Más de seis millones y medio de pesos transferidos desde cuentas de los hermanos del ministro de Economía hacia el líder de una agrupación que organizó marchas con antorchas y guillotinas contra el kirchnerismo, y ningún delito comprobado: así cerró la etapa de instrucción de la causa Revolución Federal para la familia Caputo. La Justicia federal decidió elevar el caso a juicio oral sin Flavio, Hugo y Rosana Caputo en el banquillo, mientras que los cinco militantes de la organización sí irán al debate.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos del ministro, quienes estaban siendo investigados por el presunto financiamiento de Revolución Federal, la agrupación liderada por Jonathan Morel que entre 2021 y 2022 protagonizó movilizaciones con imágenes de guillotinas y amenazas públicas contra dirigentes del Frente de Todos, en el período previo al atentado del 1 de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las transferencias que no alcanzaron para probar el financiamiento

La hipótesis de la acusación era precisa: los hermanos Caputo habían realizado transferencias a cuentas de Morel y personas de su entorno bajo el ropaje de trabajos de carpintería para amueblar el edificio Espacio Añelo, pero esos pagos habrían encubierto, en realidad, el financiamiento político de las actividades violentas de la agrupación. El monto total investigado superó los $6,5 millones. La sospecha se reforzaba porque los plazos de los supuestos trabajos coincidían cronológicamente con los períodos de mayor actividad intimidatoria de Revolución Federal.

Sin embargo, Martínez de Giorgi concluyó que las hipótesis de falsas contrataciones o sobreprecios no tenían sustento fáctico. El edificio Añelo existía y las mejoras de carpintería efectivamente se habían realizado, por lo que el magistrado no encontró prueba material que permitiera sostener que el dinero tuvo un destino diferente al declarado. «No hay prueba material alguna que indique que ese trabajo fue otorgado a los efectos de que Jonathan Morel se manifieste en contra del gobierno de ese entonces, ni de que los integrantes de la familia Caputo hayan tenido alguna participación en aquellos sucesos delictivos», escribió el juez en su resolución. Y añadió que tampoco se halló elemento alguno que autorizara a presumir que los Caputo conocían la postura política de Morel en el momento de contratarlo.

Quiénes sí irán a juicio oral

Con los Caputo fuera del expediente, la causa avanza hacia el debate oral con cinco imputados: el propio Jonathan Morel, conductor visible de Revolución Federal; Nilda Basile; Gastón Guerra; Leonardo Sosa; y Lidia Casciano. Todos ellos deberán responder por los hechos de violencia cometidos en el marco de las actividades de la organización en el período previo al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, aunque la causa por el atentado en sí tramita en un expediente separado.

El contexto que el sobreseimiento no borra

La decisión judicial cierra una puerta procesal, pero no disuelve la densidad política del vínculo investigado. Revolución Federal fue una organización que, en plena vigencia, convocó a actos con imágenes de horcas y guillotinas, difundió amenazas contra figuras del peronismo y operó en el mismo ecosistema de violencia política que culminó en el ataque armado contra la expresidenta. Que los hermanos del actual titular del Palacio de Hacienda hayan transferido fondos al líder de esa organización es un dato que el sobreseimiento no anula; solo determina que no constituyó, bajo el estándar probatorio penal, un delito comprobable.

La distinción importa. En términos jurídicos, los Caputo quedaron desvinculados. En términos políticos, la existencia de esas transferencias y la coincidencia temporal con el accionar violento de la agrupación seguirán siendo parte del registro de una etapa de la Argentina reciente marcada por la escalada del odio político y sus consecuencias más extremas.