Persecución judicial en marcha: piden 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el caso Vialidad

En un nuevo episodio de lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó este jueves un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se agrave la condena contra la ex mandataria a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mediante una figura jurídica —la de asociación ilícita— que ya fue descartada por dos instancias judiciales.

Este pedido, realizado en pleno año electoral y cuando la expresidenta suena como posible candidata en la provincia de Buenos Aires, se interpreta en amplios sectores políticos y sociales como un intento sistemático de proscripción judicial.

De la administración fraudulenta a la asociación ilícita: un cambio que busca la inhabilitación total

La causa Vialidad, referida a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, ya había sido resuelta por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, que condenó a Cristina a seis años de prisión por administración fraudulenta, desestimando el cargo de asociación ilícita por falta de sustento jurídico.

La Cámara de Casación Penal confirmó ese fallo en 2023. Sin embargo, ahora Casal busca que la Corte reabra esa discusión y avale la figura de asociación ilícita, lo que permitiría aplicar una condena mucho más severa —12 años de prisión— y consolidar la prohibición definitiva para ejercer cargos públicos.

“Es un nuevo capítulo del hostigamiento judicial contra Cristina Kirchner. Intentan hacer vía tribunales lo que no logran hacer en las urnas”, sostienen voces cercanas al kirchnerismo.

Un contexto político marcado por el intento de proscripción

El dictamen de Casal se conoce cuando la figura de Cristina Kirchner comienza a sonar como factor de unidad del campo popular. Sectores del Frente de Todos evalúan su posible candidatura en un escenario donde el oficialismo necesita reorganizarse tras la crisis social y económica agravada por el gobierno de Javier Milei.

Desde 2016, la ex presidenta ha sido blanco de múltiples causas judiciales impulsadas por el macrismo, en el marco de una estrategia de judicialización de la política que sigue el guión del lawfare: acusaciones sin pruebas sólidas, condenas mediáticas, y recursos judiciales en momentos clave del calendario electoral.

Una Justicia alineada con intereses políticos y mediáticos

En su dictamen, Casal también pidió que se condene por asociación ilícita a otros exfuncionarios como José López, Lázaro Báez y José Periotti, y exigió que se revoquen las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Además, reclamó el decomiso de más de $5.321 millones, monto que había sido reducido por la Casación.

Desde la defensa de Cristina, encabezada por Alberto Beraldi, se denuncia una causa “plagada de irregularidades”, donde se vulneraron garantías constitucionales y se incurrió en una «grosera arbitrariedad» al dictar sentencia.

Incluso se presentó una recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, por su parcialidad manifiesta, algo que la propia Corte Suprema aún debe resolver.

“Este proceso no tiene otra finalidad que impedir que Cristina Kirchner vuelva a ocupar un cargo electivo. Es lawfare puro, con aval institucional”, aseguran desde su entorno.

Una maniobra que profundiza la grieta institucional

La embestida judicial llega en un momento de fuerte debilitamiento del poder judicial ante la opinión pública, y en medio de un clima de tensión social creciente por el ajuste del gobierno de Javier Milei. Para analistas, la avanzada contra Cristina es también una cortina de humo para desviar el foco del malestar económico y la falta de respuestas del oficialismo.

Organismos de derechos humanos, sectores académicos y múltiples referentes sociales ya han advertido sobre el uso del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político.

¿Qué puede pasar ahora?

La Corte Suprema tiene ahora en sus manos una decisión que excede lo jurídico: si hace lugar al pedido de Casal, consolidaría la proscripción de Cristina Kirchner. Si lo rechaza, marcaría un límite a los sectores que buscan intervenir el escenario político a través del aparato judicial.

Mientras tanto, el pueblo peronista y kirchnerista ya empieza a organizarse ante lo que consideran una provocación directa al derecho democrático de elegir y ser elegido.