Lawfare
Casal exige 12 años de prisión para Cristina: crece el lawfare para proscribirla políticamente
A semanas de definiciones políticas clave, el procurador Eduardo Casal se alineó con los sectores que impulsan la proscripción de Cristina Kirchner. Pidió a la Corte Suprema que la condene a 12 años de prisión por una figura desestimada por dos tribunales: asociación ilícita. La maniobra profundiza la estrategia de lawfare contra la ex presidenta.
Persecución judicial en marcha: piden 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el caso Vialidad
En un nuevo episodio de lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó este jueves un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se agrave la condena contra la ex mandataria a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mediante una figura jurídica —la de asociación ilícita— que ya fue descartada por dos instancias judiciales.
Este pedido, realizado en pleno año electoral y cuando la expresidenta suena como posible candidata en la provincia de Buenos Aires, se interpreta en amplios sectores políticos y sociales como un intento sistemático de proscripción judicial.
De la administración fraudulenta a la asociación ilícita: un cambio que busca la inhabilitación total
La causa Vialidad, referida a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, ya había sido resuelta por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, que condenó a Cristina a seis años de prisión por administración fraudulenta, desestimando el cargo de asociación ilícita por falta de sustento jurídico.
La Cámara de Casación Penal confirmó ese fallo en 2023. Sin embargo, ahora Casal busca que la Corte reabra esa discusión y avale la figura de asociación ilícita, lo que permitiría aplicar una condena mucho más severa —12 años de prisión— y consolidar la prohibición definitiva para ejercer cargos públicos.
“Es un nuevo capítulo del hostigamiento judicial contra Cristina Kirchner. Intentan hacer vía tribunales lo que no logran hacer en las urnas”, sostienen voces cercanas al kirchnerismo.
Un contexto político marcado por el intento de proscripción
El dictamen de Casal se conoce cuando la figura de Cristina Kirchner comienza a sonar como factor de unidad del campo popular. Sectores del Frente de Todos evalúan su posible candidatura en un escenario donde el oficialismo necesita reorganizarse tras la crisis social y económica agravada por el gobierno de Javier Milei.
Desde 2016, la ex presidenta ha sido blanco de múltiples causas judiciales impulsadas por el macrismo, en el marco de una estrategia de judicialización de la política que sigue el guión del lawfare: acusaciones sin pruebas sólidas, condenas mediáticas, y recursos judiciales en momentos clave del calendario electoral.
Una Justicia alineada con intereses políticos y mediáticos
En su dictamen, Casal también pidió que se condene por asociación ilícita a otros exfuncionarios como José López, Lázaro Báez y José Periotti, y exigió que se revoquen las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Además, reclamó el decomiso de más de $5.321 millones, monto que había sido reducido por la Casación.
Desde la defensa de Cristina, encabezada por Alberto Beraldi, se denuncia una causa “plagada de irregularidades”, donde se vulneraron garantías constitucionales y se incurrió en una «grosera arbitrariedad» al dictar sentencia.
Incluso se presentó una recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, por su parcialidad manifiesta, algo que la propia Corte Suprema aún debe resolver.
“Este proceso no tiene otra finalidad que impedir que Cristina Kirchner vuelva a ocupar un cargo electivo. Es lawfare puro, con aval institucional”, aseguran desde su entorno.
Una maniobra que profundiza la grieta institucional
La embestida judicial llega en un momento de fuerte debilitamiento del poder judicial ante la opinión pública, y en medio de un clima de tensión social creciente por el ajuste del gobierno de Javier Milei. Para analistas, la avanzada contra Cristina es también una cortina de humo para desviar el foco del malestar económico y la falta de respuestas del oficialismo.
Organismos de derechos humanos, sectores académicos y múltiples referentes sociales ya han advertido sobre el uso del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político.
¿Qué puede pasar ahora?
La Corte Suprema tiene ahora en sus manos una decisión que excede lo jurídico: si hace lugar al pedido de Casal, consolidaría la proscripción de Cristina Kirchner. Si lo rechaza, marcaría un límite a los sectores que buscan intervenir el escenario político a través del aparato judicial.
Mientras tanto, el pueblo peronista y kirchnerista ya empieza a organizarse ante lo que consideran una provocación directa al derecho democrático de elegir y ser elegido.
Judiciales ⚖️
Una causa cerrada en 2021 y una acusación de 13 años: así arrancó Hotesur-Los Sauces
La Fiscalía sostuvo ante el TOF 5 que los hechos habrían sido organizados “desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” entre 2003 y 2016, en una causa que el mismo tribunal cerró en 2021 y que Casación reabrió con solo dos jueces. La defensa cuestionó los plazos tras la unificación.
Para la Fiscalía, el centro de una asociación ilícita que operó durante más de trece años estuvo en la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional. Así lo sostuvo en la lectura del resumen de la elevación a juicio, en la primera audiencia del debate unificado por Hotesur y Los Sauces, que arrancó este viernes en Comodoro Py.
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, y su hijo Máximo Kirchner, diputado nacional, participaron de forma virtual ante el Tribunal Oral Federal N°5, integrado por los jueces José Michilini (presidente), Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. La acusación está a cargo del fiscal Diego Velasco. Michilini remarcó que la conexión remota es una situación “excepcional” y que ambos deberán presentarse de manera presencial para las indagatorias.
Qué sostuvo la Fiscalía
Según el resumen leído en la sala, los hechos “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto con funcionarios y empresarios, con el fin de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”. La acusación habló de una asociación ilícita “de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con roles definidos dentro y fuera de la estructura del Estado.
El esquema, según la Fiscalía, tuvo dos etapas: primero un sistema de beneficios para empresarios cercanos, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa; después un mecanismo para transferir y disimular parte de las ganancias hacia la familia Kirchner, mediante préstamos, compra y alquiler de propiedades, alquiler de los complejos hoteleros y mejoras en los establecimientos. En los requerimientos de elevación, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques calcularon que Los Sauces habría recibido alrededor de 25,9 millones de pesos en alquileres entre 2009 y 2016.
Para la Fiscalía, Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito. La acusación sostuvo que, junto con Néstor y Máximo Kirchner, conformó la inmobiliaria Los Sauces S.A., con la que se adquirieron varias propiedades, entre ellas el departamento de San José 1111, donde hoy cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. A Máximo lo señaló como organizador de la presunta asociación y recordó que fue presidente del directorio de la empresa familiar. Báez, López y De Sousa también fueron imputados como organizadores.
Un debate que empezó con reclamos de la defensa
Una de las defensas planteó que, por la reciente unificación de las causas, no se cumplieron los diez días hábiles “necesarios para ejercer la defensa” en el caso Hotesur, cuyo debate estaba fijado para marzo de 2027. Michilini respondió que ese viernes se leería la acusación de Los Sauces y que la lectura seguiría en los días siguientes “de manera que se pueda llegar a los 10 días”. Velasco entregará en los próximos días el resumen de la imputación de Hotesur, y la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de octubre.
Una causa cerrada en 2021 y reabierta con dos votos
La acusación que se leyó este viernes llegó después de un recorrido largo. En noviembre de 2021, el mismo TOF 5 sobreseyó a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, sin realizar el juicio, por mayoría de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg y con la disidencia de Palliotti. El 18 de septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esos sobreseimientos con solo dos jueces, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. El 16 de diciembre de 2024, la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa por no tratarse de una sentencia definitiva y dejó los planteos sobre garantías para el juicio oral.
El martes 20 de octubre, Casación volvió a intervenir: con dos votos a favor y uno en contra, revocó el desdoblamiento de los juicios que el TOF 5 había dispuesto en septiembre, que fijaba Los Sauces para el 23 de octubre y Hotesur para el 19 de marzo de 2027. Los abogados de la familia Kirchner, encabezados por Carlos Beraldi, habían pedido mantener los debates separados, mientras que el fiscal Velasco impulsaba la unificación.
Lawfare: el contexto que la acusación no incluye
Hotesur y Los Sauces es otro capítulo del lawfare contra Cristina Kirchner. Los hechos que sostienen esa lectura constan en los expedientes: un tribunal oral cerró la causa en 2021, una Casación reducida a dos jueces la reabrió en 2023 y esos mismos camaristas impusieron ahora el juicio unificado, en contra del criterio que había fijado el tribunal oral.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por la condena en Vialidad y enfrenta además el juicio de Cuadernos. Para este medio, como para dirigentes del peronismo, esa acumulación de expedientes es parte de la persecución judicial del denominado “partido judicial” de Comodoro Py.
Los imputados rechazan las acusaciones. Beraldi argumentó en 2021, al pedir los sobreseimientos, que el dinero recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. tenía “perfecta trazabilidad”. La hipótesis de la Fiscalía, que ubica los alquileres a empresarios de la obra pública como un circuito de devolución de dinero, deberá probarse o refutarse en el debate oral.
Lo que tenés que saber:
- La Fiscalía sostuvo que existió una asociación ilícita “de carácter estable y permanente” entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, comandada desde el Poder Ejecutivo.
- A Cristina Kirchner se la acusa de dirigir un esquema de reciclaje de fondos y a Máximo Kirchner, de ser organizador.
- Una defensa planteó que, tras la unificación, no se cumplieron los diez días hábiles para preparar el caso Hotesur.
- El TOF 5 sobreseyó a ambos en 2021; Casación reabrió la causa en 2023 con dos jueces y la Corte rechazó el recurso de la defensa en 2024.
- El debate continúa el lunes 26 de octubre.
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