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Lawfare

Partido Judicial: escandaloso chat entre jueces, funcionarios y el segundo de Clarín

El grupo de Telegram involucra a los jueces Mahiques, Ercolini y Yadarola, Marcelo D’Alessandro de Seguridad de CABA y Jorge Rendo, presidente del diario del clarinete.

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Por Néstor Espósito en Tiempo Argentino

El grupo de Telegram fue creado –vaya paradoja– el 17 de octubre pasado como una suerte de comité de crisis después que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viajó por invitación de directivos del Grupo Clarín a la zona del Lago Escondido, encerrada en el latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.

El grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot, quien en realidad es el exhombre de la SIDE Leonardo Bergroth.

Todos formaron parte del misterioso viaje en un chárter al sur que trascendió por la denuncia de dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche. El grupo se llama «Operación de Página/12» porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia indubitable de promiscuidad. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las últimas horas y son un escándalo.

Todos aseguran no haber hecho «nada malo», pero se empecinan en prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Y prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa «reunión de amigos»: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.

Del intercambio surge clara la presencia del Grupo Clarín en el viaje. Mientras todos discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: «Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad», a lo que Yadarola, magistrado, le responde: «Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación».

Jorge Rendo fue quien recibió a los viajeros en el Aeropuerto de Bariloche el 13 de octubre pasado. Se mostró preocupado por eso, ante la posible difusión de imágenes. «El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque también podría ser Casey) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas».

El juez Pablo Yadarola le responde: «Cierto, Jorge. Ahí podemos estar juntos en imágenes».Rendo fue también el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo. Y quien operó para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abrió la ronda de chat con una evaluación: «Yo no vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún ‘hecho nuevo’ el tema está terminado mediáticamente».

Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los más activos en buscar cómo afrontar la situación dando apariencia de normalidad y legalidad. «Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos», reconoció Ercolini. Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: «Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó».

Y propone fabricar otra realidad: «De paso si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo». Ercolini parece entusiasmado: «Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más».

Todos aseguran que el expresidente Macri no tuvo nada que ver con el viaje. Se burlan de las especulaciones en ese sentido y Casey incluso dice que «Macri no debe entender nada!!!! Jajaja». Pero hablan de otros viajes anteriores, con los mismos y otros personajes. Siempre invitados por el poder real, siempre en secreto. Hasta que trascendió.El juez Yadarola le apuntó directamente al jefe de la PSA. «Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable».

A Glinski le prometen de todo, menos justicia. El ministro porteño D’Alessandro le anunció al grupo: Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA». Yadarola anuncia: «Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento», ante lo que D’Alessandro le formula un pedido por anticipado: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».

«Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia!», anuncia el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques. Bergroth cumple: «Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia». Pero Mahiques está desatado: «Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más».Tarde.

El directivo de Clarín Pablo Casey anuncia al grupo: «Ya se lo hice llegar». Y D’Alessandro saca pecho: «A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él… Le dije q no hacía falta q en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida».El juez Yadarola se ufana de ser quién más conoce a Glinski por razones de su trabajo como juez en lo Penal Económico. «No debe estar tampoco nada tranquilo. Según dicen este Glinski es de la Cámpora y de Cristina. Habla con ella directo, y más aún desde la causa de los copitos, cuando se desplazó a la PFA y entró la PSA en escena».

Más aun; ante señales que indican que Glinski no tuvo nada que ver con la filtración, el juez Yadarola especula levantando la apuesta: «si no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es él. Para un jefe de una fuerza es más o menos verse preso».

En los diálogos, el juez Mahiques reconoce tácitamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a tribunales denuncias por encargo. «Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (…) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero». Ercolini se sincericida en la respuesta: «Eso después sí. (…) Después vemos el tercero».

El grupo también muestra su desprecio por periodistas identificados con nombre y apellido y desnuda cómo negocia y presiona a dueños de medios para frenar la publicación de la información.El desprecio es extensivo al gobierno.

El juez Yadarola reaccionó a los tuits de funcionarios y dirigentes oficialistas sobre el viaje inexplicable: «que se dediquen a twittear todo lo que quieran. Tienen fecha de vencimiento, se van a ir». Al ministro de Justicia, Martín Soria, lo llaman «payaso»; a Rodolfo Tailhade, «burro» o «idiota»; a Cristina Kirchner, «la mina».

El chat es un intento permanente de ocultar qué fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Tan patético es todo que incluso se les ocurrió justificar que se trató de «dos días intensivos de clases de pesca con mosca».

DDHH

Sin señal de la ONU, “Cristina Libre” lleva a Washington la proscripción de CFK

El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su período de sesiones sin resolver la cautelar de la defensa de Cristina Kirchner y tiene su próxima reunión en marzo de 2027. Taiana, Siley, Metaza y Rossi viajan igual a Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre, con el triunfo demócrata en las legislativas de Estados Unidos como telón de fondo.

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Qué es "Cristina Libre", quiénes lo integran y su objetivo explícito de habilitarla para 2027.

La respuesta que el kirchnerismo esperaba de Ginebra no llegó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el viernes 6 de noviembre su 146° período de sesiones sin pronunciarse sobre la cautelar que pidió la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para suspender su inhabilitación perpetua, y su próxima reunión está prevista del 1 al 19 de marzo de 2027. Ante una consulta periodística, el propio organismo había advertido que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto “suele tardar varios años”.

Con ese telón, una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viaja de todos modos a Estados Unidos del 9 al 13 de noviembre. La integran el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi. Según los organizadores, el eje será denunciar el debilitamiento del sistema democrático y la proscripción judicial de la expresidenta, y vincular el caso con el avance de las extremas derechas.

Una agenda entre juristas, universidades y fundaciones

Según la agenda que difundió el comité, la misión empieza el lunes 9 a las 18 con un encuentro con referentes de los Socialistas Demócratas de América (DSA), la comunidad migrante y activistas, en Washington y Maryland. El martes 10 a las 10, la delegación dialogará con juristas en el Washington College of Law de la American University. En Nueva York, el miércoles 11 a las 18 participará de una conferencia en The New School, y el jueves 12 a las 18:30 de un debate público en el CUNY Graduate Center. También prevé reuniones con Susan Segal, del Council of the Americas, con el Center for Economic and Policy Research, con fundaciones internacionales y con la red de organizaciones civiles CIVICUS.

El viaje tiene una paradoja que ningún comunicado menciona. Desde marzo de 2025, el Departamento de Estado le prohíbe a Cristina Kirchner el ingreso a Estados Unidos, con el argumento de su participación en importantes casos de corrupción. La dirigente cuya situación se denuncia en Washington no podría pisar suelo estadounidense, aun si la prisión domiciliaria se lo permitiera.

La condena y las condiciones de la domiciliaria

El punto de partida es la causa Vialidad. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Desde entonces, la expresidenta cumple la pena en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica, y está inhabilitada para competir en la elección presidencial de 2027.

Las visitas de personas ajenas a su núcleo familiar requieren autorización judicial previa y se limitan a dos por semana, de hasta dos horas cada una y con un máximo de tres personas por encuentro. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese régimen y el uso de la tobillera en junio de este año, al rechazar por mayoría el planteo de la defensa.

Los argumentos ante Naciones Unidas

El 29 de julio, los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) presentaron una comunicación individual ante el Comité, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pidieron tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación perpetua, restablecer la integración legal de la Corte Suprema (hoy con tres miembros, cuando deberían ser cinco) y modificar las condiciones de la domiciliaria, incluido el retiro de la tobillera y la eliminación de las restricciones de visitas.

La defensa sostiene que se le atribuyó a la expresidenta responsabilidad por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, con la firma del Decreto 54/2009 como eje de la condena; que la composición reducida de la Corte impidió un examen independiente; y que un juez recusado intervino en la resolución de su propia recusación. En septiembre, el equipo sumó lo que presentó como nueva prueba: Beraldi aseguró que, de los fondos destinados a Vialidad durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%, dato que a su juicio desmiente que se haya buscado beneficiarlo.

El Comité no puede revocar sentencias de tribunales nacionales, pero la Argentina, como firmante del Pacto, está obligada a respetar sus normas. Valim sostuvo que, ante un eventual dictamen, ve más posibilidades de cumplimiento por la apertura del sistema jurídico argentino a las decisiones internacionales, y advirtió que, si el país no cumple, prevé una movilización social de gran magnitud. Lo planteó en la entrevista que el diario estadounidense The Washington Post publicó el 2 de noviembre, la primera que la expresidenta concedió a un medio internacional desde su condena. El antecedente que cita la defensa es el de Lula da Silva: en 2018 el Comité le pidió a Brasil que lo dejara competir mientras se revisaba su condena, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura, y en 2022 el organismo dictaminó a su favor.

El contexto que eligieron

El comité inscribe la gira en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas lograron la mayoría en ambas cámaras del Congreso y Donald Trump perdió el control legislativo para los dos últimos años de su mandato. En la entrevista, la expresidenta había pronosticado esa derrota y había descripto a Trump como el hombre que más hizo por ayudar a las derechas a ganar en América Latina. Sobre una candidatura en 2027, dejó la puerta abierta: dijo que, cuando recupere sus derechos políticos, “¿por qué no?”.

Al día siguiente de la elección, Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X “Beautiful morning!!!”, y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, le respondió con “Freedom is beautiful”. El cruce muestra hasta qué punto la situación judicial de la expresidenta pasó a ser un tema de la disputa política cotidiana entre oficialismo y oposición.

La hoja de ruta hacia 2027

La campaña “Cristina Libre” nació en 2025, inspirada en la experiencia de “Lula Livre”, con actos de lanzamiento en México, Brasil y Bolivia entre fines de julio y comienzos de agosto de ese año. Entre sus referentes figuran el exsenador Oscar Parrilli, el propio Taiana, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y Metaza. Según consignó un medio local, el comité ya completó misiones en Brasil, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Italia, Francia y Bélgica.

El horizonte que se fijó el comité es que la expresidenta pueda competir en 2027, y el reloj corre en contra. Las elecciones generales están previstas para el 24 de octubre de ese año. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que, por tratarse de una cautelar, la respuesta de la ONU podría llegar antes de marzo, pero hasta ahora el organismo no dio ninguna señal pública en ese sentido.

Lo que tenés que saber

  • El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró el 6 de noviembre su período de sesiones sin resolver la cautelar de Cristina Kirchner y volverá a reunirse del 1 al 19 de marzo de 2027.
  • La delegación del Comité “Cristina Libre” (Taiana, Siley, Metaza y Rossi) estará en Washington y Nueva York del 9 al 13 de noviembre.
  • La defensa presentó el 29 de julio una comunicación ante el Comité y pidió tres cautelares, entre ellas suspender la inhabilitación perpetua.
  • La Corte Suprema dejó firme el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.
  • Los demócratas ganaron ambas cámaras del Congreso estadounidense el 3 de noviembre, contexto en el que el comité enmarca la gira.

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