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Denuncia

«Los chats constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare»

Así lo dijo el ministro de Justicia, Martín Soria, ante los mensajes intercambiados en la aplicación Telegram por jueces federales, el procurador porteño, directivos del Grupo Clarín, exmiembros de la AFI de la gestión macrista y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA.

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El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este domingo que los mensajes intercambiados en la aplicación Telegram por jueces federales, el procurador porteño, directivos del Grupo Clarín, exmiembros de la AFI de la gestión macrista y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, tras compartir todos ellos un viaje a Lago Escondido, «constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare».

A través de un hilo de Twitter, Soria se refirió a la información publicada este domingo por los diarios Tiempo Argentino y Perfil junto al portal El Cohete a la Luna, en la que se difundió el contenido del grupo de Telegram filtrado tras un hackeo.

Para el funcionario, las mensajes difundidos reflejan «una extraordinaria confesión de múltiples delitos», entre ellos «dádivas, tráfico de influencias, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad».

«La primera reacción de estos jueces y camaristas es plantar pruebas falsas y esconder la verdad», añadió el ministro para cuestionar la conducta de los jueces que formaron parte del vuelo privado de tipo charter que partió desde San Fernando a San Carlos de Bariloche el 13 de octubre último, en cuya lista de pasajeros figuraban Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, titular de la sala II de Casación Penal.

Al referirse a Ercolini, Soria lo definió como «el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas como la de Vialidad» y a partir de los audios difundidos lo acusó de «incitar a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas».

Finalmente, el titular de la cartera de Justicia advirtió que los intercambios revelados en el grupo de Telegram demuestran que aquellos que «deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo».

Para Soria, lo más grave de todo este episodio es la constatación de «cómo la justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia».

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Argentina

La estrategia del FdT en el juicio político a la Corte

La comisión tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá para establecer la admisibilidad de las acusaciones por los fondos coparticipables e «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

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El Frente de Todos (FdT) prepara en la Cámara de Diputados su estrategia para enfrentar una de la etapas cruciales del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que es la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen que propondrá el FdT para establecer la admisibilidad de los pedidos de juicio político.

En la primera reunión, realizada el jueves pasado, el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) de boicotear el inicio de las sesiones. El quórum fue posible gracias a una bancada abroquelada detrás de la postura de impulsar el proceso de remoción de los cuatro ministros del máximo tribunal del país.

Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.

La primera reunión de la Comisión marcó el pulso que tendrá este proceso legislativo, que desde su arranque se caracterizó por los fuertes cruces que mantuvieron los representantes del oficialismo y del JxC.

El oficialismo descuenta la presencia mayoritaria de sus 16 diputados en todas las reuniones, y voceros del FdT aseguran que eso es lo que sucederá el próximo jueves, a partir de las 11, cuando se presenten los autores de los 14 proyectos formulados para remover a los cuatro integrantes del alto tribunal.

En tanto, desde la Coalición Cívica se buscará solo la destitución de Lorenzetti, quien fue denunciado en varias oportunidades por la fundadora de ese espacio político, la exdiputada Elisa Carrió.

Los miembros de la Corte Suprema denunciados a juicio poltico
Los miembros de la Corte Suprema denunciados a juicio político.

Las acusaciones por el juicio político

El oficialismo promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del «2×1» para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.

Otro de los causales son una serie de «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

Un dato de cómo será el proceso lo marcó el oficialismo cuando anunció -ante una consulta de la oposición- que el proceso se hará mediante el mecanismo de plenario y no a través de una subcomisión como ha sucedido en el pasado, según explicó el presidente del bloque del FdT, el santafesino Germán Martínez.

Para que se abra la investigación deberá ser aprobada primero la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, algo el oficialismo tendría asegurado con la mayoría que ostenta en la Comisión.

A partir de la apertura del sumario, el oficialismo impulsará el pedido de documentación y diagramarán la citación a los testigos.

El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles -vocero y mano derecha de Rosatti-, y a Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.

A fines del año pasado trascendieron en los medios de comunicación una serie de chats intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D’Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario porteño con Robles.

En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.

La comisin tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen
La comisión tiene previsto votar el 9 de febrero el dictamen.

También serán convocados como testigos los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ricardo Quintela (La Rioja); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Raúl Jalil (Catamarca); Mario Arcioni (Chubut) y Gildo Insfrán (Formosa).

La lista se completará con abogados expertos en Derecho constitucional y organismos de derechos humanos, entre otras entidades.

A partir de allí habrá otra compulsa entre el oficialismo y la oposición sobre las potestades que tendría la comisión de Juicio Político al momento de citar de forma obligatoria a los testigos.

El reglamento establece que los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer a testimoniar ante la Comisión.

«Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia», establece el reglamento.

Para la segunda sesión del próximo jueves está prevista la exposición de los diputados del FdT Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.

En el primer caso se analizarán denuncias contra Rosenkrantz, y luego dos presentaciones contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Paula Oliveto expondrá sobre denuncias impulsados por la CC contra Lorenzetti.

El Argentino

La senadora Juliana di Tulio, del FdT, hará lo propio en relación a los dos expedientes que impulsa: uno contra los cuatro miembros de la Corte y otro concentrado en Rosatti.

También asistirán a esta reunión la Asociación Argentina de Juristas, que solicitó juicio político contra los cuatro magistrados, al igual que la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, que lo hizo contra Rosenkrantz y Lorenzetti.

Los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en relación a las causas por crímenes de lesa humanidad.

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