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Lawfare

Partido Judicial: escandaloso chat entre jueces, funcionarios y el segundo de Clarín

El grupo de Telegram involucra a los jueces Mahiques, Ercolini y Yadarola, Marcelo D’Alessandro de Seguridad de CABA y Jorge Rendo, presidente del diario del clarinete.

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Por Néstor Espósito en Tiempo Argentino

El grupo de Telegram fue creado –vaya paradoja– el 17 de octubre pasado como una suerte de comité de crisis después que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viajó por invitación de directivos del Grupo Clarín a la zona del Lago Escondido, encerrada en el latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.

El grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot, quien en realidad es el exhombre de la SIDE Leonardo Bergroth.

Todos formaron parte del misterioso viaje en un chárter al sur que trascendió por la denuncia de dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche. El grupo se llama «Operación de Página/12» porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia indubitable de promiscuidad. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las últimas horas y son un escándalo.

Todos aseguran no haber hecho «nada malo», pero se empecinan en prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Y prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa «reunión de amigos»: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.

Del intercambio surge clara la presencia del Grupo Clarín en el viaje. Mientras todos discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: «Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad», a lo que Yadarola, magistrado, le responde: «Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación».

Jorge Rendo fue quien recibió a los viajeros en el Aeropuerto de Bariloche el 13 de octubre pasado. Se mostró preocupado por eso, ante la posible difusión de imágenes. «El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque también podría ser Casey) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas».

El juez Pablo Yadarola le responde: «Cierto, Jorge. Ahí podemos estar juntos en imágenes».Rendo fue también el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo. Y quien operó para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abrió la ronda de chat con una evaluación: «Yo no vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún ‘hecho nuevo’ el tema está terminado mediáticamente».

Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los más activos en buscar cómo afrontar la situación dando apariencia de normalidad y legalidad. «Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos», reconoció Ercolini. Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: «Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó».

Y propone fabricar otra realidad: «De paso si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo». Ercolini parece entusiasmado: «Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más».

Todos aseguran que el expresidente Macri no tuvo nada que ver con el viaje. Se burlan de las especulaciones en ese sentido y Casey incluso dice que «Macri no debe entender nada!!!! Jajaja». Pero hablan de otros viajes anteriores, con los mismos y otros personajes. Siempre invitados por el poder real, siempre en secreto. Hasta que trascendió.El juez Yadarola le apuntó directamente al jefe de la PSA. «Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable».

A Glinski le prometen de todo, menos justicia. El ministro porteño D’Alessandro le anunció al grupo: Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA». Yadarola anuncia: «Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento», ante lo que D’Alessandro le formula un pedido por anticipado: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».

«Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia!», anuncia el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques. Bergroth cumple: «Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia». Pero Mahiques está desatado: «Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más».Tarde.

El directivo de Clarín Pablo Casey anuncia al grupo: «Ya se lo hice llegar». Y D’Alessandro saca pecho: «A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él… Le dije q no hacía falta q en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida».El juez Yadarola se ufana de ser quién más conoce a Glinski por razones de su trabajo como juez en lo Penal Económico. «No debe estar tampoco nada tranquilo. Según dicen este Glinski es de la Cámpora y de Cristina. Habla con ella directo, y más aún desde la causa de los copitos, cuando se desplazó a la PFA y entró la PSA en escena».

Más aun; ante señales que indican que Glinski no tuvo nada que ver con la filtración, el juez Yadarola especula levantando la apuesta: «si no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es él. Para un jefe de una fuerza es más o menos verse preso».

En los diálogos, el juez Mahiques reconoce tácitamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a tribunales denuncias por encargo. «Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (…) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero». Ercolini se sincericida en la respuesta: «Eso después sí. (…) Después vemos el tercero».

El grupo también muestra su desprecio por periodistas identificados con nombre y apellido y desnuda cómo negocia y presiona a dueños de medios para frenar la publicación de la información.El desprecio es extensivo al gobierno.

El juez Yadarola reaccionó a los tuits de funcionarios y dirigentes oficialistas sobre el viaje inexplicable: «que se dediquen a twittear todo lo que quieran. Tienen fecha de vencimiento, se van a ir». Al ministro de Justicia, Martín Soria, lo llaman «payaso»; a Rodolfo Tailhade, «burro» o «idiota»; a Cristina Kirchner, «la mina».

El chat es un intento permanente de ocultar qué fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Tan patético es todo que incluso se les ocurrió justificar que se trató de «dos días intensivos de clases de pesca con mosca».

Judiciales ⚖️

La Justicia avaló que Cristina siga en su casa por conducta “adecuada” pero cierra el cerco sobre su patrimonio

El Tribunal Oral Federal N°2 renovó la prisión domiciliaria de la expresidenta en San José 1111, tras constatar que cumplió con todas las condiciones impuestas. En paralelo, avanzan el embargo preventivo de sus bienes y las investigaciones por el entorno que rodea al edificio donde cumple condena.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
Conducta "adecuada" pero bienes embargados: la Justicia renueva la domiciliaria de Cristina y aprieta el cerco sobre su patrimonio.

El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena de seis años de prisión dictada en la causa Vialidad. La decisión llegó tras un informe trimestral que acreditó que la expresidenta no solo cumplió con las condiciones impuestas, sino que lo hizo con «buena predisposición y un trato cordial y respetuoso» hacia los profesionales que la monitorearon.

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo del seguimiento, fue contundente en su evaluación: «Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria.» El fallo llegó a la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso al documento.

Monitoreo sin fisuras y una sola salida autorizada

Durante el período evaluado, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) realizaron entrevistas domiciliarias de forma aleatoria para verificar el cumplimiento de las condiciones. En ese marco, Cristina Kirchner registró una única salida autorizada, para una consulta médica que se concretó «sin inconvenientes».

Las visitas también se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal, con una única demora de parte de una visitante que fue debidamente justificada ante la Justicia. El monitoreo electrónico no registró anomalías y, pese a las movilizaciones de militantes y simpatizantes frente al domicilio, la Justicia señaló que no se produjeron comportamientos que perturbaran la tranquilidad del vecindario ni quedas de vecinos.

Embargo de bienes y la sombra del decomiso

La renovación de la domiciliaria se produce en un contexto de avance judicial sobre el patrimonio de la exmandataria. El mismo TOF N°2 confirmó previamente el embargo preventivo de varios bienes de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, incluyendo el propio departamento de San José 1111 donde cumple condena. El objetivo es alcanzar el decomiso del perjuicio económico estimado al Estado argentino, que asciende a aproximadamente 685.000 millones de pesos.

En ese mismo frente, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó dos recursos presentados por Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia para intentar frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., dos empresas familiares que también están en la mira de la Justicia.

El entorno bajo la lupa: Calle, Recalde y La Cámpora en San José 1111

El expediente judicial no se limita a la situación procesal de la expresidenta. Paralelamente, la Justicia investiga la compra del departamento ubicado debajo del de Cristina por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora con vínculos a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ante los magistrados, Calle declaró haberlo adquirido para que funcionara una fundación, aunque no aportó mayores precisiones sobre el proyecto.

A eso se suma que el senador nacional peronista Mariano Recalde también resultó ser propietario de un departamento en el mismo edificio, ubicado en el primer piso. La concentración de figuras del universo kirchnerista en ese inmueble transformó a San José 1111 en un punto de atención permanente para la Justicia, más allá del seguimiento de la condena domiciliaria.

Lo que tenés que saber

  • El TOF N°2 renovó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner tras verificar que cumplió «adecuadamente» con todas las condiciones impuestas durante el trimestre.
  • El juez Rodrigo Giménez Uriburu destacó su «buena predisposición» en las entrevistas con los profesionales de control y la ausencia de irregularidades en el monitoreo electrónico.
  • El mismo tribunal confirmó el embargo preventivo de bienes de los condenados en la causa Vialidad, incluyendo el departamento donde cumple condena, en busca de un decomiso de unos $685.000 millones.
  • La Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner para frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
  • Se investigan las propiedades de la dirigente camporista María Soledad Calle y del senador Mariano Recalde en el mismo edificio de San José 1111.
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