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Judiciales ⚖️

Imputaron a todos los involucrados en el chat de jueces

Los tres jueces, el camarista, los fiscales, el ministro de Larreta y los empresarios serán investigados por una fiscal de San Carlos de Bariloche.

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La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare requirió investigar e imputó a todos los que viajaron a Lago Escondido por presunta comisión de delitos de acción pública. En su dictamen adjuntó fotos del grupo de jueces, y de los que arribaron a San Carlos de Bariloche y cuestionó las facturas que se presentaron. Todo eso fue adelantado en los chats de Telegram hackeados y filtrados.

Los involucrados mantuvieron conversaciones en un grupo de chat, en el cual se coordinaban estrategias para dar versiones falsas sobre los motivos de ese viaje, según se desprende del contenido de los mensajes que intercambiaron y que trascendió en el sitio Patagoniafacts.com en el portal El Cohete a la Luna y el diario Tiempo Argentino.

Etchepare consigna en su pedido de investigación por dádivas que inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.

El viaje se llevó a cabo en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, según consta en la denuncia.

«Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía», remarca la funcionaria judicial.

En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de «fantasía», conocido como «Flyzar«, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.

Además, la integrante del Ministerio Público Fiscal detalla haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) «la remisión de las filmaciones aptadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado».

«Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia ‘Lago Escondido’, puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia«, añade.

Y completa: «En las imágenes, aquél está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados».

Etchepare comprobó además que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas del alta gama que los llevó a la estancia, y en función de ellos pide explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.

Por eso para la fiscal, «si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios».

En las conversaciones del grupo de chats que integraban los involucrados, Ercolini y Juan Bautista Mahiques afirmaban que Etchepare había aceptado las a sugerencias de cerrar la causa sin mayor trámite, una vez que se presentó la denuncia.

Chat de jueces: quiénes están investigados

Pidió medidas relacionadas a los pagos, saber si se hicieron efectivamente. Están investigados:

  • Julián Ercolini (juez federal)
  • Juan Bautista Mahiques (fiscal general de la Ciudad)
  • Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño)
  • Carlos Mahiques (camarista federal)
  • Pablo Yadarola (juez)
  • Pablo Gabriel Cayssials (juez)
  • Leonardo Bergroth (presunto espia)
  • Tomás Reinke (empresario de redes)
  • Pablo César Casey (sobrino de Héctor Magnetto y directivo de Clarín)
  • Jorge Carlos Rendo (directivo de Clarín).

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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