato.

En ese marco, la denuncia incluyó también al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en conferencias de prensa instaló públicamente la narrativa del fraude en las pensiones, utilizando como ejemplo una radiografía de un perro que supuestamente habría sido presentada para obtener un beneficio irregular. La misma lógica discursiva es la que hoy sustenta el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso.

La denuncia también señaló que la normativa impulsada por el Gobierno a través del decreto 843/24 y la resolución 187 de enero de 2025 incorporó términos explícitamente estigmatizantes para definir a las personas con discapacidad, entre ellos «retraso mental», «idiota», «imbécil» y «débil mental». La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que ese esquema «implica un retorno al modelo médico» y viola los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), además de contradecir las múltiples intimaciones que la Organización de las Naciones Unidas dirigió a la Argentina para que modificara su regulación en la materia.

El nuevo proyecto: más restricciones mientras se incumple la ley vigente

En paralelo a la denuncia penal, el Ejecutivo ingresó por el Senado el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que propone modificaciones sustanciales a la Ley 13.478, a la Ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas) y a artículos clave de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, precisamente la norma que el gobierno incumple pese a los fallos judiciales en su contra.

El texto establece un reempadronamiento obligatorio para el universo completo de titulares de pensiones por invalidez, que hoy alcanza a alrededor de 1,2 millones de personas en todo el país. Cada beneficiario deberá acreditar nuevamente su situación médica, laboral y socioeconómica en un plazo no inferior a 90 días, prorrogable por 30 días adicionales. El incumplimiento habilita la suspensión automática del beneficio; si la persona no regulariza su situación en los 60 días posteriores, el Ejecutivo puede avanzar con la baja definitiva mediante un acto administrativo.

El proyecto también elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad que accede a un empleo registrado continúe cobrando su pensión; deroga artículos centrales de la Ley 27.793, entre ellos los artículos 5, 8, 9, 14 y 20; y elimina el nomenclador que hoy fija pisos mínimos de pago a los prestadores, desregulando la negociación de aranceles con obras sociales y prepagas. Según El Destape, el monto propuesto para las pensiones equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio, en torno a $275.221, y el proyecto busca además suprimir la actualización automática trimestral por Índice de Precios al Consumidor.

El Foro Permanente de Discapacidad convocó a una protesta frente al Ministerio de Salud al conocerse el proyecto y publicó un comunicado señalando que la iniciativa «instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema».

La diputada peronista Victoria Tolosa Paz afirmó en redes sociales que «en realidad van por un nuevo ajuste: recortar derechos y sacarle a quienes más necesitan para sostener su modelo». Por su parte, la senadora bonaerense Fernanda Raverta calificó el proyecto como expresión de «la perversión ilimitada» del gobierno de Milei y sostuvo que el texto «no es más que ajuste, abandono y desprecio para las personas con discapacidad».

La contradicción es inocultable: el Ejecutivo propone modificar una ley que aún no aplicó y que la Justicia le ordenó implementar, mientras las familias y los prestadores afrontan deudas acumuladas, servicios interrumpidos y la amenaza de perder sus beneficios definitivamente.

Puntos clave

• Familiares, organizaciones y prestadores denunciaron penalmente a Milei, Lugones, Vilches y Spagnuolo por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y abandono de persona.
• La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 5; el patrocinante es el abogado Javier Garín.
• El Ejecutivo incumple la Ley 27.793 pese a fallos judiciales reiterados; solo reglamentó 8 de 25 artículos.
• El proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» obliga a reempadronarse a 1,2 millones de beneficiarios y habilita la baja automática de pensiones.
• Organizaciones del sector, el Foro Permanente de Discapacidad y legisladoras peronistas rechazaron la iniciativa y denunciaron que profundiza el ajuste.