Lawfare
Casal exige 12 años de prisión para Cristina: crece el lawfare para proscribirla políticamente
A semanas de definiciones políticas clave, el procurador Eduardo Casal se alineó con los sectores que impulsan la proscripción de Cristina Kirchner. Pidió a la Corte Suprema que la condene a 12 años de prisión por una figura desestimada por dos tribunales: asociación ilícita. La maniobra profundiza la estrategia de lawfare contra la ex presidenta.
Persecución judicial en marcha: piden 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el caso Vialidad
En un nuevo episodio de lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó este jueves un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se agrave la condena contra la ex mandataria a 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mediante una figura jurídica —la de asociación ilícita— que ya fue descartada por dos instancias judiciales.
Este pedido, realizado en pleno año electoral y cuando la expresidenta suena como posible candidata en la provincia de Buenos Aires, se interpreta en amplios sectores políticos y sociales como un intento sistemático de proscripción judicial.
De la administración fraudulenta a la asociación ilícita: un cambio que busca la inhabilitación total
La causa Vialidad, referida a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, ya había sido resuelta por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, que condenó a Cristina a seis años de prisión por administración fraudulenta, desestimando el cargo de asociación ilícita por falta de sustento jurídico.
La Cámara de Casación Penal confirmó ese fallo en 2023. Sin embargo, ahora Casal busca que la Corte reabra esa discusión y avale la figura de asociación ilícita, lo que permitiría aplicar una condena mucho más severa —12 años de prisión— y consolidar la prohibición definitiva para ejercer cargos públicos.
“Es un nuevo capítulo del hostigamiento judicial contra Cristina Kirchner. Intentan hacer vía tribunales lo que no logran hacer en las urnas”, sostienen voces cercanas al kirchnerismo.
Un contexto político marcado por el intento de proscripción
El dictamen de Casal se conoce cuando la figura de Cristina Kirchner comienza a sonar como factor de unidad del campo popular. Sectores del Frente de Todos evalúan su posible candidatura en un escenario donde el oficialismo necesita reorganizarse tras la crisis social y económica agravada por el gobierno de Javier Milei.
Desde 2016, la ex presidenta ha sido blanco de múltiples causas judiciales impulsadas por el macrismo, en el marco de una estrategia de judicialización de la política que sigue el guión del lawfare: acusaciones sin pruebas sólidas, condenas mediáticas, y recursos judiciales en momentos clave del calendario electoral.
Una Justicia alineada con intereses políticos y mediáticos
En su dictamen, Casal también pidió que se condene por asociación ilícita a otros exfuncionarios como José López, Lázaro Báez y José Periotti, y exigió que se revoquen las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Además, reclamó el decomiso de más de $5.321 millones, monto que había sido reducido por la Casación.
Desde la defensa de Cristina, encabezada por Alberto Beraldi, se denuncia una causa “plagada de irregularidades”, donde se vulneraron garantías constitucionales y se incurrió en una «grosera arbitrariedad» al dictar sentencia.
Incluso se presentó una recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, por su parcialidad manifiesta, algo que la propia Corte Suprema aún debe resolver.
“Este proceso no tiene otra finalidad que impedir que Cristina Kirchner vuelva a ocupar un cargo electivo. Es lawfare puro, con aval institucional”, aseguran desde su entorno.
Una maniobra que profundiza la grieta institucional
La embestida judicial llega en un momento de fuerte debilitamiento del poder judicial ante la opinión pública, y en medio de un clima de tensión social creciente por el ajuste del gobierno de Javier Milei. Para analistas, la avanzada contra Cristina es también una cortina de humo para desviar el foco del malestar económico y la falta de respuestas del oficialismo.
Organismos de derechos humanos, sectores académicos y múltiples referentes sociales ya han advertido sobre el uso del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político.
¿Qué puede pasar ahora?
La Corte Suprema tiene ahora en sus manos una decisión que excede lo jurídico: si hace lugar al pedido de Casal, consolidaría la proscripción de Cristina Kirchner. Si lo rechaza, marcaría un límite a los sectores que buscan intervenir el escenario político a través del aparato judicial.
Mientras tanto, el pueblo peronista y kirchnerista ya empieza a organizarse ante lo que consideran una provocación directa al derecho democrático de elegir y ser elegido.
Lawfare
Banderazo en Parque Lezama: miles reclamaron la libertad de Cristina
El banderazo convocado para reclamar la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en su vivienda de la calle San José 1111 desde hace un año, desbordó las expectativas de los organizadores y se replicó de manera simultánea en más de 135 municipios de todo el país.
El 20 de junio tuvo este año una doble carga simbólica. Mientras el presidente Javier Milei encabezaba el acto oficial del Día de la Bandera en Rosario, miles de personas se congregaron en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires bajo una consigna diferente: «Cristina libre».
El banderazo convocado para reclamar la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en su vivienda de la calle San José 1111 desde hace un año, desbordó las expectativas de los organizadores y se replicó de manera simultánea en más de 135 municipios de todo el país.
El único orador del acto central fue su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, quien tomó la palabra ante la militancia y agradeció el apoyo sostenido a la expresidenta. «Ustedes no saben la alegría que le da cuando la van a ver», dijo, y subrayó que Cristina «nos marcó el camino». En el momento más personal de su discurso, admitió que su madre «no era la típica madre que te preparaba la torta de cumpleaños o te esperaba en la puerta de la escuela», pero aseguró que fue quien «le abrió la cabeza». Luego vino la frase política de mayor impacto: «Es la mujer que muchos queremos votar y tener de nuevo en la Casa Rosada».
Un acto condicionado por la amenaza judicial
El traslado a Parque Lezama no fue casual. La movilización debió cambiar de escenario luego de que el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimara formalmente a la exmandataria a principios de esta semana. El magistrado advirtió que dejaría sin efecto el beneficio de la prisión domiciliaria si continuaban las concentraciones de militantes frente a San José 1111, con el argumento de que esas manifestaciones «alteran el orden público».
El espacio político de la actual titular del PJ calificó la medida como un «apriete judicial», motivado por las vigilias y muestras de afecto que los simpatizantes organizaron al cumplirse el primer aniversario de su detención. Ante el riesgo concreto de que la Justicia revocara la modalidad del arresto, la militancia optó por trasladar el reclamo a un espacio público abierto para no poner en riesgo la situación de la dirigente. El resultado fue una plaza colmada y una imagen que el oficialismo difícilmente pueda ignorar.
Las voces de la gente
Desde bien antes de las 14, hora prevista para el inicio del acto, llegaron al Parque Lezama jubilados, familias, jóvenes y militantes con banderas y carteles. Los testimonios recogidos en el lugar reflejaron una mezcla de gratitud personal y rechazo político a la condena.
Andrea, que viajó desde Hurlingham con su familia, vinculó la figura de Cristina con su propia historia laboral: «Los jubilados la estamos pasando mal. Siento admiración, amor, es nuestra jefa. Gracias a ella me pude jubilar». Fabiola, llegada desde Malvinas Argentina, sintetizó el estado de ánimo de buena parte de los presentes: «Siento dolor por tenerla presa; no tenemos quién nos ampare con este Gobierno que tenemos hoy». Milagros, de 25 años, agregó que la expresidenta «fue la única mujer en lograr ser presidenta, y eso no es para nada menos».
Máximo Kirchner y el programa político
Más allá del homenaje a su madre, Máximo Kirchner trazó en su discurso algunas coordenadas programáticas. Sostuvo que la justicia fiscal no implica que alguien deje de ganar, sino que muchos argentinos dejen de perder, y resumió la ecuación en una fórmula que el peronismo repite desde sus orígenes: «Los que más tienen, más ponen». Planteó la necesidad de un Estado presente como «vehículo» para que las mayorías puedan ascender, y aclaró que esa presencia no debe limitarse a los sectores más vulnerables sino alcanzar también a la clase media y a las pymes.
«La Argentina necesita recuperar el orden y, dentro de ese orden, las prioridades», afirmó, y dejó en claro que para el espacio que representa, esa prioridad tiene nombre y apellido. «No aflojen, que no les gane la tristeza», cerró el diputado, en un discurso que combinó la reivindicación personal con la apuesta política de cara al futuro.
El banderazo del 20 de junio en Parque Lezama fue también, en el fondo, una declaración de vigencia: la de una fuerza política que sigue moviéndose en torno a su figura más convocante, a un año de su detención.
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