La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, donde fue acusada de administración fraudulenta. Esta decisión, emitida por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mantiene el fallo de primera instancia y rechaza el pedido de la fiscalía de agravar la pena a doce años e incluir el cargo de asociación ilícita.

La resolución generó fuertes reacciones, entre las que se destacó el respaldo público del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la ex presidenta. En un mensaje difundido en la plataforma X, el mandatario afirmó que el juicio contra Cristina carece de sustento probatorio y calificó la causa como un claro caso de «Lawfare de manual».

Kicillof denunció la «farsa jurídica»

Kicillof expresó en redes su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner y señaló que la sentencia es “un juicio armado por el Partido Judicial sin una sola prueba, una condena escrita de antemano y anunciada con antelación por el periodismo cómplice”. El mandatario subrayó la existencia de un “Lawfare de manual” con el que se busca “disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos”.

El mandatario bonaerense también sostuvo que este fallo recuerda a las metodologías utilizadas en países como Brasil, donde líderes populares fueron apartados de la escena política a través de procesos judiciales impulsados con una clara intencionalidad política. Su declaración refuerza las críticas de numerosos dirigentes y sectores que ven en la causa Vialidad una operación para deslegitimar a una de las figuras centrales del peronismo y de la política argentina.

Detalles del fallo y absoluciones

La sentencia de Casación no sólo afectó a Fernández de Kirchner. También confirmó penas para figuras relevantes del ámbito político y empresarial, como el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti y el ex secretario de Obras Públicas José López, todos condenados a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Por otro lado, la resolución confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de los ex funcionarios Abel Fatala y Héctor Garro, quienes enfrentaban acusaciones similares pero fueron exonerados por falta de pruebas. Otros ex funcionarios, como Juan Carlos Villafañe y Raúl Pavesi, recibieron penas menores, que van desde los tres a los cinco años de prisión.

Un caso con múltiples frentes judiciales

El desarrollo de la audiencia en los tribunales de Comodoro Py estuvo rodeado de un fuerte operativo de seguridad, incluyendo un doble vallado policial en la entrada, mientras organizaciones afines a Kirchner realizaban una clase abierta contra el “Lawfare”, con figuras como el ministro bonaerense Juan Martín Mena y el dirigente social Juan Grabois. En paralelo, en la denominada «sala AMIA», se desarrollaba el juicio por el intento de asesinato a la ex vicepresidenta, en el que están imputados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quienes enfrentan cargos de tentativa de homicidio.

La defensa de Kirchner, liderada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, optó por seguir la audiencia de manera remota, reservándose la posibilidad de apelar el fallo de Casación ante la Corte Suprema en los próximos diez días hábiles. Del mismo modo, la fiscalía, representada por Mario Villar, anunció que también presentará un recurso ante el máximo tribunal, en busca de una pena más severa para la ex presidenta.

Un fallo aún no definitivo

La sentencia de Casación no es definitiva y queda sujeta a revisión por la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que el futuro judicial de Fernández de Kirchner sigue siendo incierto. Sin embargo, el fallo de Casación ya ha abierto un intenso debate en la política argentina sobre el uso del sistema judicial para condicionar la actividad de dirigentes políticos y sobre el rol del “lawfare” en América Latina, con múltiples casos de líderes populares apartados mediante sentencias que varios sectores consideran políticamente motivadas.